El proyecto que establece un impuesto a las jubilaciones militares más altas, enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento, ingresó a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores el 13 de octubre. Aunque los legisladores del Partido Colorado, el Partido Nacional y el Partido Independiente que integran la comisión aún no lo estudiaron a fondo, adelantaron su predisposición en algunos casos, y su voluntad en otros, de no votar la iniciativa.

“No me entusiasma, no me gusta. Me parece que antes de poner impuestos al barrer, hay que ver cómo va a empezar a funcionar el servicio de pensiones, porque a lo mejor hay que hacer modificaciones profundas. Esto es tapar el agujero a ver qué pasa; yo no estoy de acuerdo”, dijo a la diaria el senador colorado José Amorín Batlle.

“En principio, no nos gusta. Nos parece que pretende arreglar con un zarpazo un problema crónico, que requiere una reestructura de toda la estructura militar. El camino debería ser otro, y no ‘porque preciso recursos, meto la mano y pongo impuestos’, que además se suman al IASS [Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social]”, cuestionó el diputado del Partido Independiente Daniel Radío.

El nacionalista Luis Alberto Heber dijo que su partido todavía no analizó la iniciativa, pero sostuvo que la predisposición es a no votarla. “Más impuestos no queremos en ningún caso”, afirmó.

En la exposición de motivos, el Poder Ejecutivo explica que la intención es “contribuir a paliar en el corto plazo el grave desequilibrio financiero” por el que atraviesa el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas. El impuesto tiene carácter progresivo y lo pagará el 20% de las jubilaciones militares más altas, a partir de 15 Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC), equivalente a una jubilación de aproximadamente 50.100 pesos. A modo de ejemplo, quienes reciban 50.100 pesos de jubilación deberán pagar 1.002 pesos de impuesto, quienes reciban 66.800 pesos de jubilación deberán pagar 6.680 pesos, y quienes perciban 137.000 pesos de jubilación deberán pagar 27.400 pesos.

El Ejecutivo plantea que se trata de una medida transitoria, hasta tanto se apruebe la reforma de la Caja Militar, para la cual todavía no hay un proyecto. Lo recaudado se destinará en forma íntegra al Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas; se prevé con esta medida disminuir en 10% la transferencia de Rentas Generales a esa caja, que es deficitaria en aproximadamente 13.000 millones de pesos anuales.

Los retirados militares expresaron su molestia con la medida. El diario El País informó el 13 de octubre que están decididos a presentar “un centenar de recursos de inconstitucionalidad” contra el proyecto de ley, por considerarlo “expropiatorio” y “confiscatorio”, además de iniciar acciones por “daños y perjuicios”. El presidente del Centro Militar, el coronel retirado Carlos Silva, dijo a ese medio que los retirados están “todos enojados, como locos”, porque “después de trabajar toda la vida” les quitan “la mitad de los haberes”. Incluso comentó que algunos “camaradas” piensan en “buscar trabajo porque no les va a alcanzar el dinero”.