El viernes, el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) se pronunció en contra de la ley sobre libertad anticipada que la Cámara de Diputados aprobó el 19 de octubre y que espera la promulgación del Poder Ejecutivo. La norma elimina las libertades y penas alternativas para delincuentes que hayan reincidido, y se aplica a delitos graves como la violación, el secuestro, el copamiento, la rapiña y el homicidio agravado. En el comunicado, Serpaj manifestó que la norma “implica un retroceso importante en materia de derechos -y no de beneficios, como retóricamente es utilizado por actores del sistema político- en relación a la ley de Humanización Carcelaria, promovida también por el actual partido de gobierno, con la contradicción que esto representa”. La organización no gubernamental en materia de derechos humanos entiende que esta ley que restringe las libertades anticipadas forma parte de “un paquete de medidas que el conjunto del sistema político acordó con una fuerte lógica punitiva y de castigo, sosteniendo que más tiempo de encierro, por lo tanto más dolor, generará otra posible trayectoria en las personas que se encuentran privadas de su libertad”. Esta ley fue parte de los acuerdos interpartidarios que se establecieron en las reuniones sobre seguridad convocadas por el presidente Tabaré Vázquez.