El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) presentó su segundo informe anual correspondiente a 2015. El MNP monitorea el trato y las condiciones de detención de las personas privadas de libertad por orden judicial o de aquellas que no pueden retirarse voluntariamente del lugar, y hace recomendaciones a los organismos correspondientes. El año pasado realizó 30 visitas a los centros del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) -hoy Institución Nacional de Inclusión Social Adolescente- de un total de 90 visitas a centros del Sistema de Protección del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, el sistema carcelario de adultos y clínicas y colonias psiquiátricas. Mirtha Guianze, directora del MNP, señaló que hay avances parciales y retrocesos, y que “lo que más cuesta es que cambien las prácticas institucionales”. Los “grandes” problemas constatados son la falta de personal y capacitación, y los problemas edilicios, que en muchos casos generan hacinamiento y violencia interna. Guianze recordó que “las condiciones de dignidad” las debe brindar el Estado y que este no está cumpliendo a cabalidad.

Cárcel de adolescentes

En las visitas realizadas al Sirpa, el MNP constató varios problemas que se concentran principalmente en la falta de actividades socioeducativas, la falta de capacitación y escasez de personal y en la mala infraestructura y mantenimiento de las construcciones. Se realizaron 67 recomendaciones -la mayoría referidas a los aspectos deficitarios edilicios-; 18 no se cumplieron. En ese sentido, el MNP señala que los nuevos centros de reclusión construidos están “concebidos desde la lógica del encierro, con los espacios destinados a educación, esparcimiento y recreación limitados”, a lo que se suma “la creación de equipos de seguridad con un fuerte componente represivo” -Grupo de Estrategia y Contención-, lo que “genera especial preocupación”, dado que consolida una “mirada represiva y punitiva, donde se diluye la efectividad de las medidas socioeducativas que se proponen”. El conjunto de problemas continúa produciendo “situaciones que potencialmente pueden ser generadoras de abuso y malos tratos”. En ese sentido, Guianze aseguró que a pesar de que al MNP le consta “el conflicto entre sindicato y funcionarios y autoridades”, hoy “no hay impunidad para pegar”. Hizo hincapié en que los funcionarios son insuficientes y no dan abasto para dilucidar todos los conflictos que se producen diariamente. “Ya no tenemos más denuncias de chiquilines por palizas de funcionarios [...] De todas formas, no sabemos hasta qué punto hay o no un grado de complicidad entre funcionarios, es difícil de determinar”.

Respecto de la violencia institucional, el MNP señala como “preocupante” el aumento “sistemático de la violencia interna y la falta de actividades tendientes a la rehabilitación efectiva”.

Por su parte, el MNP sostiene que es “prioritario” tener equipos técnicos que brinden atención especializada para prevenir, en lugar de equipos que repriman como consecuencia de tensiones acumuladas. También destacan que durante las entrevistas mantenidas con los adolescentes en las visitas realizadas en el segundo semestre “no surgen indicios de violencia recurrente por parte de los funcionarios”, aunque sí manifestaron que algunos tienen mejor trato que otros. A su vez, el MNP afirma que la violencia no sólo se manifiesta en la agresión entre personas, sino también en la autoagresión, una de las formas “más comunes”. Consideran que estas “aparecen como estrategias de afrontamiento a la violencia institucional y ante distintas fuentes de sufrimiento afectivo, del abandono, amenazas u otras condiciones adversas que se suman a las frustraciones cotidianas propias de la privación de libertad”. Advierten que estos episodios generalmente son tratados como “intentos de manipulación” o como un “problema psiquiátrico” del adolescente, “sin tener en cuenta una lectura más compleja de las variables estructurales y particulares que generan las distintas situaciones de conflicto”. También indican que se constataron agresiones sexuales, que ocurren “incluso entre las personas menores de 15 años, tanto varones como mujeres”.

Otro tipo de violencias constatadas refiere al alto índice de administración de psicofármacos y el escaso diagnóstico desde el punto de vista médico-psiquiátrico. Por ejemplo, en el Ceprili, en junio de 2015, de 54 adolescentes privados de libertad, 38 estaban medicados con psicofármacos, pero ninguno tenía diagnóstico; o en el CIAF, donde, de las 34 adolescentes que estaban presas a diciembre de 2015, 30 se encontraban medicadas con psicofármacos, aunque sólo tres tenían diagnóstico de padecimientos de salud mental.

Madres con hijos presas

El traslado de la Unidad Nº 9, El Molino -donde estaban recluidas madres con hijos-, a la Nº 5 -cárcel femenina de máxima, media y mínima seguridad que recluye a unas 400 mujeres- tuvo opositores desde su anuncio; entre ellos, la INDDHH, que todavía lo califica de “un retroceso”. El traslado se hizo efectivo el miércoles 28 de setiembre, y la INDDHH elaboró un informe de urgencia, que presentará mañana. Según supo la diaria, a pesar de las obras realizadas en la planta baja oeste -en la que están alrededor de 25 madres con sus hijos-, la nueva infraestructura es “precaria” en cuanto a las dimensiones -algunas mujeres pasaron de estar recluidas solas con sus hijos a celdas con cuatro camas y cuatro cunas-, los materiales utilizados y la disposición de los baños. Además, la INDDHH constató que el traslado produjo un impacto negativo en la Unidad Nº 5 en lo relativo a la progresividad del tratamiento “rehabilitador” en el sistema, y la cantidad y calidad del espacio de reclusión: el primer y segundo piso del ala oeste fueron desalojados; se mantiene en funcionamiento el tercero. También señalaron que se perjudicó la calidad de vida tanto de las mujeres presas que perdieron espacio como de las mujeres con hijos trasladadas por la convivencia indirecta con “las vecinas” de otros sectores.