Tras la celebración el lunes de funcionarios, ex alumnos, estudiantes del colegio José Pedro Varela y sus padres, cuando la Sociedad Uruguaya de Enseñanza (SUE) decidió aprobar la reapertura de la institución, las nuevas autoridades de la institución deben ahora enfrentar nuevos desafíos.

Uno de ellos quedó claro ayer en una reunión que mantuvieron en la Dirección Nacional de Trabajo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada. El secretario de Asuntos Laborales, Sergio Sommaruga, expresó que el gremio tiene ahora tres objetivos: mantener la mayor cantidad posible de fuentes de trabajo en la institución, que los colegios que captaron a parte de los estudiantes del Varela se comprometan a tomar trabajadores de esta institución, y que se logre un seguro de paro por 12 meses para quienes no logren reincorporarse a la planilla del Varela, para que puedan hacerlo en 2017. Para ello, explicó el dirigente, es necesario que el Poder Ejecutivo envíe un proyecto de ley al Parlamento. Este punto estaba contenido en la propuesta que los padres presentaron a la SUE.

Otro de los problemas, explicó Sommaruga, es que si bien el gobierno otorgó excepciones al seguro de paro para aquellos trabajadores que tienen más de un empleo, éste sólo corre para aquéllos que tienen otro trabajo privado, y no para quienes ejercen en la Administración Nacional de Educación Pública, que son buena parte de los 430 trabajadores enviados a seguro de paro. Para eso, el colegio ha pedido que se otorgue una excepcionalidad, cuya resolución está siendo estudiada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En caso de que los trabajadores no puedan acceder al seguro de paro, Sommaruga sostuvo que el colegio debería hacerse cargo de los salarios de los docentes durante enero. El sindicalista dijo, además, que a los trabajadores se les adeuda el salario vacacional.

Tanto los padres como los trabajadores dan por hecho que habrá una reducción de la cantidad de funcionarios del colegio, pero esto dependerá en buena medida de la cantidad de alumnos que permanezcan en la institución. Ayer El Observador publicó que el documento de los padres estimaba que sería necesaria una reducción de 20% de la masa salarial. Uno de los padres, Aldo Ford, sostuvo que ese número se manejó en función de un escenario posible en la reducción de la matrícula. Si bien la “reestructura va a ser necesaria”, la reducción, sostuvo, “va a depender de la matrícula”.

A pesar de que la propuesta de los padres fue aprobada, ellos no son quienes están gestionando el colegio actualmente, sino un triunvirato designado por la asamblea de la SUE. Según un comunicado que la dirección provisoria envió ayer, ya se está trabajando en la convocatoria “en plazo perentorio” para la elección de nuevas autoridades en el colegio.