A partir de hoy, todas las tarifas eléctricas costarán 9,85% más, producto de la necesidad de “mantener la solidez económica y financiera de UTE”, justificó la estatal en un comunicado difundido ayer. A pesar del voto en contra del representante del Partido Colorado José Amy, el directorio resolvió, “en consonancia con los lineamientos recibidos desde el Poder Ejecutivo”, que esta vez, tras cinco años de rebajas del costo en términos reales, el aumento sería 0,41% superior al del Índice de Precios del Consumo (IPC) en 2015.

En diciembre trascendió que, mientras el directorio de la empresa estatal consideraba necesario aumentar las tarifas en el entorno de 7%, el Ministerio de Economía y Finanzas sugirió un alza de 9%. La misma discusión se dio a principios de 2015, cuando UTE propuso incrementar 3,9% y finalmente el gobierno decidió que el aumento sería de 6,9%.

La diferencia entre ambas situaciones es que en 2015 el alza no fue mayor a la inflación, hecho que se tradujo en una baja en términos reales de la tarifa para la población, bandera que el presidente del ente, Gonzalo Casaravilla, ondeaba hasta el año pasado, cuando en un brindis al cierre del ejercicio señaló que las tarifas se ajustaron, desde 2010 hasta entonces, 55% del IPC y prometió que seguiría en esa línea en el año que corre.

Además de “mantener la solidez económica y financiera” de la empresa, desde UTE se entiende que el aumento le permitirá “cubrir el costo de abastecimiento proyectado, mantener un plan de inversiones adecuado y asegurar el pago de los gastos de operación y mantenimiento necesarios para el nivel de actividad previsto” para 2016.

Sin embargo, Amy consideró que “no hay razones” para tal aumento. Por ese motivo votó en contra de la moción, basándose en “tres elementos”: que en 2015 “no se tuvo que prender la generación térmica, que es una variable de impacto muy importante en los costos de la empresa y que se hubiera trasladado a tarifas si se hubiera utilizado”. Señaló además que “las predicciones meteorológicas de la mayoría de los servicios de la zona no ven secas en el horizonte”, por lo que “la parte hídrica no es una variable que en el horizonte vaya a generar una complicación”. Por último, consideró que el impacto de la generación eólica durante el año pasado y “lo que se va a generar en el futuro, siendo que hay al menos dos parques muy importantes para construir”, en línea con el acuerdo multipartidario alcanzado en 2010 para el cambio de la matriz energética nacional, permitirían abastecer la demanda nacional sin necesidad de aumentar las tarifas.

Por su parte, el dirigente de la Agrupación UTE (AUTE) Gonzalo Castelgrande coincidió con algunos de los puntos señalados. Para el funcionario estatal, el aumento de tarifas “no se tendría que haber dado”, puesto que “el año pasado la generación de energía estuvo abastecida básicamente con energías renovables, con fuentes hídricas, 500 megavatios adicionales de eólica y biomasa, entre otros”, lo que trajo aparejado “una reducción en los costos de la empresa”. Afirmó que la situación “es abusiva”, ya que el aumento “recae con mayor peso sobre los hogares más pobres”. También señaló que, en cuanto a los objetivos de la política de Estado pensada a 2030, se ha avanzado sobre la disminución de la dependencia con el petróleo, pero se ha transitado por el camino contrario en cuanto a la reducción de costos para la población.

Echando luz

En un informe realizado por la AUTE con la colaboración de los economistas Martín Sanguinetti y Pablo Messina, en ocasión del aumento tarifario del año pasado, se analizó la evolución de las diferentes tarifas eléctricas, y se concluyó, “en una comparación un tanto grosera, que en promedio la tarifa eléctrica les significa a los hogares un esfuerzo diez veces mayor que al sector productivo en su conjunto”. “¿Es posible bajar la tarifa?”, se preguntan los autores en una sección del documento. Concluyen que, si bien “no es tarea sencilla”, se observa que los grandes consumidores -que representan apenas 0,03% de los servicios de UTE- consumen 27% del total vendido y representan 17% de la facturación total, mientras que los hogares pagan 45%, por lo que proponen “un aumento de las tarifas al sector productivo para financiar una reducción de las tarifas residenciales”. El análisis, “aún vigente y que se reafirma con el paso de los días” según Castelgrande, se justifica porque, entre otros motivos, “los hogares pagan el kw/h al doble que los grandes consumidores” y éstos, además, “tienen otra serie de beneficios importantes”.