El proyecto de ley sobre transparencia fiscal internacional y prevención del lavado de activos dispone la obligatoriedad de informar sobre el beneficiario final de las sociedades y de comunicar a la Dirección General Impositiva (DGI) los saldos de las cuentas de las empresas. Además, desestimula por vía tributaria la creación de empresas offshore. Ayer fue aprobado por la Cámara de Diputados y pasó a estudio de la Cámara de Senadores.

El frenteamplista Alfredo Asti fue el miembro informante en mayoría. Sostuvo que el proyecto mejorará la normativa interna para obtener y acceder a información con fines tributarios, al tiempo que cumplirá con las normas de cooperación internacional en la materia.

El Partido Colorado (PC) y los legisladores de Todos hacia Adelante, el sector de Luis Lacalle Pou, acompañaron algunos artículos, pero votaron en contra en general de la iniciativa. “Yo no sé por qué quieren terminar con las offshore, si tributan en nuestro país y facilitan al individuo pensar en perspectivas económicas de futuro”, comentó el diputado del Partido Nacional (PN) Gustavo Penadés. Opinó que el proyecto viola la Constitución y la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, y que vulnera “los derechos del ciudadano y la necesidad de intervención del Poder Judicial”. Valoró, por otra parte, que las multas que se establecen por incumplimiento “son una barbaridad”. El diputado colorado Conrado Rodríguez coincidió en que el proyecto es inconstitucional y sostuvo que “no hay garantías de que la información no será utilizada con fines distintos” a los establecidos en la normativa.

El diputado frenteamplista Alejandro Sánchez cuestionó que se diga que el proyecto viola el derecho a la intimidad de las personas. “De los pobres tenemos que saber todo, tenemos que saber qué compran con la plata, si compran caramelos, pero de los ricos no. Que los ricos evadan impuestos, que no cumplan con sus obligaciones. Hay que respetar el derecho a la intimidad de los ricos, pero de los pobres hacemos una radiografía y construimos estados policíacos para controlarlos”, cuestionó. Remarcó que la iniciativa apunta a combatir la evasión de impuestos, que es un delito.

La diputada del PN Graciela Bianchi cuestionó lo que entendió como una acusación de proteger a los evasores dirigida a los legisladores que votaron en contra del proyecto. “Eso no se lo permito a nadie, y no me importa ser mujer, porque yo me puedo defender sola”, expresó, y le pidió a Sánchez que se deje de “decir estupideces” porque ella no pertenece a una familia rica, sino que es “trabajadora de toda la vida”.

Penadés consideró que el objetivo del proyecto no es cumplir con los requerimientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sino “controlar” y “recaudar”. “A controlar se ha dicho; a ver de qué manera podemos ‘recaudar se ha dicho’. Es realmente terrible”, lamentó. En el mismo sentido, el diputado colorado Rodríguez opinó que el proyecto de ley, “más que combatir el terrorismo y el lavado de activos, lo que hace es permitirle a la DGI una mayor recaudación”, y “no se basa en razones de interés general”. A su turno, el diputado frenteamplista Alfredo Asti afirmó que “por supuesto que la misión de la DGI es recaudar para solventar las políticas públicas del Estado”. “Eso no es ninguna novedad, pero no es el objetivo último de este proyecto”, acotó.

Penadés enfatizó que debe “defenderse” a los individuos de “los avances del Estado” y anunció que recibió una propuesta por parte de “un grupo de ciudadanos” para establecer mecanismos para “defender” a los individuos de la “embestida del Estado”. Prometió que convertirá estas ideas en un proyecto de ley.

A su turno, el diputado electo por el Frente Amplio Gonzalo Mujica, que ayer votó con el oficialismo, caviló que vivimos “en un mundo poco amistoso para la soberanía de los países pequeños” y coincidió con la reflexión de Penadés. De todos modos, valoró que si Uruguay no se pliega a los requerimientos globales en esta materia, “nos vamos a quedar al margen del mundo”.

El diputado del Partido Independiente Iván Posada fundamentó la posición de su partido, favorable a votar la mayoría del articulado del proyecto, salvo el artículo 2, que extiende la obligación de informar sus saldos a las empresas que residen en el país. Consideró que las disposiciones se justifican por razones de interés general y señaló que el único argumento que se esgrimió en favor de la inconstitucionalidad del proyecto es que viola el artículo 28. Este artículo de la Constitución establece que “los papeles de los particulares y su correspondencia epistolar, telegráfica o de cualquier otra especie, son inviolables, y nunca podrá hacerse su registro, examen o interceptación sino conforme a las leyes que se establecieron por razones de interés general”. Posada remarcó que debe determinarse si esa afectación del derecho a la intimidad está justificada en este caso por razones de interés general.

El diputado del PN Jorge Gandini confesó que no le gusta “la dirección general de este proyecto” pero consideró “inevitable” votarlo por las tendencias globales en la materia. “Si fuéramos gobierno, no tendríamos más remedio que seguir este camino”, comentó.

El diputado frenteamplista Alfredo Asti se preguntó por qué, si se proporciona información a una administración extranjera, la DGI no la debe tener. “Tenerla no implica que se inicie una investigación tributaria”, indicó. Sostuvo que el proyecto es constitucional, y citó jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que defiende la limitación de derechos por razones de interés general. Afirmó que las razones de interés general de la iniciativa son la obligatoriedad para Uruguay de cumplir con los acuerdos internacionales, y la necesidad de que los individuos “satisfagan los tributos para que el Estado pueda satisfacer sus obligaciones”. Remarcó que la información que se requiere “resulta indiscutiblemente necesaria” para la recaudación de los impuestos.

El proyecto resultó aprobado en general por 70 votos en 82, con la oposición de los legisladores del PC y el sector Todos hacia Adelante, del PN.