El 28 de marzo, primer lunes después de la Semana de Turismo, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE) de la Universidad de la República (Udelar) denunció que se había constatado “el ingreso no autorizado” al laboratorio del Grupo de Investigación de Arqueología Forense (GIAF) que investiga sobre detenidos-desaparecidos en el marco de un convenio entre Presidencia de la República y la Udelar. Quienes ingresaron se llevaron dinero (3.100 pesos), extrajeron discos duros de computadoras y laptops, y marcaron en un mapa los domicilios de los integrantes del equipo del GIAF.

El viernes 7 la Dirección General de Jurídica de la Udelar entregó al Consejo de la FHCE el informe de la investigación administrativa y el miércoles 12 se pronunció este órgano, en un comunicado que fue difundido por la Udelar. “Si bien el diligenciamiento cometido no permitió identificar la autoría del hurto”, permite “inferir que se trató de un trabajo coordinado, con un propósito definido, que contó con una adecuada planificación, y que denotó conocimiento de los espacios físicos, de la seguridad interna del inmueble y de la actividad del lugar”, expresa el informe de Jurídica, aclarando que se estima que el propósito haya sido “amedrentar al equipo, en un momento especialmente sensible, en el que se requería a través de los medios de difusión, la colaboración de la ciudadanía para la continuidad de las investigaciones”. La investigación concluye que “es altamente probable” que hubiera participado “más de una persona, y que eventualmente hubieran contado con algún tipo de vinculación o conexión previa” con la finca.

De acuerdo a la investigación, el ingreso al laboratorio se produjo por el altillo, por una ventana con “un importante grado de deterioro -cerradura defectuosa y vidrios rotos- que está a escasa distancia de la azotea”.

El sistema de alarma -catalogado como “básico” aunque “acorde a las especificaciones del BSE [Banco de Seguros del Estado]”, según el informe- no detectó nada. Los investigadores hicieron “una serie de ensayos” para comprobar cómo fue posible “transitar desde el altillo a las oficinas del GIAF” sin que los sensores reportaran el movimiento. “El experimento recreado insumió alrededor de treinta minutos y permitió demostrar que al utilizar una colchoneta a modo de escudo, y cubrir los sensores utilizando las cajas de espuma plástica, estos no pueden captar la propagación de la energía infrarroja -calor- que irradia la persona, permitiendo el desplazamiento por el interior del inmueble, sin que la alarma se active”, detalla el informe. Se concluyó que el candado de ingreso a la oficina del GIAF fue “forzado” puesto que “las llaves del mismo no fueron encontradas”. Uno de los sensores de la oficina del GIAF estaba “parcialmente cubierto por cajas de cartón, que accidentalmente habían sido depositadas sobre un mueble metálico por los propios integrantes del equipo”, se especifica. La salida se hizo por la azotea, pero no a través de la ventana sino de una escotilla (ventana en el suelo) ubicada en una de las habitaciones del altillo, que estaba cerrada por dentro con un candado, “que fue encontrado sobre uno de los peldaños de la escalera, próximo a la escotilla, y las llaves del mismo nunca fueron halladas, circunstancia que demuestra que fue abierto desde el interior y con la llave apropiada”.

El informe identificó que el robo “se vio facilitado por una serie de concausas” como “la exigua seguridad existente en el sector que comunica con la azotea”, las ventanas sin protección exterior y sin mantenimiento, y la falta de personal de vigilancia, sumado a la paralización de actividades durante la Semana de Turismo. Se aclara que el hurto no configuró “ninguna pérdida significativa para el GIAF” porque la información estaba respaldada.