La directora de Inmujeres pidió discutir la ley de trabajo sexual

La semana pasada se viralizó un audio y un folleto en el que la whiskería Brisas, del departamento de Artigas, anunciaba el festejo de sus cuatro meses “de vida” con dos bandas de cumbia en vivo y tres shows: “streepers” [sic], “sexo en vivo” y “baile del caño”. El viernes 15 prometía ser una “noche caliente”: por “tan sólo” 50 pesos, se podía comprar un número y participar en un “sorteo” para “poseer” y “disponer” de “la chica que más le guste”; esa vez la mujer le cobraría al dueño del local, no al cliente. El sorteo no se realizó porque se vendieron cuatro números. Aunque la Justicia fue hasta el lugar y no constató delito alguno -la Fiscalía podría emprender una acción penal-, la magnitud pública que tomó el asunto puso en evidencia, otra vez, el nulo debate que existe sobre la ley que regula el trabajo sexual y que en cierta medida legitima los espacios donde pueden existir explotación sexual y trata de personas, además de reflejar el accionar de una sociedad que continúa legitimando la cosificación de la mujer.

La jueza del Juzgado de 1er Turno de Artigas, Bettina Duter, se enteró porque Montevideo Portal difundió el episodio viral. El viernes, cerca de la medianoche, fue hasta ahí acompañada por el subjefe de Policía departamental, Ruben Severo. Llegaron a un galpón de bloques y chapas, a un lugar que anuncia en letras verdes “drink’s” [sic] y “dance”. Allí las mujeres cobran 1.200 pesos al cliente -200 de los cuales van a parar a la caja de Brisas- por el alquiler de la pieza, y se encargan de la limpieza de las habitaciones. Además, la casa genera ingresos por cada “copa” vendida, que sale 130 pesos: cada mujer que invita un trago a un cliente recibe 60, los 70 restantes van para el local.

Según dijo a la diaria, Duter fue “pura y exclusivamente a ver si allí se constataba algún tipo de delito”, principalmente los de explotación sexual o trata de personas. En un informe enviado a la Suprema Corte de Justicia, la jueza afirma que la whiskería tenía las habilitaciones correspondientes para funcionar, y que las mujeres que trabajaban allí -todas mayores de edad- consentían el evento promocionado y estaban “conformes” con las “condiciones laborales”. Duter estuvo en Brisas hasta la 1.00 y no encontró “indicios” o “pruebas” que indicaran la “instrucción de un presunto hecho delictivo, sin perjuicio de lo que pudiera referir el Ministerio Público”. Se podría, por ejemplo, enmarcar el episodio en el delito de proxenetismo, que condena a toda persona que “explote la prostitución de otra contribuyendo a ello en cualquier forma con ánimo de lucro, aunque haya mediado el consentimiento de la víctima”. Según supo la diaria, la fiscal Estela da Silva fue notificada por teléfono el mismo viernes, y ayer Duter le envió el acta, que se supone que recibirá hoy. Consultada al respecto, Da Silva prefirió no hacer declaraciones y se comunicó por medio del encargado de Comunicación de la Fiscalía, Javier Benech, quien aseguró que están “preocupados” y “trabajando” en el tema.

Tras bambalinas

La directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Mariella Mazzotti, dijo a la diaria que le “recontra chocó” el afiche, al que calificó de “un disparate”. Andrea Tuana, de la asociación civil El Paso -que trabaja con personas en situación de explotación sexual y de trata-, repudió “la oferta de esta whiskería de rifar mujeres a 50 pesos [...] si cuajan este tipo de ideas, divertimentos, fiestas, es porque hay una sociedad que consume y lo acepta”, advirtió.

La “realidad” de la “abrumadora mayoría” de las trabajadoras sexuales es “muy parecida” a la de las personas que son esclavizadas, aseguró. “Lo puedo llegar a comparar con la época de la esclavitud, cuando se vendían las mujeres en la plaza pública [...] No les permiten establecer relaciones laborales con ciertas protecciones”, aseguró.

Para pensar

Duter señaló que si bien no está de acuerdo con la explotación sexual, “hasta el día de hoy la prostitución sigue siendo una actividad lícita”. En ese sentido, Mazzotti dijo estar en contra de la “institución prostitución”. Sostuvo que al ser legal genera “un campo fértil para determinadas situaciones que colocan a la mujer en posición de objeto [...] violatoria de los derechos en cuanto sujeto”. Advirtió que hay que discutir el llamado “trabajo sexual” en términos de “la responsabilidad de estos locales habilitados, que permiten transacciones que pueden estar en el filo entre lo autorizado por la ley y lo que no”. Mazzotti considera que también es imprescindible debatir sobre qué pasa si se prohíbe: es lo “más complejo”. “Antes de derogar una ley, Uruguay tiene que poner en discusión cuál es el mecanismo [que desarrollará]. Tiene que ver con qué oportunidades se les da a las mujeres, con la vulnerabilidad, con la educación sexual a hombres y mujeres y con la persecución del delito cuando hay explotación sexual”. Aclaró que todas las medidas represivas y punitivas deberían estar dirigidas al cliente y no a las mujeres.

Al respecto, Tuana dijo a la diaria que la ley actual -Nº 17.515, de Trabajo Sexual, aprobada en julio de 2002- no concibe la “prostitución como trabajo desde el momento en que está regulada por el Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior y no por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”. Tuana sostiene que “la prostitución no es un trabajo”, y que deberíamos discutir una nueva ley que “erradique el trabajo sexual como trabajo” y, al igual que planteó la directora de Inmujeres, pueda brindar “oportunidades” a las mujeres que quieran salir de esa situación, y generar otras para que directamente no exista. “La venta de servicios sexuales es legal. No obstante, las condiciones en que se produce esa venta rayan con situaciones de explotación, esclavitud y cosificación de una persona; uno podría llegar a preguntarse si no rayan con la vulneración de los derechos humanos”, sostuvo.