“Una nueva Policía”, resumió Layera, basada en cuatro aspectos: “mayor nivel cultural”, formación en la prevención del delito, con ayuda de un sistema integral de información que facilite el análisis y la acción en menores tiempos, y con mayor facilidad para “el despliegue por todo el territorio nacional”.
“Entendemos que debemos partir de requisitos de mayor nivel cultural, sin distinción de escalas y niveles como los actuales”, afirmó Layera, al tiempo que sostuvo que es “fundamental” poner “la calidad sobre la cantidad”. “Queremos que en la formación básica de todo policía que ingrese haya formación en policía comunitaria, una Policía orientada a la solución de problemas” que, sostuvo, trabajará en el “acercamiento con la ciudadanía”, mediante entrevistas y registro de las problemáticas manifestadas por esta, “desarrollando la labor primaria de prevención”.
Por otro lado, sostuvo que ante una demanda que resulta “más dinámica”, esta “nueva Policía” requiere “mayor flexibilidad y movilidad del procedimiento operativo”, que le permita un despliegue “óptimo” por todo el territorio nacional. En definitiva, “una tecnología que multiplique las condiciones físicas y la inteligencia” del cuerpo policial, lo que Layera estimó que redundará en “una reducción del número de policías efectivos” y “en una respuesta no mayor a 60 segundos para relevar la escena”.
En términos de infraestructura, las comisarías tendrán un rol preponderante en las lesiones leves, los conflictos relacionados con la violencia doméstica y de género, “practicando la intermediación, la negociación y la justicia restaurativa”, afirmó. Se estima que en un futuro, “víctima y victimario puedan encontrarse en un espacio determinado para ver la forma de reparar el daño cometido, si se trató de un delito menor”, explicó Layera respecto de la justicia restaurativa.
Para el jerarca, esto implica, por un lado, una “desmitificación de la profesión” y, por otro, una mayor participación de la ciudadanía a partir de “la observación y el registro en los espacios públicos y las zonas críticas”. Asimismo, sostuvo que se debería avanzar hacia una conexión “más equilibrada y de mejor rendimiento” entre la seguridad privada y pública, con la “integración de ambos sistemas” que permita “una detección precoz y una acción proactiva ante el conflicto criminal y su origen”.
Regiría “una cultura preventiva sobre la represiva”. “La idea es desalojar el concepto de policía represor e ir hacia el de policía cuidador”, afirmó.
Ciudadanas
Las propuestas presentadas por la sociedad civil fueron cinco. La Jefatura de Policía de Paysandú presentó el trabajo que viene realizando con la sociedad por medio de las Mesas de Convivencia y Seguridad Ciudadana, con el fin de “acercarse y articular” con los demás organismos y organizaciones públicas y privadas. Si bien actualmente se realiza a nivel departamental, los expositores propusieron que la idea se replique a nivel nacional, con lo que se ganaría en eficiencia al ampliarse la escala.
Por su parte, el Ejército Nacional propuso la trazabilidad de armas en todo el territorio nacional mediante un sistema informático integral. Se sostuvo que actualmente los trámites son “de cierta forma estancos” y con una “interconexión inexistente” entre los organismos involucrados, lo que “produce demoras en los procedimientos administrativos, agrega burocracia, costos y controles manuales innecesarios”. Además, se afirmó que un sistema integrado habilitaría el “cruce de información” para un mayor control sobre el tránsito de armas, “lo que mitigaría la posibilidad de tráfico, el cual hoy es posible y de difícil detección por parte de los organismos involucrados”.
En tanto, la Dirección Nacional de Inteligencia Policial, en línea con lo presentado por Layera, propuso avanzar en la “desestigmatización social” de la Policía y en la “profundización de una política de seguridad en clave de derechos humanos”, mediante una “rendición social de cuentas” y la “activa” generación de instancias de encuentro entre la Policía y la comunidad. La propuesta “solucionaría la desconfianza y estigmatización mutuas”, generando “un cambio de cultura institucional para hacer a la Policía más eficaz, responsable e inclusiva”.
Por otro lado, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa sugirió “adaptar y aplicar en las instituciones públicas los mecanismos y procedimientos que utilizan todas las empresas para el logro de sus objetivos”. La propuesta apunta a la formación y capacitación del jerarca público en “conceptos empresariales básicos -liderazgo, gerenciamiento, elaboración de reportes, metas y presupuestos, entre otros-” y aspectos relativos a “la ética y los valores”; la exigencia de reportes, obligatorios y periódicos respecto de sus tareas; certificaciones, “al menos en los aspectos de capacitación y experiencia”; y el análisis de la normativa existente para “proponer modificaciones, supresiones y agregados, penando los casos de omisión y gestión negligente”.
Por último, la iglesia católica acercó la propuesta de elaborar un Plan Estratégico de Convivencia Ciudadana entre diversos actores sociales y políticos. El paso inicial sería la designación de una comisión, que actuaría en el ámbito de Presidencia de la República, con el objetivo de redactar las bases de convocatoria a los actores.