La charla “Los asalariados rurales y los Consejos de Salarios” se desarrolló en la Facultad de Agronomía, en el curso Sociedad rural, actores e instituciones, de la maestría en Desarrollo Rural Sustentable. Habría cerca de 15 oyentes: agrónomos, egresados de otras carreras universitarias y tres estudiantes de El Salvador, Chile y Colombia. Virginia Rossi, docente de Extensión Rural de Agronomía, dijo a la diaria que el objetivo del curso “es entender el desarrollo, la dinámica de la acción colectiva en el sistema rural, una sociedad que está marcada por distintas clases sociales”, pero señaló una segunda finalidad: “Someter a crítica la acción del Estado y nuestra propia acción como técnicos, reconocer los límites de nuestras políticas, cuál es el papel que estamos jugando en este mapa de desarrollo”. La charla de las invitadas fue amena; transmitieron las luchas cotidianas que viven como asalariadas rurales y lo hicieron con sencillez y humor. Las exposiciones motivaron preguntas de los estudiantes; la empatía y la emoción flotaban en el ambiente. Sobre el final de la mañana, una de las cursantes no podía sino llorar. Rossi diría después que esos “procesos de movilización interna” ocurren “cuando uno tiene la oportunidad de actuar directamente; ya no está leyendo un libro ni haciendo una teoría: está viendo en la realidad cómo operan esos conflictos en la vida de las personas”.

Organizaciones desparejas

Paola Mascheroni, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República y autora del libro Democracia y ciudadanía en el campo. Los primeros Consejos de Salarios Rurales en Uruguay, introdujo el tema, contando la relación histórica entre empleadores y asalariados rurales. “Siempre estuvieron en desventaja respecto de otros sectores”, afirmó Mascheroni, recordando a los trabajadores que históricamente tuvieron menos garantías laborales que el resto en relación al régimen de descanso, a la jornada laboral y al cobro de horas extra. También habló de la restricciones de la libertad sindical y de que, aunque la ley de negociación colectiva es de 1943, ellos fueron incluidos recién en 2005. Eran tratados como “ciudadanos de segunda”, dijo, debido al poder “ejercido por los grupos dominantes del agro”, que tenían delegados al frente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Con la excusa de hablar de una “gran familia rural”, explicó, los empleadores trataron de limitar la legislación laboral; un planteo que volvió a esgrimirse a comienzos del siglo XX y del siglo XXI. También señaló la asimetría entre la organización de estancieros y la debilidad de las organizaciones de trabajadores, perjudicadas por el aislamiento y las presiones de los empleadores.

Mascheroni identificó los derechos logrados a partir de 2005: participación en los Consejos de Salarios, leyes de limitación de jornada laboral, de garantías para el ejercicio de libertades sindicales, creación del Día del Trabajador Rural y cuestiones como que la alimentación, la vivienda y el pago en especies no formen parte del salario mínimo. Los trabajadores rurales tuvieron, por primera vez, voz y voto, pero -aunque el Estado tomó el rol de mediador- los empresarios “trataron de dilatar la aprobación de cambios” y de “desprestigiar el ámbito de negociación”. El salario real rural creció 91% entre 2006 y 2015, aunque, explicó la docente, se mantiene una gran brecha entre los que cobran más y menos, y 20% de los salarios está por debajo de la línea de pobreza.

Verdes y maduras

Graciela Sena se presentó como “cosechera” de citrus; trabaja desde hace 15 años en el sector rural. Sin rodeos, contó que el grupo número 23 de los Consejos de Salarios (viñedos, fruticultura, horticultura, criaderos de aves, suinos, apicultura, entre otros) firmó el convenio salarial a fines de junio con el aumento más bajo, por ser considerado un sector en problemas: el sueldo nominal se fijó en 10.882 pesos.

Dijo que la fruta “está sufriendo una peste nueva, la mancha negra”, que llevó a que este año Estados Unidos y Europa rechazaran algunas variedades de naranjas. Se exportó a Rusia, pero a 462 dólares la tonelada, cuando Europa paga 650 y Estados Unidos 1.300 dólares. “Si la mancha negra se extiende, se corre el riesgo de que la citricultura desaparezca; van a arrancar montes de [naranjas] valencia para plantar otras variedades que no tengan riesgo de contraer esas enfermedades”, explicó.

El ingreso al mercado estadounidense, en 2014, impuso sus exigencias: las frutas no deben tener semillas ni pueden ser recolectadas del suelo. Hay variedades que “no son exportables”, así que muchos productores están arrancando montes; la reconversión implicará una merma de tres a cinco años en la producción. Además, las zafras son más cortas, porque la reconversión ha terminado con variedades de naranja, limón y pomelo que se cosechaban en febrero y hasta diciembre. Ahora, en cambio, la cosecha va de fines de marzo a fines de setiembre. La situación se agravó por las lluvias: en la primera quincena de abril trabajaron cuatro días y seis en la segunda; “generamos 6.800 pesos”, lamentó Sena. Desde entonces, solicitan un seguro especial de desempleo, que el 27 de setiembre les fue concedido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y se extenderá por un año.

A todo esto, OSDOR denuncia que el sector empresarial está desconociendo derechos adquiridos consagrados en otros Consejos de Salarios, como el pago por antigüedad y presentismo (algo que está siendo tratado en el MTSS), que no están cumpliendo con pagos retroactivos y violan el derecho de libertad sindical.

No cambió gran cosa

“¿Qué cambió?”, expresó María Flores, recogiendo una pregunta de los estudiantes. “No ha cambiado en gran cosa el sistema, realmente no vamos a cambiar algo que viene desde hace años atrás”, lamentó. Hubo avances en el salario, en que haya un Día del Trabajador Rural -que catalogó de “dignificante”- y en que los empresarios ya no puedan ignorar la organización de trabajadores. Pero Flores relató que, con grandes dificultades, los delegados de SUTTA llegan a Montevideo a participar en los Consejos de Salarios y encuentran que los delegados de los empresarios no asisten, o responden, simplemente, que deben consultar a sus representados, postergando así los acuerdos. Habló de las estrategias de los patrones para que no puedan salir, de las sanciones que reciben por no tener la licencia sindical firmada por un delegado del Ejecutivo del PIT-CNT con 72 horas de antelación, y de los referentes de recursos humanos de los megatambos, “que te hablan bonito y vos decís ‘¿qué me estás diciendo?’”. Explicó las dificultades para que los convenios se firmen en fecha, y los peros para cobrar retroactivos de 1.500 pesos en varios meses, cuando el sueldo nominal de un aprendiz está en 13.800 pesos. Graficó la diferencia de clases en el rechazo de una patrona a que su hija se junte con la de ella, porque la niña de la trabajadora “puede tener piojos o las manos sucias”.