El Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (Cainfo) entiende que internet representa una “herramienta fundamental” para la libertad de expresión y el ejercicio de otros derechos; sin embargo, advierte que el desarrollo de políticas y regulaciones no siempre tiene en cuenta esa “vital característica”. Ayer se llevó a cabo el “Conversatorio sobre Derechos Humanos en internet” organizado por Cainfo y la Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung (Fesur), con el apoyo del Centro Cultural de España. Matías Jackson, consultor de Cainfo, dejó en claro que el escenario uruguayo “muestra la importancia de conocer cómo funciona internet” para regularlo; advirtió que no se están dando los debates necesarios para estipular responsabilidades, y abogó por generar un marco de regulación que “establezca hasta dónde tiene potestades el Estado uruguayo”.

Rafael Sanseviero, de Fesur, aseguró que en este campo “da la sensación de que es difícil identificar los desbalances del poder, dónde está el poder, el abuso, las capacidades y necesidades de regulación”, cuestiones todas que están “abiertas al debate, uno que todavía no se consolida”. Para ejemplificar cómo se relacionan los derechos humanos y la estructura arquitectónica de internet, Jackson contó que hace un par de meses recibió dos correos: uno “de unas personas activistas en derechos humanos” que lo consultaban por un sitio web de una organización estatal que tenía en su página web enlaces a páginas pornográficas, y “ningún tipo de anuncios para prevenir a los menores”. El sitio era “un clon de una empresa que no tenía nada que ver con el Estado uruguayo, y lo que había hecho era contratar los servicios de Google Adwords [publicidad], y automáticamente, como había un artículo sobre la industria pornográfica, Google había colgado links a páginas pornográficas”. El otro correo lo recibió al día siguiente: era de un periodista “preocupado por el cambio de hora que no se había dado en Uruguay, consultaba por qué no contactamos desde Uruguay al organismo que regula la hora en internet”. Jackson concluye que el “paralelismo” está en que los derechos humanos “guían el comportamiento y son un fuerte marco, por así llamarlo, del resto de la normativa: la forma en que está diseñada internet va a marcar cómo [se ejercen] los derechos” allí. Esto viene a cuento porque Jackson considera que “si se cree que las decisiones sobre políticas de internet se toman en lugares aislados, en un ciberespacio, y no tienen repercusión alguna en nuestras vidas, empezamos con un error”. En ese sentido, aseguró que la “libertad de expresión quizá sea el derecho que más sería potenciado con internet”, porque, hablando mal y pronto, se puede conectar cualquiera y decir cualquier cosa. Esta posibilidad está garantizada por la estructura de principios de internet: el “de acceso” -cualquiera que tenga un dispositivo con conexión puede acceder a la red-, el del “mejor esfuerzo” -es una red que no está centralizada, por ende, si la transmisión de información se ve perjudicada por un nodo caído, la red va a buscar la forma de llegar a destino-, el “de apertura” -se trata de procedimientos transparentes, por ende cualquiera puede trabajar en ellos-, y de “extremo a extremo” -la red no toma decisiones sobre el contenido, sino que el emisor y receptor son los que “desarman el paquete”-. En este marco, Jackson advierte que las discusiones sobre la regulación de internet en Uruguay dan “lugar” y “forma” a cómo se consigue el acceso a internet, una dimensión en que las decisiones de los proveedores “pueden tener un impacto sobre los derechos humanos”: la “forma perfecta” de ver la red es la que la presenta como “neutra”, donde se “asegura el acceso sin restricciones ni discriminaciones de ningún tipo”, pero, a medida que los proveedores -con el norte a la cabeza de la actividad comercial- “empiezan a querer tener un rol más preponderante” y, por tanto, a decidir sobre la “importancia” de los contenidos para así “desarrollar internet”, se entra en conflicto. Jackson señaló que en Uruguay no hay normativa, y que deberíamos cuestionarnos sobre la responsabilidad de los intermediarios: “¿Por qué podemos culpar a Facebook o a Google por contenidos que suben terceros?”. Por ahora, dijo que “si en Uruguay fuera necesario tomar una decisión, se tiene que recurrir a las reglas tradicionales de responsabilidad civil, a la ley de derechos de autor o a la ley de prensa. No hay un sistema que esté pensado para la realidad de internet y que garantice la salvaguarda de ese intermediario”.

Por otro lado, respecto de la libertad de expresión y la vigilancia, tema que salió a la luz tras la compra secreta de El Guardián, Jackson dijo que “es difícil hablar de libertad de expresión si no se puede salvaguardar la privacidad de las personas [...] En su núcleo más esencial guardan una estrecha relación: tenemos que garantizar que la persona se puede comunicar sin la mirada de terceros o del gobierno, para asegurar que puedan pensar, informarse y decidir”.