La Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión de la Cámara de Senadores sigue votando el proyecto de ley Violencia hacia las Mujeres Basada en Género, que fue propuesto por el Poder Ejecutivo y que desde mayo está a estudio de la comisión. La votación comenzó el 8 de agosto, pero los legisladores interrumpieron su tratamiento para abordar la Rendición de Cuentas. En una de las dos sesiones de setiembre la comisión recibió a representantes del Instituto de Derecho Penal de la Universidad de la República, que puso reparos respecto de los artículos que sustituyen contenidos del Código Penal; las diferencias no fueron laudadas y los senadores prevén cambios en la redacción original, pero siguieron con la votación porque las normas penales están contenidas en el capítulo 6.
Ayer la comisión continuó con la votación. “Venimos bien, porque los artículos se están aprobando por unanimidad; el problema es que venimos bastante lento todavía: vamos en el artículo 6º y son 103”, explicó a la diaria Verónica Alonso (Partido Nacional), presidenta de la comisión. Agregó que la intención es que el texto “no sea redundante”, y consideró que “en algunos artículos es reiterativo y no queremos que genere discusión”.
El proyecto partió de la redacción de las abogadas Diana González y Alicia Deus, expertas en violencia infantil y de género, y contó con el trabajo interinstitucional de representantes designados por los organismos que integran el Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica, tal como había explicado Mariella Mazzotti, directora del Instituto Nacional de las Mujeres, al presentar el proyecto a los legisladores. El texto, además, ya fue estudiado y ratificado por el Consejo de Ministros y Presidencia de la República, valoró Mazzotti.
Pero los legisladores se hallaron frente a un texto redactado con un lenguaje al que no están acostumbrados. “Esta es una ley innovadora en su enfoque, que incorpora un conjunto de categorías que no son las habituales en el derecho o en las normas”, reflexionaba el senador Marcos Otheguy en la sesión del 19 de setiembre, mientras la comisión trataba el inciso que describe a la violencia simbólica como “la ejercida a través de mensajes, valores, símbolos, íconos, signos e imposiciones sociales, económicas, políticas, culturales y de creencias religiosas que transmiten, reproducen y consolidan relaciones de dominación, exclusión, desigualdad y discriminación, que contribuyen a naturalizar la subordinación de las mujeres”. Un desconcierto similar les provocó parte de la definición de violencia obstétrica, detallada como “toda acción, omisión o patrón de conducta del personal de la salud, dirigida a la apropiación del cuerpo y de los procesos reproductivos de una mujer, que afecta su autonomía para decidir libremente sobre su cuerpo y que se expresa en un trato deshumanizador, el abuso de medicalización y la patologización de los procesos naturales”. Les llamó la atención expresiones como “apropiación del cuerpo”, hubo inquietud respecto de la referencia a “abuso de medicalización y patologización de procesos naturales” y quedaron en llevar otra propuesta de redacción para la sesión de ayer. Eso ocurrió también con otros artículos y, según dijo ayer Alonso, todavía no se presentaron las nuevas redacciones.
Se apunta a una ley integral de violencia de género; además de definir las formas de violencia, pauta la respuesta interinstitucional así como lineamientos para las políticas públicas, estipula la red de servicios de atención a mujeres en situación de violencia basada en género, modifica aspectos del proceso judicial y normas penales. Los legisladores coinciden en la conveniencia de su aprobación; “es una ley en la que todos estamos de acuerdo”, expresó el senador colorado Germán Coutinho el 19 de setiembre.