“Agradeciendo a toda la Corte y a todos los abogados presentes en este largo, complicado, exigente procedimiento, invito a todos a reflexionar sobre la respuesta que nuestro sistema de derecho da a estos graves hechos, y a tomar en cuenta lo que se logró en términos de pruebas; quiero subrayar la gravedad de los hechos que estamos juzgando, que justifican el pedido de pena y de total desautorización de las circunstancias atenuantes para los imputados. Mi solicitud es que se reconozca a […] Juan Carlos Blanco, Pedro Antonio Mato Narbondo, Gregorio Conrado Álvarez Armellino, José Ricardo Arab Fernández, José Horacio Gavazzo Pereira, Juan Carlos Larcebeau, Luis Alfredo Maurente Mata, Ricardo José Medina Blanco, Ernesto Avelino Ramas Pereira, José Felipe Sande Lima, Jorge Alberto Silveira Quesada, Ernesto Soca, Gilberto Valentín Vázquez Bissio, Jorge Néstor Tróccoli, como responsables de los crímenes objeto de este juicio y que sean condenados a cadena perpetua. Pido pronunciar una sentencia de absolución para […] Iván Paulós por extinción del crimen por muerte del reo. Pido pronunciar una sentencia de absolución para Ricardo Eliseo Chávez Domínguez por no haber cometido los crímenes objeto del juicio”.
Alrededor de las 15.00 del 14 de octubre, la fiscal Tiziana Cugini concluyó su requisitoria y presentó a la Tercera Corte de Asís, de Roma, sus pedidos para los imputados en el juicio por el Plan Cóndor. De un total de 33 imputados, fueron solicitadas 27 cadenas perpetuas, cinco absoluciones por extinción del crimen por muerte del reo y una absolución por no haber cometido los crímenes objeto del juicio. Durante toda la mañana, la fiscal Cugini había reconstruido en su requisitoria los hechos relativos a los casos de algunos chilenos y uruguayos que no había sido posible concluir en la audiencia antecedente. Su reconstrucción de las circunstancias del juicio retomó en mano el documento que certifica el surgimiento de la Operación Cóndor. “Cóndor quiere decir mirar los hechos en conjunto; no estancarse sólo en los responsables en un territorio, sino concentrarse en conectar diferentes hechos que son parte de una operación única. En la represión se ha utilizado la misma tortura, se han utilizado personas para señalar a otros compañeros, se ha establecido una red internacional de contactos e intercambio de informaciones, se ha hecho un uso consistente de la fuerza: eso es el Plan Cóndor”, dijo la fiscal de Roma. Además, agradeció al jurado por el esfuerzo realizado para “entender hechos que son complicados también para los técnicos”.
Cugini explicitó a la Corte su voluntad de subrayar la contribución de algunos testigos y del material documental, y de dejar a los abogados de la parte civil la reconstrucción técnica de los casos. En lo referido a Uruguay, se concentró en la declaración del soldado Barbosa, que en su descripción del Servicio de Inteligencia de la Defensa (SID), y en particular del Departamento 3, confirmó el hecho histórico, ya reconstruido a partir de documentos, así como la realidad de ese lugar: “Barbosa es la voz del SID desde adentro, por eso es extremamente importante”, dijo la fiscal.
Acerca de la parte relativa a Fusileros Navales (Fusna) y a la represión de los Grupos de Acción Unificadora (GAU), recordó el testimonio de Mónica Xavier, del 2 de octubre de 2015, cuando la senadora declaró que fue exterminada una generación entera de disidentes. Esos mismos, subrayó la fiscal, que Tróccoli definió como subversivos y, por eso, proclives a ser eliminados.
Como ejemplo de la coordinación del Plan Cóndor en la sustracción de niños a sus familias y su posterior entrega a familias cercanas al régimen, recordó la declaración de Julio D’Elía Casco. Persistió en describir las condiciones de su nacimiento en el pozo de Banfield: el momento en que Yolanda Casco, encapuchada y maniatada, da a luz en una jaula se materializa en un aula búnker muda de horror. “Carlos D’Elía Casco es uno de los testigos vivientes de las atrocidades que se cometieron”, concluyó Cugini. Luego la fiscal pasó a detallar las pruebas de la participación del Fusna en el desmantelamiento de los GAU en Buenos Aires y en Montevideo. Presentó como prueba contundente las grabaciones de los interrogatorios de Raúl Borrelli y Julio D’Elía, secuestrados en Buenos Aires, quienes fueron encontrados en el Fusna de Montevideo e incluidos en el informe que la Armada uruguaya entregó en 2005 al gobierno del presidente Tabaré Vázquez. Eso testimonia la conexión entre los dos países y el involucramiento del Fusna en la desaparición de los 28 militantes del GAU. En esos interrogatorios, contrario a lo que sostiene la Armada -es decir, que los argentinos estaban interesados en entender las conexiones entre los GAU y el movimiento Montoneros-, no aparece ninguna palabra ni pregunta sobre Montoneros, sino numerosas consultas sobre los miembros y el organigrama de los GAU: “Es evidente que esos interrogatorios fueron llevados adelante por uruguayos que estaban interesados sólo en los GAU”, concluyó Cugini. “De la muerte y desaparición de esas personas es responsable el personal del Fusna. Por esos hechos le tocó responder penalmente a Larcebeau, el mismo al que Tróccoli ayer definió como ‘amigo desa- fortunado’. ‘¡Amigo de infamias!’”, dijo la fiscal.
A continuación, detalló las pruebas directas en contra del ex marino. Los testigos especialmente importantes que sostienen haberlo visto actuar en el Fusna son: Cristina Fynn, que después de tres meses de aislamiento con venda no puede olvidar la primera cara que vio, la de Tróccoli, y Rosa Barreix, quien accedió a colaborar con los torturadores y cuya declaración es importante por lo que dice y por lo que no dice”, expresó Cugini. Añadió que la Fiscalía y los abogados no quisieron insistir con esa testigo para no revictimizar a una persona que desde hace 40 años vive con el sentimiento de culpa de haber salvado su vida cuando muchos la perdieron. Barreix vio a Tróccoli en muchas ocasiones. “Él me torturó”, declaró, y refirió confidencias que le hizo el marino cuando ella empezó a colaborar en la “computadora”: Tróccoli le habló de la gente que había caído en Buenos Aires, le hizo ver las hojas de los interrogatorios en Buenos Aires, le dijo que era S2 y le presentó a Larcebeau como su sucesor.
Otro testigo clave mencionado por Cugini es Carlos Alberto Dosil, que reconoció a Tróccoli como uno de sus secuestradores y torturadores. La fiscal mencionó el fragmento de la declaración de Dosil en el que dice que se lo amenazó con llevarlo a Buenos Aires para señalar a compañeros y cuando, en enero de 1978, Tróccoli le dijo que habían apresado a José Edmundo Dossetti.
Antes de pasar a hablar de Daniel Rey Piuma, la fiscal volvió a mencionar el informe que la Armada le presentó a Vázquez en 2005. Recordó que fue redactado por Tabaré Daners, quien en 1977-1978 era juez sumariante de la Armada y fue reconocido por uno de los testigos como participante en el secuestro de Dossetti. La fiscal se preguntó, y preguntó a la Corte, si esa circunstancia no podría haber determinado que el contenido del informe fuera “limpiado” de alguna información.
La última parte de la requisitoria se centró en Daniel Rey Piuma, fallecido en agosto y que nunca llegó a declarar en el juicio. La Fiscalía, que después de su muerte recibió material documental que él mismo había dejado, hizo referencia a las fotos que Rey Piuma sustrajo de la Prefectura Nacional Naval cuando, con apenas 19 años y recién empleado, se dio cuenta de lo que pasaba allí. Cugini describió fotos en las que se pone en evidencia una violencia extrema, y relató fragmentos de declaraciones de Rey Piuma: su contacto con los prisioneros cuando fue enviado a tomar huellas dactiloscópicas, y su asombro y horror ante los cuerpos desnudos, encadenados y ensangrentados en el Fusna.
A propósito del pedido de absolución del imputado Chávez Domínguez, la diaria habló con el abogado Fabio Galiani, que representa al Estado uruguayo. Él compartió la posición de la Fiscalía y argumentó expresando que un pedido de condena sin pruebas podría disminuir las demandas de condena en los casos en los que hay indicios graves de culpabilidad o incluso pruebas. Añadió que en los registros militares no se encuentra el rol de jefe de operaciones especiales del Fusna, y que atribuir ese papel a Chávez Domínguez podría reducir las responsabilidades y el papel de Tróccoli.
Al finalizar la audiencia, la diaria hizo algunas preguntas a la fiscal, ya que el viernes terminó su actuación en el juicio. Cugini fundamentó el pedido de absolución para Chávez Domínguez afirmando que no existían elementos de responsabilidad penal en su contra, y que en su legajo aparece su disociación de las acciones de Tróccoli y las consecuencias que sufrió luego de negarse a participar en esas acciones. Además, dijo que ninguno de los testigos lo vio.
la diaria pidió a la fiscal una evaluación general del trabajo que se hizo en estos años en el marco de este juicio, a lo que Cugini respondió que se siente una “obrera del derecho que dio su contribución para que crímenes así de graves no queden impunes”. “No hay manera de que las lágrimas de las personas que sufrieron esos abusos se sequen. Yo traté de traducir esos sentimientos en justicia”, afirmó.