La directora del Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis) del Ministerio de Desarrollo Social, Begoña Grau, anunció ayer que están trabajando en varios anteproyectos de ley: uno para crear el Instituto Nacional de Discapacidad, otro para adecuar la normativa vigente y otro -que puede terminar por coincidir con el anterior- para generar una calificación y certificación única de discapacidad. También señaló que junto con la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo están elaborando un “protocolo de aceptación de ingreso de las personas con discapacidad” a los sistemas educativos. A su vez, recordó que aún falta reglamentar los capítulos referidos a educación, certificación única y transporte de la Ley Nº 18.651, de Protección Integral a las Personas con Discapacidad, aprobada en 2010. Señaló, además, que se realizará el primer censo de personas con discapacidad presas: adultos y niños y adolescentes que estén en cárceles o en la sala de seguridad del Hospital Vilardebó.

En 2012 comenzó la coordinación del trabajo de diseño de un Plan Nacional de Acceso a la Justicia y Protección Jurídica de las Personas en Situación de Discapacidad, que quedó listo en octubre de 2015. Para ponerlo en marcha, este mes el Pronadis llevará adelante una serie de conferencias -el jueves 27 y viernes 28 de octubre- de la abogada experta en llevar la jurisprudencia del papel a los hechos: la argentina Agustina Palacios.

El objetivo es derribar barreras jurídicas, físicas, institucionales, culturales y sociales que impiden el acceso a la Justicia de las personas con discapacidad. Para eso, se desarrollaron cinco líneas estratégicas que apuntan a cambiar el modelo de “sustitución” por uno de “apoyo”: dejar de hacer las cosas por la persona con discapacidad y, en cambio, apoyarla para que pueda tomar sus propias decisiones. Pronadis está especialmente preocupado por las personas con discapacidad intelectual o psicosocial, y es por eso que hará hincapié en el trabajo de acceso con estas personas. En ese sentido, Grau señaló que para conocer la situación en esta área están haciendo un relevamiento de accesibilidad.

Censo

El viernes se llevó a cabo la primera mesa de trabajo para abordar la discapacidad en privación de libertad. Grau explicó que les interesa generar “acciones” para el ingreso, la estadía y el egreso del sistema carcelario de las personas presas que tienen una discapacidad o la adquieren durante el período de privación de libertad. Se acordó realizar un censo. “Nos preocupan especialmente las personas con discapacidad intelectual privadas de libertad, que pueden pasar desapercibidas y son las más vulnerables dentro del sistema”, dijo Grau. También se pondrá el foco en personas con discapacidad psicosocial, que, asegura, son la mayoría -y las más complejas-, además de aquellas que tienen discapacidad visual, auditiva y motriz. Luego de procesar los datos se podrá hacer una evaluación más exhaustiva y valorar situaciones de discapacidad concretas, para generar las mencionadas “acciones”. Además, prevén la capacitación de los equipos de trabajo del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y del Servicio de Atención Integral de Personas Privadas de Libertad (SAI-PPL) de la Administración de los Servicios de Salud del Estado. En la próxima mesa, prevista para noviembre, se trabajará sobre la etapa de ingreso de las personas con discapacidad a las cárceles.

Además del INR y SAI-PPL, participan el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, el Comisionado Parlamentario Penitenciario, el Ministerio de Salud, el de Relaciones Exteriores, Naciones Unidas Uruguay y, además de las organizaciones sociales vinculadas con el tema de la discapacidad, el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay y el Servicio Paz y Justicia.

Exigir y cumplir

El Estado incumple con la Ley Nº 18.651, de Protección Integral a las Personas con Discapacidad, que estipula que todo organismo público debe completar 4% de sus vacantes con personas con discapacidad: la realidad es que el año pasado sólo se llegó a 0,4%. Grau aseguró que “no se está incumpliendo por desconocimiento de la ley, sino por el desconocimiento de la temática: no se sabe cómo incluir a las personas con discapacidad”. En ese sentido, aseguró que junto con la Oficina Nacional del Servicio Civil están trabajando para que se realicen llamados específicos para personas con discapacidad.