Aunque los procesos sean lentos y sus resultados puedan no verse en el corto plazo, estamos siendo partícipes y artífices de un gran cambio, de un punto de inflexión en la historia no sólo sanitaria sino social global, de cambios de concepciones importantes en el área de la salud. Se trata de la Ley de Salud Mental, en proceso de discusión en el Parlamento, con nuevos paradigmas: centrada en las personas, que ve a la salud mental como derecho humano fundamental, con un enfoque comunitario, desde la intersectorialidad institucional e interdisciplinariedad técnica y profesional, que promueve el cierre de estructuras monovalentes asilares (“manicomios”, como se les llama comúnmente), el nacimiento de estructuras alternativas de asistencia, tanto comunitarias como en hospitales generales (polivalentes), e incluye los cuidados con enfoque social y no sólo sanitario.

El sustento teórico de un nuevo paradigma, en el que se basa la ley, es la perspectiva de derechos humanos y la dignidad de las personas como esencia. Se hace particular hincapié en la capacidad de autodeterminación, en principios de no discriminación, de reducción del estigma y de la exclusión, la segregación y el aislamiento que las personas con problemas de salud mental, como colectivo vulnerable, cargan sobre sí mismas y sobre sus familias.

La ley da un marco desde la salud (mental) y no exclusivamente desde los trastornos y la enfermedad, abordando la problemática desde una visión psicosociocultural de la salud global, y no desde un abordaje biologicista y reduccionista exclusivo de la enfermedad; también fomenta las políticas de promoción de salud, así como la prevención, el tratamiento de enfermedades, la rehabilitación y la inserción social, con un enfoque integral, humano y universal.

La ley promueve el cierre progresivo de estructuras asilares monovalentes (exclusivamente psiquiátricas), que será un hito en la historia del país. La llamada “desmanicomización” es una urgencia para caminar hacia la eliminación de la segregación, la reducción del estigma, la exclusión y el aislamiento que la internación en dichas estructuras genera. La incorporación de salas específicas en hospitales generales, la creación de dispositivos alternativos (de atención diurna y de 24 horas) en la comunidad, tanto de atención sanitaria como social, tienen como objetivo generar inclusión, vínculo, cercanía, inserción social real, y brindan una mayor base para la rehabilitación de las personas con problemas de salud mental.

Se trata de un cambio de modelo asistencial con red única, atención comunitaria (de cercanía e integración) coordinada con atención especializada de complejidad creciente, integral e interdisciplinaria, donde diversos técnicos, profesionales y cuidadores interactúan en la conformación de equipos básicos y equipos especializados. Las redes y dispositivos residenciales asistidos como estructuras alternativas de atención, rehabilitación psicosocial (sanitarias, sociales y mixtas), de acuerdo con el proceso evolutivo y la complejidad de la situación de la persona, permitirán el desarrollo al máximo de sus capacidades y brindarán posibilidades mayores para la autonomía progresiva.

La ley plantea un marco jurídico de equidad y universalidad en atención en salud mental en el sistema sanitario. Se encomienda al Ministerio de Salud elaborar un plan específico de salud mental bajo las condiciones propuestas para llevar adelante el cambio sistémico real. Es un marco sólido desde un nuevo paradigma para planes y programas de salud mental, que brinda elementos para un Estado garante de inclusión: social, laboral, cultural, educativa, a la vivienda, entre otras. Una ley que se elaboró con una amplia participación de actores y organizaciones sociales, profesionales, académicas y políticas. Es, entonces, un proceso de legislación con amplia participación, de grandes acuerdos y consensos. Un proceso que da continuidad histórica a la una vez vanguardista pero ya caduca y obsoleta Ley del Psicópata (de 1936), que necesariamente debe ser transformada por los nuevos paradigmas que la ciencia y la evolución sociocultural imponen; un proceso que también tuvo un mojón histórico importante en el Plan de Salud Mental de 1986, que introdujo la interdisciplinariedad, interinstitucionalidad y el cambio de modelo asistencial, pero que no avanzó según la velocidad necesaria que los tiempos demandaban. El proceso de creación de esta ley, de amplia participación, como hemos mencionado, transcurre en plena discusión para su aprobación parlamentaria; luego será el tiempo del nuevo Plan de Salud Mental, y a posteriori llegará el momento de transformación bajo los nuevos paradigmas.

El cambio de modelos propuestos, bisagra para la historia de la salud mental en el país, necesita de políticas estratégicas, programas y planes en la materia, orientación, rectoría, supervisión y contralor permanente del funcionamiento del sistema a cargo del Ministerio de Salud Pública y de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, con herramientas sólidas y eficientes para garantizar los derechos de las personas, así como políticas sanitarias y sociales de calidad.

Todo lo que en este relato puede parecer frío, estampado en blanco y negro, en una letra predeterminada de un programa de texto, será el escenario general para la política pública futura de un país que defiende a su gente desde lo más racional, afectivo y esencial de las personas, que son sus derechos humanos.

“Derecho a que cuiden de mi salud, a que me den oportunidades, a que me integren a la sociedad, a que no me aíslen y estigmaticen, a que no me excluyan y aparten; derecho a que me atiendan bien, de manera equitativa, con calidad humana, técnica y profesional; derecho a ser parte de una sociedad, a que no me alejen de mis seres queridos, a poder tener vivienda, trabajo, a rehabilitarme y a que me ayuden a salir, y también a que me protejan de entrar; derecho a mi atención, derecho a incluirme... derecho a ser”.

La realidad de la salud mental muestra que el camino es complejo, largo y dificultoso, pero una nueva senda está trazada y hay que hacer camino al andar.

Los países que con legislación y proyectos protegen a sus ciudadanos vulnerables reflejan a una sociedad que respeta, se preocupa y ocupa de su gente. No es el principio; mucho menos, el final. Es bueno saber que caminamos hacia un país pleno de derechos.

Federico Preve Cocco