Hay que arrancar esta historia por el principio. El 29 de diciembre, y sin que nadie lo esperara, el Poder Ejecutivo firmó un decreto que modifica la forma de liquidación anual del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE). Este cambio implica, en resumen y según la fundamentación que ha dado el gobierno, que algunas empresas pagarán más por concepto de IRAE y otras pagarán menos. También se defendió la resolución por la necesidad de adaptarse a prácticas internacionales, que recomiendan el ajuste por inflación sólo en contextos de economías hiperinflacionarias.

Las primeras en llegar fueron las reacciones políticas. Jorge Larrañaga publicó una columna -que tituló “Por unos dólares más”, en referencia, según dijo, a la película de Clint Eastwood- en la que definió la resolución como un “zarpazo a las empresas” y un “ataque a la confiabilidad” del país. Pedro Bordaberry no se quedó atrás: criticó la intención del gobierno de “sacarle dinerlo a las empresas” y el carácter retroactivo de la medida, al concretarse antes del cierre de los balances de 2015. También se escucharon advertencias de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay -el gremio de los trabajadores bancarios, sin embargo, defendió la medida- y de consultoras privadas que trabajan para entidades potencialmente afectadas por el decreto. Hasta ahí, nada demasiado llamativo; se supone que cada uno de esos actores sabe cuáles son los mejores mecanismos para captar votantes y para hacer mejores negocios.

Pero hubo una reacción, también crítica, que resultó más llamativa, por no decir peligrosa. El jueves 7, en declaraciones a Búsqueda, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCS), Carlos Perera, definió a la modificación tributaria como “un golpazo, una mala noticia y algo nefasto”. Según dijo, las consecuencias son las “previsibles”: “El fusible de todo esto son los empleos, ahí es donde va a pegar. ¿Qué otra cosa tenemos para ajustar en las empresas?”.

En otras palabras, lo que plantea Perera se podría titular: “Presidente de la Cámara de Comercio amenazó con despidos en el sector debido a cambios en el IRAE”. Pero la cuestión no es periodística y tampoco tiene que ver con la escasa imaginación de Perera al momento de pensar variables de ajuste ante una posible crisis económica; el problema es la validez de su argumento.

¿Hay motivos para que Perera lance una advertencia de estas características frente a un cambio en un impuesto que grava las ganancias? Para responder a esa pregunta hay que tener en cuenta al menos dos factores: el impacto real de la modificación tributaria en el sector del comercio y cuál es la situación financiera de las empresas afiliadas a la CNCS.

Empecemos por el primer interrogante. El gobierno tiene previsto recaudar en 2016 unos 100 millones de dólares adicionales como consecuencia de esta modificación tributaria. De ese monto, 40 millones los pagarán las empresas y los bancos del Estado y otros 20 millones los aportarán los bancos privados. De los 40 millones restantes que le corresponden a la economía privada, 30 millones recaen efectivamente en el sector de comercio y servicios. El pago de ese monto anual, que equivale, en definitiva, al 30% del potencial recaudatorio del IRAE asociado a eliminar el ajuste por inflación, hay que distribuirlo entre lo que pagarán las más de 11.000 empresas del sector. No parece tratarse de un incremento de la carga tributaria que justifique una amenaza de despidos.

Pasemos a la segunda pregunta, vinculada a la economía del sector. Un buen punto de arranque para formular una respuesta podría ser una nota que publicó El País el domingo, en la que consulta a los responsables de los shoppings Portones, Punta Carretas, Montevideo y Tres Cruces acerca de los niveles de ventas en diciembre. La respuesta fue siempre la misma: a pesar de la desacelaración económica, se registró un aumento en la facturación en comparación con el mismo mes de 2014; en el mismo artículo, el secretario de la Asociación de Supermercados del Uruguay, Hugo Avegno, reconoce que se alcanzaron los mismos volúmenes de negocios que en diciembre del año anterior.

Un repaso de las últimas novedades vinculadas a las principales empresas del ramo tampoco refleja una situación de crisis; por el contrario, basta ver los anuncios de expansión de negocios del grupo Casino (integrado por los supermercados Disco, Devoto y Géant), los supermercados Ta-Ta (que tras la compra del grupo Multi Ahorro alcanzó los 7.000 empleados) y los nuevos locales que abrieron tiendas como Parisien y Lolita. Lo mismo podría decirse de las perspectivas de crecimiento de las empresas de seguridad, beneficiadas por la decisión gubernamental de retirar paulatinamente los servicios 222.

Tampoco hay evidencia de que las mejoras salariales que logró en los últimos años la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios hayan impactado negativamente en los niveles de empleo en el sector (significativamente menos afectado que la industria), a pesar de otros pronósticos, similares a los de Perera, que hicieron en su momento los negociadores de la CNCS en los Consejos de Salarios.

Nadie sería tan iluso, a esta altura del partido, de pedirles a dirigentes como Perera que renieguen del reflejo de socializar las pérdidas por el lado del empleo. Tampoco merece ser criticado por hacer política; en definitiva, es un dirigente gremial y tiene legítimo derecho a hacerlo (cabe tener presente el dato, al menos para cuando los empresarios acusan al PIT-CNT de jugar en esa cancha). Pero sí es válido reclamar un poco más de honestidad en las declaraciones públicas, al menos por tres razones. Primero, porque el impacto real de un cambio tributario como el que está planteado no parece ser tan significativo. Segundo, porque en estos últimos años, y a pesar de las diferencias políticas, las mayores empresas del sector de comercio y servicios han acumulado enormes beneficios, de la mano del aumento en los niveles de consumo. Y tercero, porque los trabajadores no merecen vivir con miedo a perder sus empleos solamente porque alguien decidió hacer operaciones políticas mediante la práctica de generar incertidumbres, más allá de cuánto haya en ese puñado de dólares.