El dirigente del Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel) Gabriel Molina presentó una denuncia ante el Juzgado Penal de 7º Turno “para que se indaguen especialmente las responsabilidades penales que pudieran corresponder a los autores, coautores, cómplices y encubridores respecto de los hechos de espionaje militar del que hubiera sido víctima Sutel o cualquiera de sus integrantes”, según consta en el escrito patrocinado por el abogado Óscar López Goldaracena. Molina refiere a la edición del 2 de setiembre del semanario Brecha, en la que se afirma que de los archivos incautados en el domicilio del coronel Elmar Castiglioni por esa misma sede judicial “surge que la inteligencia militar mantuvo un sistema de espionaje sobre personalidades políticas, partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales durante el período que va desde 1985 hasta, por lo menos, 2009”, y que los informes realizados sobre la documentación por los peritos designados señalan específicamente que se hicieron “escuchas en los locales de Sutel y UNTMRA [Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines] en 1992”. “Los hechos de los que tomamos conocimiento por las versiones de prensa que se relacionan y que venimos de relatar son hechos gravísimos que además de poner en peligro el sistema democrático constituirían posibles delitos”, afirma Molina en el escrito, y más adelante valora que “los espionajes en democracia por parte de militares o paramilitares pueden incluso llegar a calificar en un escenario fáctico dentro del cual no es posible excluir la figura del delito prevista en el artículo 132 numeral 6 del Código Penal, Atentado contra la Constitución”.
En el escrito se solicita a la jueza Beatriz Larrieu que formule una “pieza por separado con la presente denuncia”, ya que los archivos incautados pertenecen a la causa que investiga la muerte del militante del Partido Comunista Javier Miranda, secuestrado en 1975 y cuyos restos fueron hallados en 2005 en el Batallón de Infantería Nº 13.