La peculiar situación política que muestra el Frente Amplio (FA) desde hace dos semanas en la Cámara de Diputados no tardará en cobrarle sus primeras consecuencias. La semana que viene la oposición por primera vez podrá crear una comisión investigadora sin depender del oficialismo, tras 12 años en los que abundaron infructuosos intentos.
El diputado que tendrá el privilegio de ver cómo la cámara da lugar a su denuncia es el nacionalista Pablo Abdala, cuyas denuncias sobre el proceso de adjudicación de la regasificadora tienen ya larga data. El legislador ya había interpelado a la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, por este tema, en setiembre del año pasado, y en esa ocasión ella “demostró escasa o nula voluntad de colaborar con el Parlamento”, dice en un resumen de su denuncia que presentó ayer ante la prensa, debido a que “buena parte de las preguntas que se le formularon en tales instancias parlamentarias quedaron sin contestar”.
En ese escrito Abdala resume las principales aristas de su denuncia. El legislador sostiene que hubo irregularidades en el proceso de adjudicación de GNLS y OAS, ya que “parte importante de los contenidos del contrato finalmente suscrito parece definido ‘a imagen y semejanza’ del interés de la contraparte”. En cuanto a GNLS, sostiene que “la propuesta que resultó, a la postre, adjudicataria del contrato, no surge de los antecedentes que fuera la oferta más conveniente, ni técnica ni económicamente”. Desde el punto de vista económico, Abdala objeta que era “la segunda más cara, entre cuatro que se presentaron”. Mientras que a nivel técnico “informes encargados a UTE y a una consultora internacional especializada en terminales de regasificación, plantearon dudas y formularon cuestionamientos al proyecto de GNLS que las autoridades debieron tomar en cuenta”.
Abdala también asegura que entre las “irregularidades más notorias” está el otorgamiento de la autorización ambiental previa a la regasificadora, que “se gestionó con tal celeridad y apresuramiento, que se tramitó en ocho días” cuando esto “normalmente” demanda “por lo menos seis meses de estudio”. Según recuerda en el escrito que presentó, el entonces titular de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, Jorge Rucks, “denunció presiones por parte del gobierno que él mismo integraba”.
La figura del senador y ex presidente José Mujica aparece vinculada a la denuncia, mediante la constructora OAS, adjudicataria de la obra. Todo surge, recuerda Abdala, porque el empresario brasileño Benedito Rodrigues de Oliveira Neto reveló ante la Justicia de su país que en 2013 OAS le pagó tres millones de reales al ahora gobernador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, por entonces ministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil, para que este realizara gestiones ante el gobierno de Mujica en busca de, entre otras cosas, conseguir que OAS lograra la adjudicación de la regasificadora. En el resto del texto que presentó Abdala ayer, también denuncia que el Estado viene perdiendo 65 millones de dólares por la inconclusa obra; que esta tiene una “inadecuada ubicación geográfica”, y que Gas Sayago, la empresa creada con capitales de UTE y ANCAP que es responsable de la obra, tiene un “costoso funcionamiento” e incumple los objetivos para los que fue creada, asegura el diputado, ya que debía realizar “por sí o por terceros los estudios de ingeniería, ambientales, económicos, financieros y regulatorios para la construcción de una instalación de regasificación de Gas Nacional Licuado” en el país. “Podría caberle una importante dosis de responsabilidad a la Ing. Marta Jara [actual presidenta de ANCAP] quien, en su condición de gerente general de entonces, y en los hechos, condujo personalmente la empresa”, concluye el legislador.
Qué camino seguir
A diferencia de lo que ocurrió con la investigadora por los negocios con Venezuela, la inconexión entre el diputado frenteamplista independiente (y autónomo respecto de su bancada) Gonzalo Mujica y su par de Unidad Popular Eduardo Rubio no corre para este caso. Este último ya había dado su beneplácito a la propuesta de Abdala, mientras que Mujica resaltó ayer en diálogo con la diaria la necesidad de investigar el tema, “sobre todo por la parte de la adjudicación, por las afectaciones a las empresas uruguayas (que suministraban insumos a GNLS y OAS) y por el indicio de denuncia penal en Brasil, que podría afectar a la parte uruguaya. Son cosas sumamente importantes, y ahí hay que estudiarlas para descartar o confirmar [delitos]”.
La investigadora será presentada el viernes, la preinvestigadora sesionará el lunes y el martes, y la instalación de la investigadora se votará el miércoles. Conscientes de su situación minoritaria, los legisladores del FA elegirán qué diputados participarán en la investigadora hoy, en una reunión de su bancada. El diputado del FA Julio Battistoni aclaró que desconoce la denuncia, aunque no se mostró reacio a crear una comisión investigadora. “Lo que he oído son dichos. No puedo decir si hay documentos o confirmación de hechos, porque no sé cuáles son las pruebas que existen. Pero si hay un grado de duda, creo que vale la pena investigar”.