La Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) y la Asociación de Actuarios Judiciales del Uruguay (ADAJU) informaron ayer que 400 trabajadores presentarán demandas contra la Suprema Corte de Justicia (SCJ) por las diferencias salariales generadas desde 2011. Para entender esta trama, una maraña legal un poco compleja, tenemos que ir a la ley de presupuesto para el período 2010-2014, la Nº 18.719, y a su artículo 64, que estableció aumentos en la remuneración de cargos de particular confianza, equiparándolos con el salario de los senadores de la República.
En aquel momento, ni el gobierno ni el Parlamento advirtieron el conflicto que generarían. Es que el artículo 85 de la Ley Nº 15.750 establece que “la dotación de los miembros de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo no podrá ser inferior a lo que en cada caso se establezca para los Ministros Secretarios de Estado”, por lo que los aumentos en los salarios de los ministros implicaban también un aumento -de aproximadamente 26%-, del salario de los ministros de la SCJ. Este aumento en la remuneración de los ministros de la SCJ repercute en toda la escala salarial del Poder Judicial, ya que otra ley de presupuesto, la 17.930, establecía una “nueva escala de sueldos” a partir del sueldo base del cargo de subdirector general de los Servicios Administrativos, “en forma decreciente hasta el último grado de los escalafones”. El sueldo del subdirector equivale a 80% de la remuneración de los ministros de la SCJ, de tal manera que todo se encadena en lo que se conoce como “enganche”.
Unos 3.700 trabajadores del Poder Judicial presentaron una demanda, a la que hizo lugar una sentencia del Tribunal de Apelaciones del 30 de marzo de este año, que condenó al Estado -al Poder Judicial- a abonar el dinero adeudado a los trabajadores desde 2011, año en que se comenzó a pagar lo establecido a los ministros de la SCJ. En diciembre de 2015, el Estado entregó una partida de 246 millones de pesos, de la que los trabajadores cobraron una parte de los adeudos. Sin embargo, Carlos Fessler, secretario general de AFJU, explicó a la diaria que al no realizarse los ajustes correspondientes, “cada día que pasa, los trabajadores tienen un derecho salarial para reclamar al Estado, y el Estado tiene una nueva deuda ante los trabajadores”.
Entonces, mientras no se resuelve el pago de esa deuda -los trabajadores tienen una reunión prevista con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, para tratar el asunto-, 400 trabajadores que ingresaron en 2014 presentaron denuncias ante la SCJ, exigiendo también el pago de lo adeudado. En este caso, los demandantes reclaman desde que ingresaron, en 2014, hasta 2016, y no, naturalmente, desde 2011, como el resto de los funcionarios. “AFJU está dispuesta a escuchar al Poder Ejecutivo, porque son montos muy importantes y entendemos el estado de las arcas del Estado, pero en su momento ellos prefirieron legislar y blindarse para no pagar la deuda”, dijo Fessler, y agregó que la propuesta es: “Vamos a parar el daño, lo regularizamos con un ajuste salarial, que debería ser de entre 14% y 15%, y después conversamos sobre cómo solucionamos el problema de la deuda, porque si no regularizamos la situación, la cadena de deuda va a ser permanente”.