La propuesta del Movimiento de Participación Popular (MPP) de revisar la conformación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados por los archivos del fallecido coronel Elmar Castiglioni no encontró eco en la bancada de representantes del Frente Amplio (FA), por lo que la cámara baja tendrá, por primera vez durante este ejercicio de gobierno, una instancia de este tipo.

La moción del MPP consiguió el respaldo únicamente de otro sector, aunque se trató de Compromiso Frenteamplista, el grupo encabezado por Raúl Sendic, que constituye una de las bancadas más grandes del FA en Diputados.

El sector del ex presidente José Mujica argumentaba que la documentación que hasta el momento había recolectado la bancada del FA no era suficiente como para abrir una comisión investigadora. Pero estos argumentos no convencieron al resto de los sectores del FA, que optaron por seguir adelante. La semana pasada el diputado Luis Puig, del Partido por la Victoria del Pueblo, dio a la diaria sus razones para defender la creación de una investigadora: “Es gravísimo que en período democrático se realice un espionaje de inteligencia militar sobre presidentes de la República, jueces, dirigentes políticos y organizaciones sociales. Cualquier democracia del mundo debería plantear una investigación sobre estos temas”. Los archivos encontrados en la casa del fallecido coronel retirado revelaron una práctica sistemática de espionaje a partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales, llevada adelante por militares, en democracia.

En la bancada de diputados del FA también se presentaron dos proyectos de ley: uno de la bancada de diputados del Frente Liber Seregni (FLS) que refiere a normas sobre las empresas públicas, y otro de los diputados del oficialismo que integran la Comisión Especial sobre Cooperativismo de la Cámara, sobre las compras de los organismos públicos.

El proyecto presentado por la bancada del FLS incorpora a las “sociedades comerciales y entidades, nacionales o extranjeras, que pertenezcan total o mayoritariamente a organismos estatales” al contralor del Tribunal de Cuentas de la República y a las exigencias comprendidas en la Ley de Acceso a la Información Pública. También establece límites al dinero invertido en publicidad oficial para las empresas que sean monopólicas (0,05% de sus ingresos). Además, establece que los gastos en entes autónomos, servicios descentralizados o sus sociedades comerciales que superen los 3.700.000 dólares requerirán previa autorización del Poder Ejecutivo. Por otra parte, obliga a los directores de estos organismos a dedicarse a su función con “exclusión de toda otra actividad remunerada”, a excepción de la docencia. Por último, se determina que las “sociedades comerciales y entidades, nacionales o extranjeras, que pertenezcan total o parcialmente a entes autónomos o servicios descentralizados” deberán elevar anualmente a estos un informe de actividades.

El proyecto presentado por los legisladores de la Comisión Especial para el Cooperativismo, por su parte, establece que una cuota de las compras de los organismos públicos deberá destinarse a empresas de economía social, cooperativas y empresas recuperadas.

La otra cámara

Si bien estaba en el orden del día, la Cámara de Senadores no abordó ayer las venias para designar a los directores de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep): Ricardo Gil Iribarne como presidente, Daniel Borrelli como vicepresidente y Matilde Rodríguez Larreta como directora. La designación de esta última -que integra la lista 250, encabezada por el diputado blanco Jorge Gandini (Alianza Nacional)- causó malestar en filas del Partido Nacional (PN). Los blancos sostienen que su elección recaía sobre Carlos Soares de Lima, integrante del grupo Todos, que lidera Luis Lacalle Pou. “No se respetó el procedimiento normal de un acuerdo. Hay un lugar para el PN en la Jutep y le correspondía al grupo Todos poner un nombre”, recordó el senador Guillermo Besozzi el 19 de octubre, haciendo referencia a los acuerdos alcanzados entre el gobierno y la oposición para la participación de esta última en entes autónomos, servicios descentralizados y organismos de contralor. Debido a esta situación, el presidente del Honorable Directorio del Partido Nacional solicitó reunirse con el presidente Tabaré Vázquez para pedirle explicaciones. Hasta que el encuentro no se produzca y la situación no sea aclarada, los legisladores nacionalistas no darán su aprobación a las venias para la Jutep. El resto de la oposición se ha solidarizado con ellos, y sus votos son necesarios, dado que se requieren tres quintos de la cámara para alcanzar la aprobación.