Para enfrentar el problema del tabaco “no hay otro camino que el de la información a la población y el de la educación”, dijo el presidente Tabaré Vázquez, pero de todos modos él se propone avanzar de otra forma. Según lo adelantó el lunes 24, durante el primer Foro Multidisciplinario del Cáncer realizado en Buenos Aires, su intención es prohibir, entre otras cosas, que se fume en las entradas de las instituciones de salud y de enseñanza, y también en los lugares donde se realicen espectáculos deportivos.

Mediante una larga exposición (que se puede ver en http://ladiaria.com.uy/UMG, a partir del minuto 23), Vázquez dejó muy claro que, más allá de la protección a los llamados “fumadores pasivos”, invocada durante su primera presidencia para justificar otras prohibiciones, su ideal es la erradicación total del consumo de tabaco. En este sentido, el presidente va más lejos que la Organización Mundial de la Salud, cuyos documentos en la materia suelen plantear sólo metas de reducción. Es como si su pensamiento al respecto se formulara en el idioma inglés, que tiene, como el español, una palabra específica para la adicción al alcohol, pero usa smoking para referirse tanto a la adicción al tabaco como al acto de fumar.

Resulta incómodo señalarlo, pero aunque no cabe duda de que el tabaquismo causa gravísimos daños (incluyendo casi seis millones de muertes anuales), ni de que el doctor Vázquez tiene un sincero afán benefactor, es muy difícil acompañar su enfoque conceptual de la cuestión. Según el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la ONU en 1966, “toda persona tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”. Esto no significa que las personas tengan la obligación de evitar todo lo que pueda perjudicar su bienestar (si tal cosa fuera posible), y mucho menos que sea legítimo coaccionarlas para que no se hagan daño a sí mismas. No hay por qué aceptar que la posibilidad de vivir más años deba pagarse viviéndolos con menos libertad.

La manera sanitarista de enfrentar este asunto asume que está “científicamente demostrado” cuáles son las conductas más saludables, y que quien adopta otras demuestra que no sabe lo que le conviene o no está en condiciones de hacerlo (o sea que en realidad no puede ser libre), justificando así que el Estado haga todo lo posible para corregirlo. Les propongo a los lectores imaginar qué sucedería si este criterio se aplicara en políticas de promoción de la salud mental.

En nuestro país se aprobó una ley -aún sin muchos resultados prácticos, pero que algún día los tendrá- que no sólo acepta el consumo recreativo de la marihuana, sino que involucra al Estado en sus procesos de producción y comercialización. Pero si por Vázquez fuera, la producción y comercialización de cualquier derivado fumable del tabaco estaría prohibida. Una de las dos posturas es equivocada, y sería bueno discutirlo más a fondo, sin miedo a la libertad.