En Harry Potter y el prisionero de Azkaban (1999), JK Rowling describe un temible tratado mágico con dientes que ataca a las personas, pero en general los libros no muerden. La Constitución de la República Oriental del Uruguay, por ejemplo, es un pequeño y apacible volumen cuya lectura resulta muy conveniente. Sin embargo, parece que intimida y que pocos se aventuran a leerla y tratar de comprender su contenido.

Los artículos 147 y 148, cuyas disposiciones el senador colorado Pedro Bordaberry se manifestó deseoso de utilizar para poner al Frente Amplio en la disyuntiva de reemplazar al actual ministro del Interior, Eduardo Bonomi, o convocar a elecciones anticipadas, son un engañapichanga. Su texto puede dar la impresión de que Uruguay tiene un sistema de gobierno parlamentario, en el cual los conflictos extremos entre el Poder Ejecutivo y la mayoría del Legislativo son resueltos por los votantes, convocados a expresarse para definir quiénes son sus preferidos para formar un nuevo gobierno, pero como todos sabemos -o deberíamos saber-, no es esa nuestra realidad.

El procedimiento previsto en los artículos mencionados no implica que cese en su cargo el presidente, sino únicamente que se renueve la integración del Parlamento. De modo que, si se formaran -como no ha ocurrido nunca ni ocurrirá ahora- las sucesivas mayorías y las voluntades políticas necesarias para recorrer ese camino, el doctor Tabaré Vázquez, que nombró a Bonomi ministro del Interior y es la única persona con la potestad de reemplazarlo, seguiría en su lugar con independencia del resultado de las elecciones anticipadas. Luego de estas, si el nuevo Parlamento ratificara la censura al ministro del Interior, debería finalmente cambiarlo, pero nada le impediría designar a otro con idéntica orientación. En suma, es un recurso para que el presidente se resista al relevo de uno de sus ministros (desafiando a los legisladores a que se jueguen sus bancas), y no para que la oposición fuerce tal relevo. Además, Vázquez quedaría, durante un par de meses (en los que las actuales cámaras habrían dejado de funcionar, pero aún no se habrían elegido otras), con la inédita facultad de gobernar solo y por decreto, sin contralor parlamentario alguno.

Que Bordaberry haya manejado la posibilidad de poner en práctica ese procedimiento, que no aseguraría ningún cambio sustancial y que resulta obviamente inviable, muestra lo que con benevolencia se puede considerar el resultado de un conocimiento escaso de la Constitución, sumado a bastante superficialidad y oportunismo. Pero en las redes sociales, cuyo ambiente tiende a recalentarse con rapidez, a muchos les bastó con leer “Bordaberry” y “disolución de las cámaras” para salir como despavoridos, imaginando que en Uruguay estaba a punto de consumarse un nuevo episodio de lo que ven como una escalada golpista en América Latina. Sería bueno que la gente común y corriente estuviera mejor informada y razonara un poco más antes de pronunciarse, pero mucho más grave es que dirigentes oficialistas también reaccionaran ante la iniciativa como si fuera un atentado contra las instituciones democráticas y no simplemente una tontería.

Si para reforzar la unidad frenteamplista se desciende a dar manija para que la gente piense poco y tema mucho, a la larga esa máquina puede morder a sus inventores.