En noviembre de 2015, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, anunció, en una conferencia ante empresarios, que a partir de este año se empezarían a implementar las tecnologías BIM en el sector público y que se trabajaría gradualmente para llegar a 2020 con su inclusión como requisito en 100% de las licitaciones estatales. La idea del plan BIM -como se le llamó- es “aumentar la productividad de la industria de la construcción a partir de la incorporación de ciertas metodologías de gestión de la información en todo el ciclo de vida de un proyecto: desde su diseño hasta la operación y la edificación”, explicó Soto.
Se trata de “la iniciativa más grande” del Programa Estratégico Productividad y Construcción Sustentable llevado a cabo por la Corporación de Fomento a la Productividad (Corfo) del Ministerio de Economía, con impulso del Ministerio de Obras Públicas y con la Cámara Chilena de la Construcción y el Instituto de la Construcción como principales aliados en el sector privado.
Mientras que de la manera tradicional cada uno de los actores involucrados -la arquitecta, el ingeniero, la constructora- trabaja con planos bidimensionales propios, con escasa información, con la tecnología que presentarán hoy los chilenos al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y a representantes de la industria local, el modelaje se realiza en base a tres dimensiones que centralizan la información necesaria para llevar a cabo el proyecto. “Más que la tecnología, es la metodología lo que permite planificar y prever de mejor manera lo que va a pasar en la construcción y en la operación, y así se gana en eficiencia”, afirmó Soto.
Los números
Según la directora de Corfo, su implementación trae beneficios para el sector público y también para el privado. En el caso de Reino Unido -que es el ejemplo que los chilenos tomaron como base- han logrado reducir los costos de los proyectos entre 12% y 20% en sus etapas de diseño y construcción.
La ventaja está en la reducción de los plazos y la prevención de errores. “En nuestro caso hay proyectos públicos que se atrasan 30% de lo que originalmente se planifica -con todos los costos sociales que eso implica-, entonces, en la medida en que se tiene una manera de planificar los tiempos de ejecución, es mucho más fácil cumplir los plazos originales”, dijo. Por otro lado, sostuvo que “se ha visto que en casos complejos, de construcción de edificios, hospitales o aeropuertos, en los cielos hay muchos ductos -de climatización, cañerías sanitarias, bandejas eléctricas y sistemas de fuego- que son difíciles de dimensionar mediante planos de dos dimensiones. Eso te lleva a tener que demoler; al haber previsto esto en el modelo, es mucho más simple, más barato y genera menos residuos o desperdicios en la obra”.
En el caso del sector privado, aunque requiere una inversión inicial en adquisición de software, de su correspondiente hardware y en capacitación de equipos y cambios en los procesos internos, “empezamos a ver, con algunas empresas que ya lo venían implementado desde años atrás, que una vez pasada esa primera inversión, también hay un beneficio económico para ellas, relacionado con una mayor eficiencia en el diseño, que se hace de manera más rápida y con equipos más reducidos”, dijo.
Aun así, también hubo ciertas resistencias: “Siempre hay gente que prefiere seguir haciendo las cosas como las viene haciendo y, por otro lado, también hay empresas que no quieren que se transparenten los problemas de los proyectos, porque están acostumbradas a ganar más por los cambios a mitad de camino”. Si bien estos actores levantaron objeciones, Soto dijo que “en general, la respuesta ha sido bastante favorable, quizá porque ya había cierto camino recorrido en el sector privado”.
Por otro lado, descartó que se trate de una tecnología que sustituya el trabajo del hombre; por el contrario, sostuvo que “implica una sofisticación de las capacidades de las personas que trabajan a lo largo del proyecto”.
Apoyos
Si bien los chilenos siguen el ejemplo de Reino Unido, la directora consideró que los modelos “no pueden copiarse, sino adecuarse”. “Todas las realidades son distintas, y eso es algo que hemos aprendido en el trabajo en conjunto. Nos hemos dado cuenta de que, aunque ellos han sido muy exitosos, no podemos copiar su estrategia, porque su realidad económica, cultural y social es completamente distinta de la nuestra”, dijo.
Consultada sobre las recomendaciones para su aplicación en Uruguay, Soto sostuvo que la “clave” es contar con el apoyo de autoridades como Presidencia de la República, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y el de Transporte y Obras Públicas. “Nos han ayudado a abrir camino, convencer e impulsar en base a proyectos sobre los cuales vamos trabajando y experimentando”, dijo. También sostuvo que “nunca hay que olvidar al sector privado”, porque “se tiene que tener apoyo en la industria y en la formación de capital humano, ya que es un plan que no se va a dar si las personas que trabajan en el área no están preparadas”.
Desde el sector privado, la Cámara de la Construcción se muestra favorable a la implementación de este tipo de tecnología, cuyo impulso está promoviendo a través de una comisión. Si bien aún no son la mayoría, hay estudios locales que empezaron a incluir gradualmente estos procesos en sus proyectos desde al menos el año 2009.