La IGTSS encontró a diez trabajadores de nacionalidad paraguaya que se desempeñaban en el restaurante El Joven Marino (ex El Viejo Marino) de Punta del Este sin documentación ni registro ante el Banco de Previsión Social y el MTSS. La intervención, realizada el 30 de diciembre, obedeció a una denuncia presentada por el SUGHU, luego de que dos trabajadoras acudieran a la Policía tras ser despedidas y “echadas a la calle” por el propietario del establecimiento especializado en marisquería. Óscar Andino, integrante de la Dirección Nacional de ese sindicato, contó que los dueños del restaurante tienen uno similar en Asunción del Paraguay que permanece cerrado de diciembre a febrero y le ofrecieron a un grupo de empleados de ese local venir a Uruguay a trabajar durante la temporada estival, con la promesa de que podían irse cuando quisieran si la aventura no rendía. El dirigente agregó que “los diez trabajadores, cinco mujeres y cinco hombres, fueron trasladados a Punta del Este en una camioneta 4x4, propiedad de Carlos Marrero, uno de los dueños del establecimiento”, y fueron “alojados en el fondo del restaurante, hacinados en un depósito que no tenía ni puerta”. Dos de las trabajadoras decidieron volver a Asunción y se lo comunicaron a Marrero, tal como habían acordado, pero el dueño “las echó a la calle”. Las mujeres terminaron en el centro de Maldonado denunciando la situación ante la Policía y, enterado el SUGHU, presentó el caso ante la oficina local del MTSS, que dio intervención primero a la Dirección Nacional de Coordinación en el Interior (Dinacoin) y luego a la propia IGTSS.

Andino dijo que los inspectores debieron pedir la asistencia de la Policía porque el dueño del local “les bloqueó el acceso”, y mientras llegaban los uniformados “algunos trabajadores se escaparon por la puerta del costado”. Luego de ingresar, los inspectores pudieron constatar las irregularidades denunciadas por el SUGHU, labraron un acta e intimaron al empresario a regularizar la situación de los trabajadores extranjeros. Según Andino, las dos trabajadoras despedidas pernoctaron una noche en la casa de una empleada uruguaya del local, y al otro día, tras pedir a familiares en Asunción que les compraran los pasajes de vuelta, partieron hacia Paraguay.

De todas partes vienen

Rey dijo que hay un plan de fiscalizaciones “vinculado al sector hotelero y gastronómico, básicamente en el este del país”. “Al comienzo de la temporada hay un incremento significativo de la actividad hotelera y gastronómica. Estamos fiscalizando principalmente en estos sectores lo que tiene que ver con la formalización, con especial énfasis en aquella que incluye el trabajo de extranjeros. Sin alarma, es una mirada especial a aquellos emprendimientos que tienen en su planilla personas extranjeras, quienes deben tener toda la documentación necesaria para poder trabajar, como marca la normativa”, expresó el jerarca a la Secretaría de Comunicación de Presidencia.

Andino advirtió que existen en Maldonado “otras situaciones similares”, pero los trabajadores no realizan la denuncia porque “tienen miedo”. “Hay peruanos, paraguayos y chilenos trabajando en el rubro y no hemos podido convencerlos de que denuncien las situaciones. Sin una denuncia no se puede pedir la intervención de los inspectores de trabajo”, explicó. Durante la temporada de verano abren cientos de restaurantes nuevos, y otros que trabajan todo el año refuerzan el personal.

la diaria consultó al titular de la Dinacoin, Jorge Mesa, sobre si existe un aumento de la cantidad de trabajadores extranjeros indocumentados en el interior del país. El jerarca contestó que no le consta que haya “una generalización”, y agregó que “en el trabajo de temporada estas situaciones se pueden detectar”. Según los registros del año pasado, se recibieron “denuncias muy puntuales”. La Dinacoin recibe la denuncia y da paso a la IGTSS, que procede a inspeccionar el establecimiento. “Primero se intima a la presentación de la documentación de registro de los trabajadores y después se inspeccionan las condiciones de trabajo. En caso de que haya irregularidades, se hacen observaciones para que éstas sean corregidas en determinado plazo. Los propios inspectores son los encargados de corroborar que se haya dado cumplimiento a las observaciones”, explicó Mesa. El jerarca dijo, además, que si bien en algunos lugares del interior, por ejemplo “en balnearios pequeños de Rocha”, a veces no existe la infraestructura adecuada para albergar a los trabajadores temporales, y puede pasar que “vivan en un camping”, éste “no es el caso de Maldonado” y afirmó que “así como sabe dónde comprar productos, cualquier empresa que traslada trabajadores extranjeros sabe a lo que atenerse en cuanto a las condiciones de alojamiento”. Mesa informó que El Joven Marino no fue clausurado y que aún está dentro del plazo para presentar la documentación de los trabajadores extranjeros. Una nueva inspección en el lugar deberá constatar que se corrigieron las condiciones habitacionales en las que éstos vivían.

Licenciados

LA IGTSS también está fiscalizando el cumplimiento de la licencia de la construcción, que este año se desarrolla entre el 24 de diciembre y el 11 de enero, según el acuerdo alcanzado entre el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA), la Cámara de la Construcción y la Liga de la Construcción. “Durante ese período la idea es que la construcción se tome toda la licencia, que no realice las tareas, y acuerdan ambas partes hacer algunas excepciones que son avaladas por la IGTSS, por ejemplo, empresas de la construcción que integran cuadrillas para el mantenimiento del servicio eléctrico, el servicio de telefonía o la reparación vinculada al sector salud. Se habilitan bajo algunas condiciones, y una de las relevantes es el consentimiento expreso del trabajador”, explicó Rey.

Hay un listado de las empresas habilitadas que está en poder de las cámaras, del SUNCA y de la IGTSS, y ésta se encarga de “fiscalizar” que las empresas que permanezcan trabajando durante la licencia estén en esa lista. “En las que están habilitadas verificamos que el listado de personas trabajando coincida con el presentado, pero además hacemos nuestras habituales fiscalizaciones para que los trabajos se realicen cumpliendo las medidas de salud y seguridad vigentes en la normativa”, expresó el titular de la IGTSS.

Rey dijo que “lamentablemente” están encontrando “empresas no autorizadas”, a las cuales se les dejó una intimación de que “si no presentan la documentación correspondiente son pasibles de multas, que seguramente se van a estar imponiendo”.