La fiesta en el local Coyote fue el domingo, por el feriado, y era para mayores de 14 años. El problema surgió porque el local, del barrio Reducto, estaba llegando al límite de su capacidad, y había mucha gente afuera que todavía tenía entradas. Según informó el prosecretario de la Intendencia de Montevideo (IM), Christian di Candia, a la 1.30 un equipo de inspectores constató que había 900 personas dentro y que se estaba cerca del tope para el que el local tiene habilitación, que es de 1.100 personas. En ese momento, los jóvenes que estaban afuera comenzaron a presionar para “intentar entrar por avalancha”, ante lo que la seguridad resolvió cerrar las puertas “hasta que se calmara la situación, lo que nunca pasó”, dijo Di Candia.

Nicolás y cuatro amigos tenían entradas, pero las vendieron cuando vieron que no iban a poder entrar, y se quedaron en la vereda de enfrente del local. Hubo pedreas y peleas entre la gente que estaba en la puerta del local, y desde adentro tiraron gas pimienta, lo que hizo que muchos jóvenes cruzaran hacia donde estaban Nicolás y sus amigos. Uno de los empleados de seguridad cruzó a pedir que se fueran, mientras otra trifulca se generaba entre otros grupos. Cuando ellos se estaban yendo, otro funcionario, con una cachiporra en la mano, insistió en que se fueran “porque los iban a picar”. En eso, otros funcionarios de seguridad bajaron de una camioneta blanca y primero le pegaron a Nicolás; luego, uno sacó un arma, disparó a uno de los amigos y falló. Hubo más tiros al piso, el grupo se separó y el del arma le tiró, en el pecho, a Nicolás, que murió unos minutos después. Otro joven de 19 años resultó herido de bala y fue internado en el Hospital Español.

El caso está siendo investigado por el juez Nelson dos Santos y el fiscal Gustavo Zubía. Ayer se detuvo en calidad de indagado a uno de los empleados de seguridad que, a su vez, es agente de la Guardia Republicana. Desde la Ley de Presupuesto 2010-2015 los efectivos policiales no pueden trabajar en tareas de seguridad privadas, conocidas en la interna como “el servicio 223”. Esa prohibición fue recogida luego, en 2015, en la Ley Orgánica Policial. Desde el Ministerio del Interior se confirmó que el indagado es agente de la Guardia Republicana; el arma utilizada habría sido la de reglamento. Zubía informó anoche que esa persona, el único detenido hasta el momento, no es el único indagado por los hechos, y que las citaciones continuarán durante la jornada de hoy. El juez Dos Santos, en tanto, informó a El Observador que está citada la dueña del local, que será investigada por sobreventa de entradas.

Nicolás tenía 19 años y estudiaba en Los Pinos el curso de Operario Industrial. Mayda Burjel, coordinadora de Cultura del Centro Sacude de Casavalle, que acompañó a los amigos de Nicolás a declarar, dijo que era tranquilo, que era muy querido en el barrio, y que en el Sacude estaba vinculado a proyectos de mejora del barrio y a un grupo de jóvenes. Los amigos de Nicolás remarcaron ayer que no estuvieron involucrados en las peleas que hubo en el lugar, sobre la calle Colorado esquina San Martín.

Ayer muchos vecinos de la zona denunciaron que las peleas y trifulcas son moneda corriente los fines de semana, si bien Di Candia informó que ni el Municipio C ni la IM tienen denuncias por disturbios en ese local. Sí hubo un aumento de las denuncias por ruidos molestos, en particular desde mediados de año. Actualmente, explicó Di Candia, hay tres expedientes por denuncias de ruidos molestos desde agosto, y hubo otra multa por exceso de capacidad en la fiesta de la noche del 24 de agosto. Los expedientes se están tramitando en la comuna y, de confirmarse las tres multas, se podría determinar la prohibición de funcionamiento. “La prohibición se mantiene hasta tanto se solucione la situación, y si se viola la prohibición de funcionamiento sí se podría dar la clausura”, dijo el prosecretario, que aclaró que esa decisión “no se va a tomar de un día para el otro”. De todas formas, Di Candia adelantó que, teniendo en cuenta lo que pasó en la madrugada de ayer, va a plantear en el gabinete “estudiar el tema globalmente, en conjunto con el Municipio C, la Jefatura de Policía y otros actores”.