El Tratado de Libre Comercio (TLC) con Chile es un documento de 300 páginas dividido en 20 capítulos que será sometido a consideración del Parlamento. Permitirá liberalizar servicios y “concretar cadenas regionales de valor”, dijeron ayer los cancilleres de ambos países, Heraldo Muñoz y Rodolfo Nin Novoa, tras la firma del acuerdo, en la que estuvo presente el presidente Tabaré Vázquez.

Nin Novoa explicó que el acuerdo “completa” el Acuerdo de Complementación Económica número 35 que ambos países suscribieron en 1996, en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración. La desgravación arancelaria en bienes ya es total entre ambos países a partir del acuerdo 35 y de posteriores disposiciones que ampliaron la liberalización comercial, y que incluye, por ejemplo, a las zonas francas a partir de 2010.

Los bienes, por lo tanto, no son la novedad de este acuerdo, sino los servicios. “Incorporar servicios nos permite concretar cadenas regionales de valor. En la medida en que lo hacemos juntos, nos puede tornar más competitivos en la arena internacional”, manifestó Muñoz. Uruguay excluyó de la negociación del TLC con Chile las telecomunicaciones y los servicios financieros, que en las negociaciones del Acuerdo de Comercio de Servicios habían sido identificados como sectores sensibles. Otros puntos complejos para el país que quedaron excluidos fueron los capítulos de derechos de autor y patentes, porque las legislaciones de ambos países son “muy diferentes” al respecto, explicó Nin.

Por otra parte, hay disposiciones que afectan al comercio de bienes que también son novedosas; se acordaron aspectos vinculados a la coherencia regulatoria, la facilitación del comercio y la armonización de las normas aduaneras.

Sobre la oposición del PIT-CNT a la firma del acuerdo, Nin dijo que la central tendrá sus motivos para oponerse, pero que el capítulo sobre normas laborales protege los estándares de Uruguay. “Los trabajadores uruguayos no van a perder absolutamente ningún derecho”, afirmó.

Nin destacó la velocidad con la que ambos países concluyeron el acuerdo. “Se hizo en un tiempo inédito por lo rápido. Se empezó en enero, con un tratado para evitar la doble tributación, y después se pasó a este tratado, y se hizo en ocho meses. Uruguay tuvo que acoplarse a un sistema de negociación que tenía desacoplado desde hace más de 12 años, porque el último tratado bilateral que Uruguay hizo fue en 2004”, señaló Nin. Informó que en las negociaciones participaron diez ministerios y 40 técnicos, y valoró que el resultado es “altamente positivo y satisfactorio”. “La misión que tiene la cancillería de Uruguay es abrirse al mundo. Uruguay tiene muchos mercados abiertos, pero tenemos que pagar mucho dinero para acceder a ellos, más de 600 millones de dólares”, sostuvo Nin.

Muñoz explicó que la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, instruyó a la cancillería de su país a buscar un “acercamiento al Mercosur desde la Alianza del Pacífico”. Destacó que el TLC suscrito es un acuerdo “de última generación” que incluye, además de bienes y servicios, capítulos sobre normas laborales, promoción de pequeñas y medianas empresas, género y medioambiente, para que “el comercio internacional no sea a costa del desarrollo sustentable”. Dijo que el capítulo de género “estimula la participación de la mujer”.

Invitados a la mesa

Las autoridades de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCS), de la Cámara de Industrias, de la Cámara Mercantil de Productos del País y de la Cámara Uruguaya de las Tecnologías de la Información (CUTI) se reunieron ayer con ambos cancilleres en el Palacio Santos.

El presidente de la CNCS, Carlos Perera dijo a la diaria que están “totalmente de acuerdo” con el TLC con Chile. “Nosotros añoramos todo este tipo de cosas”, afirmó.

El software será uno de los sectores beneficiados por el TLC con Chile. Alexandra Ongai, gerenta de Internacionalización de CUTI, informó a la diaria que Chile es el sexto destino de las exportaciones de software de Uruguay y que actualmente ese país cobra 15% por concepto de retenciones al software uruguayo. Según informó Nin, el acuerdo prevé “una libertad de intercambio con un pequeño gravamen”. Al mismo tiempo, Uruguay cobra 12,5% al software chileno, porcentaje que también se reducirá. La reducción al mínimo de las retenciones es positiva para el sector, destacó Ongai. Álvaro Lamé, presidente de CUTI, dijo a la diaria que el canciller chileno “quedó bastante interesado con nuestra industria de software”. “Chile y Uruguay son más o menos parecidos en tecnología, y conversamos sobre cómo avanzar juntos”, señaló.