“La situación de los bancos privados ha sido muy buena: en los últimos años han ganado bastante, sus utilidades han sido altas. Ellos ahora están hablando del impacto del IRAE [Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas], y es cierto que puede tener un impacto grande, son cifras importantes. Pero cuando ganás las cantidades que ganan los bancos... Es lógico que tengan que aportar más aquellos que más que ganan, con la misma lógica que se aplica el IRPF [Impuesto a la Renta de las Personas Físicas] a los trabajadores”. Esta declaración la hizo Pedro Stéffano, presidente del Consejo Central de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU), a propósito del decreto del Poder Ejecutivo, firmado el 29 de diciembre, que deroga el ajuste por inflación en la liquidación del IRAE en los casos en que la variación del Índice de Precios del Consumo (IPC) no haya superado el 10%.
Este cambio implica que algunas empresas pagarán más por concepto de IRAE. Entre ellas se destaca el sector de la banca privada, uno de los que con mayor claridad deberán tributar más dinero a raíz del decreto. Jorge Ottavianelli, director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay (ABPU), y Pablo Ferreri, subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), estimaron en estos días que la banca privada deberá pagar, en la próxima liquidación, entre 20 y 30 millones de dólares más que el año pasado por concepto de IRAE. “Somos uno de los [sectores] más afectados”, se quejó Ottavianelli el sábado, en declaraciones a El Observador. La ABPU está integrada por los bancos BBVA, Citi, Banque Heritage, HSBC, Itaú, Santander y Scotiabank.
Los datos que maneja AEBU, que se basan en los informes mensuales del Banco Central del Uruguay, establecen que entre enero y noviembre de 2015 los bancos privados que operan en el país obtuvieron ganancias por aproximadamente unos 143 millones de dólares. En el mismo período, el Banco República ganó 213 millones de dólares y el Banco Hipotecario, 15 millones de dólares. Concluyen, además, que en el caso de los privados una parte significativa de esas utilidades corresponde a diferencias de cambio, es decir, a las ganancias que se generaron por la constante suba del dólar (que a inicios de enero de 2015 cotizaba a 25 pesos). “Si tienen que aportar en esta liquidación 20 o 30 millones de dólares, y estamos calculando que entre enero y noviembre ganaron 143 millones de dólares, no parece ser una situación tan catastrófica”, comentó Stéffano a la diaria.
A las críticas al decreto del Poder Ejecutivo que planteó el senador Jorge Larrañaga (Alianza Nacional) y que luego fueron respondidas por las autoridades del MEF (ver la diaria de ayer) se sumó el senador Pedro Bordaberry (Vamos Uruguay). En otra columna de opinión -titulada “Mal final del 2015: ajuste fiscal”-, el dirigente del Partido Colorado sostiene que la intención del gobierno de “sacarle dinerlo a las empresas” provocará que éstas “ajusten sus gastos, sus costos, es decir se achiquen”, algo que “a la larga repercute en el empleo, en los ingresos y en los salarios”. De todas formas, según Bordaberry, esto no sería lo más complicado del asunto: “Lo más grave es el mensaje que estamos dando. El decreto del 29 no establece un cambio hacia adelante sino hacia atrás [el destacado es del original] [...] El decreto del 29 de diciembre fue dictado dos días antes del 31 de diciembre, del fin del año. ¿Qué pasaba el 31 de diciembre? Muchas empresas cerraban su balance 2015”, escribió el líder de Vamos Uruguay.