El inminente anuncio del gobierno de suspender definitivamente la llegada del segundo contingente de familias sirias, prevista en el programa de reasentamiento de ciudadanos de ese país, no causó sorpresa entre los dirigentes políticos uruguayos, tanto de la oposición como del oficialismo. La noticia la dio el viernes el semanario Brecha, que, de todas formas, en base a fuentes de la cancillería uruguaya, informa que el Poder Ejecutivo no pretende cerrar las puertas a más refugiados, y que el propio presidente Tabaré Vázquez y el ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, tienen previsto facilitar los trámites y mejorar la asistencia para quienes pidan el estatuto del refugiado. Pero esto no será por medio del programa al que Uruguay se comprometió con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2014, cuando el presidente era José Mujica y por el que llegarían 120 personas. Según informa el semanario, desde el gobierno se evalúa que el programa no funcionó bien y que una serie de descoordinaciones, como la insuficiencia de intérpretes, dificultaron la adaptación de los sirios a Uruguay, que de por sí es compleja.
En diálogo con la diaria, la diputada frenteamplista por el departamento de Colonia e integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes Mercedes Santalla (Espacio 609) no se mostró sorprendida por la noticia. Según dijo, sobre finales de año se llamó a comisión al secretario de Derechos Humanos de Presidencia de la República, Javier Miranda, quien ya había señalado que, después de varias postergaciones, se estaba analizando la posibilidad de que no llegara a Uruguay la segunda tanda de ciudadanos sirios. Santalla negó que la experiencia haya fracasado y definió la llegada del primer grupo de familias sirias como “una experiencia para Uruguay” y también como “un gesto de solidaridad”. De todas formas, consideró que “cuando se ponen en marcha programas nuevos, a veces las cosas no son tan positivas”. En ese sentido, opinó que la decisión de que no llegue el segundo contingente de familias “tal vez es un tiempo” que el país se quiere tomar para evaluar los errores cometidos y encontrar una mejor forma de recibir refugiados.
Sin sorpresa
Santalla estuvo en contacto con la familia siria alojada en Juan Lacaze, que actualmente vive en una granja en un predio facilitado por la Comisión Honoraria pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre (MEVIR) y espera trasladarse a Salto, donde solicitaron un terreno ante el Instituto Nacional de Colonización para explotarlo. En el caso de esta familia, la legisladora señaló que, pese a que Juan Lacaze los recibió con solidaridad y a que la familia cosecha y vende verdura y alimentos, hubo dificultades para su adaptación. Uno de los motivos es lo diferentes que son la sociedades siria y uruguaya, en las que el varón juega roles familiares completamente distintos. Además, sostuvo que “el concepto de refugiado en este país no es el que ellos pretendían”, porque se conoce más al refugiado político, y reconoció que a buena parte de los uruguayos les cayeron mal los reclamos que algunas de las familias realizaron en la plaza Independencia el año pasado.
Desde la oposición, el diputado nacionalista Pablo Abdala (Alianza Nacional) tampoco se mostró sorprendido por la suspensión de la llegada de más familias por medio del mencionado programa. A partir de la comparecencia de Miranda en la Comisión de Población y Desarrollo Social de Diputados, Abdala concluyó que “por la experiencia del programa convenía no avanzar”. Según entendió, la situación de las familias sirias que ya están en Uruguay “no es sencilla”. En diciembre, Miranda le transmitió “mucha preocupación”, sobre todo por la inserción laboral de los refugiados cuando culmine el apoyo económico que reciben por el programa. Por todo esto, el diputado dijo que desde el Partido Nacional consideran “prudente” la decisión del gobierno, que, según planteó, ha reconocido errores generados a partir de la “falta de experiencia” en este tipo de programas. Si bien planteó que espera que la definición no afecte mayormente la imagen internacional de Uruguay por los compromisos que asumió ante la ONU, “esta decisión parece la más sensata entre las distintas opciones que había”.
En general
El mismo día en que se difundió la noticia, la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República difundió los “mitos y verdades” de la presencia de los sirios en Uruguay, en una nota que señala que las cinco familias de esa nacionalidad no son las únicas refugiadas en el país, ya que en total hay 301 personas en esa situación. Además, aclaró que, si bien las familias reciben como apoyo económico un monto fijo y un monto rotatorio, éste se encuentra “sujeto al cumplimiento de metas (inclusión educativa de niños, niñas y adolescentes, controles de salud al día, etc.)”, cuyo cobro se suspende en caso de que se registren hechos de violencia. También señaló que el apoyo económico terminará en octubre. Agregó que no se trata de terroristas, sino de personas “huyendo del terrorismo”. En relación con la inserción de las familias, se plantea que han realizado “importantes avances, fundamentalmente en materia laboral y educativa, y están en pleno período de inserción en una sociedad que culturalmente les resulta ajena”.
En diciembre de 2015, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados realizó una evaluación de los programas de reasentamiento en Argentina, Brasil, Paraguay, Chile y Uruguay, firmado por el consultor del organismo, Hiram Ruiz. Para el caso uruguayo, el estudio concluye que las mayores dificultades han estado en el elevado costo de vida en el país, lo que, por ejemplo, ha llevado a dificultades en el acceso a la vivienda. En cuanto a la inclusión laboral, los refugiados consultados -que no son solamente los sirios- se quejan de la dificultad para acceder a empleos, aunque también hay quienes sostienen que a los 15 días de haber llegado al país ya estaban trabajando.