La mesa del diálogo social dedicada a Cambio Climático y Medioambiente trató ayer el tema “Residuos y desarrollo de capacidades”. Participaron referentes de diferentes organismos del Estado, intendencias y municipios, organizaciones sociales, académicos y personas que trabajan en diferentes áreas de la educación ambiental. Varias organizaciones presentaron proyectos para mejorar el tratamiento y la gestión de los residuos. Los asistentes reseñaron actividades y proyectos que vienen realizando. De diferentes formas transmitieron indignación por el escaso cuidado del medioambiente, tanto en lo que corresponde a cada uno -desde no tirar papeles en la calle o levantar la caca del perro a clasificar los residuos domiciliarios- como en lo que atañe a políticas públicas -la correcta disposición de los residuos clasificados, el control y la aplicación de sanciones- o la necesidad de educar, no sólo en la escuela, sino en todos los niveles del sistema educativo.

La Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) está trabajando en la elaboración de un anteproyecto de Ley General de Residuos; esa propuesta y el proyecto de ley de uso sustentable de bolsas plásticas, a estudio de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, fueron los dos temas de la intervención de Alejandro Nario, titular de la Dinama.

A la chismosa

Asusta ver la cantidad de bolsas de nailon que quedan como chirimbolos en los árboles cuando, luego de las crecientes, los cursos de agua vuelven a sus niveles normales; preocupa que vayan a parar a cañerías y obstruyan los desagües, la cantidad de años que pasarán para que se degraden, el hecho de que sean consumidas por la fauna marina. Fastidia el excesivo uso -innecesario-, a pedido del público o ante la insistente sugerencia de los comerciantes. Por todo eso, el gobierno envió en julio al Parlamento el proyecto de ley para regular el uso de bolsas plásticas que son suministradas al consumidor en los puntos de venta.

Lo más llamativo es que se prohibirá la entrega o el suministro gratuito de bolsas plásticas a los consumidores. Los fabricantes o importadores de bolsas deberán estar registrados y cumplir con los requisitos estipulados. Nario explicó que se apunta a tener bolsas de determinada calidad, con gramajes y tamaños que permitan su reutilización, por ejemplo, para desechar residuos.

Otra cosa

Los lineamientos de la Ley General de Residuos son discutidos desde julio en la Comisión Técnica de Medio Ambiente (Cotama), un ámbito integrado por instituciones del gobierno, organizaciones sociales, cámaras empresariales, trabajadores y representantes de la academia. Nario reseñó que con los aportes recogidos, en estos meses se elaboró un primer documento que está siendo revisado por los integrantes de la Cotama. Explicó que “no es un documento de consenso”, sino que refleja contraposiciones.

En diálogo con la prensa, Nario explicó que hay consenso en que “no se puede abordar el tema ambiental sin incluir a los clasificadores y a quieres recogen basura”. También hay acuerdo en que se haga “discriminación positiva” para incluir a los clasificadores en los puestos de trabajo que se generen, pero hay diferencias en el cómo. Hay quienes plantean que se conformen empresas cooperativas, y otros que las empresas tengan la obligación de integrar clasificadores. La Dinama se ha reunido con el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional y con el Ministerio de Desarrollo Social para pensar estrategias de apoyo a la inclusión laboral. Dijo que se creará un sistema de recolección de residuos por separado y que para su clasificación se generarán nuevos puestos de trabajo en los que podrán ser incluidos formalmente. Se está viendo, junto a diferentes organismos, la forma de promover la contratación de clasificadores para la limpieza de espacios públicos (tal vez estableciendo una cuota). Por otra parte, se está pensando en medidas de apoyo concreto para que los gobiernos departamentales hagan una adecuada disposición final de residuos, algo que ahora no ocurre.

“Que quien contamine pague” es uno de los principios de la ley en la que se está trabajando. Una idea es, por ejemplo, que paguen quienes introducen materiales no reutilizables, dijo, así como extender la Ley de Envases a residuos electrónicos y otros materiales, como vasos y bandejas. Para eso se prevé crear “un tributo en el cual quienes son los responsables de generar esa contaminación sean quienes financien la recolección, separación y disposición final de esos residuos”. Explicó que se está trabajando en la creación de “una tasa ambiental”. Aseguró que “no tiene afán recaudatorio”, puesto que lo que se recaude se invertirá en esa tarea, y que su implementación será gradual y planificada. Según informó Nario, economistas asesores de la Dinama informan que la tasa “no generaría ninguna distorsión económica y permitiría el cumplimiento de la premisa de que quien genera el hecho contaminante sea el responsable”. Informó que el sector empresarial ha manifestado preo- cupación por que “el sistema sea eficiente, y que ellos puedan estar para saber que los dineros se gastan de manera adecuada. Algunos plantean que siga siendo el sector privado el que tenga la capacidad de definir las inversiones, mientras que nuestra posición es que esto es una política pública y que, como tal, qué se hace con ese dinero debe ser parte de la planificación pública”. Aseguró que habrá transparencia para que se conozca el destino de los recursos.

Jorge Solari, de la Red de ONG Ambientalistas, dijo estar de acuerdo con el anteproyecto, pero no comparte el borrador elaborado en la Cotama, “por todo lo que no incluye”. Expresó que los temas que faltan harán que tenga un alcance limitado, como lo tiene la Ley de Envases. Solari transmitió que las organizaciones proponen crear una agencia nacional de residuos en la que estén involucrados todos los ministerios, y no sólo la Dinama. Por otro lado, discrepan con que no exista un plan nacional de residuos que dé orientaciones a la ley. Rechazan que el fideicomiso con el que se administren los fondos recaudados sean de gestión pública y plantean que deben participar “los trabajadores y la sociedad civil, en el más alto nivel, para no generar demoras y burocracia”. Tampoco aceptan el carácter general del proyecto, que apunta a cuestiones nacionales, porque dejar todo para la reglamentación hace que después queden muchas cosas por el camino.

La idea de la Dinama es tener el documento técnico de la ley de residuos antes de fin de año, para que sea evaluado en el Poder Ejecutivo, por otros ministerios y por Presidencia de la República, antes de elevarlo al Parlamento.