La organización Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) busca posicionarse en el debate en torno a la realización de cesáreas, que se instaló después de que se conocieron algunas cifras de lo que ocurre en Uruguay. En un comunicado, MYSU detalla que según los datos del observatorio de la organización, en el litoral del país los índices de cesáreas oscilan entre 20% y 40% en los prestadores de salud públicos, mientras que en las mutualistas está entre 30% y 50%. Además, en base a datos del Ministerio de Salud Pública (MSP) plantea que en los últimos tres años se registró un promedio de 44% de cesáreas en el país: 55% en el sector mutual de Montevideo y 33% en el sector público de todo el país.

Estas cifras contrastan con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud que plantean la conveniencia de que el porcentaje de cesáreas se ubique entre 10% y 15%, pese a que el organismo internacional también advierte la inconveniencia de que los gobiernos nacionales se tracen metas en torno a porcentajes. En la misma línea, si bien MYSU se congratula de que el alto índice de cesáreas en Uruguay sea considerado por el MSP uno de los 15 problemas críticos priorizados en el plan de acción de la cartera a 2020, no ve con buenos ojos la meta de bajar las cesáreas a 10% de los nacimientos dentro de cinco años planteada por el ministerio. Según explica el comunicado, la organización referente en derechos sexuales y reproductivos entiende que “las decisiones y la salud de las mujeres no pueden estar condicionadas por metas políticas, aunque haya buenas intenciones detrás de ellas”.

En cuanto a las claves para bajar la cantidad de nacimientos mediante la mencionada intervención quirúrgica, MYSU plantea que además de los ginecólogos, otros profesionales de la salud deberían “jugar un rol crucial” en el proceso de cambio. En concreto, para la promoción del parto “humanizado, respetuoso de la dignidad y los derechos de las mujeres”, se señala que las parteras deberían jugar un rol más importante que el actual, y a la vez el MSP “debería asegurar las garantías de una atención integral centrada en las necesidades y requerimientos de cada mujer en su proceso reproductivo”. La organización plantea, además, que cambiar el acto médico por cesárea por un acto médico por anestesia obstétrica o epidural para combatir el dolor del parto “no es una medida que atienda los derechos de las mujeres sino que abona, nuevamente, los intereses económicos de la corporación anestésico-quirúrgica en conjunción con la práctica de la ginecología basada en el interés marketinero”.