En la audiencia pública del juicio por la Operación Cóndor del 18 de noviembre se presentaron ante la Tercera Corte de Asís de Roma las declaraciones finales de los abogados Alessia Liistro, Alicia Mejía, Martina Felicori y Andrea Ramadori para los casos de siete desaparecidos: los uruguayos Célica Gómez, Aída Sanz, Elsa Fernández y Guillermo Sobrino, los ítaloargentinos Luis Stamponi y Horacio Campiglia y el ítalochileno Jaime Donato.

La abogada Alessia Liistro empezó su intervención con el caso de Célica Gómez, por cuyo secuestro y desaparición está acusado el marino uruguayo Jorge Néstor Tróccoli, en razón de su pertenencia al cuerpo de Fusileros Navales, de su rol de oficial de conexión con el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y del S2 del Fusna (Departamento de Inteligencia). Liistro evidenció la brutalidad de las operaciones que involucraron a Célica Gómez, que se inscriben en la gran ofensiva en contra de los Grupos de Acción Unificadora y del Partido Comunista Revolucionario (PCR), ofensiva que se volcó con violencia “sobre los militantes y sobre quienes tenían relaciones parentales, de amistad y de afecto hacia ellos”. La abogada mostró a la Corte las pruebas exhibidas durante las audiencias y enumeró los testimonios que permiten una reconstrucción de los acontecimientos que han llevado a la desaparición de Gómez. Célica fue secuestrada en Buenos Aires el 3 de enero de 1978 a las 17.30, cuando salía de su trabajo en la agencia de noticias Télam. Era hermana de Néstor Gómez, militante del PCR, refugiado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en París, y recibía cartas de él que luego entregaba a Carlos Cabezudo. Liistro recordó a la Corte el testimonio de Néstor Gómez, quien relató “todas las tentativas de encontrar a su hermana y de saber algo sobre su paradero” y rememoró el dolor que le impidió hablar de lo que descubrió años después, dejando ese relato a Ángel Gallero, otro militante del PCR, que vio a Célica en el centro de detención clandestino de La Tablada, en Montevideo. Liistro detalló el testimonio de Gallero, las torturas que él mismo sufrió y las reiteradas torturas y violaciones que soportó Célica. La abogada se dirigió a la Corte con una exhortación: “Hemos escuchado una cantidad impresionante de testimonios sobre torturas en este juicio y hemos aprendido a anestesiarnos respecto de eso. ¡Yo les pido que ahora se despierten!”. Liistro especificó los testimonios que prueban la responsabilidad de Tróccoli en la desaparición y el homicidio de la joven uruguaya: “Martín Ponce de León, quien en un documento, construido sobre la base de documentos oficiales y entregado a la Corte, esquematiza y cruza secuestros, víctimas y grupos de militancia con los viajes de Tróccoli a Argentina; Mirtha Guianze, quien aporta elementos definitivos para evaluar la responsabilidad de Tróccoli; Cristina Fynn, quien reconoció en Tróccoli a Federico, uno de sus torturadores y vio la cara de Tróccoli cuando le bajaron la venda para que firmara la confesión; Rosa Barreix, quien confirma el seudónimo de Tróccoli y cuenta que él le hablaba de los compañeros secuestrados en Buenos Aires; Roger Rodríguez, quien muestra un documento desclasificado en el que el embajador de Estados Unidos en Buenos Aires hace referencia al Departamento de Estado [de Estados Unidos] sobre un traslado de ciudadanos uruguayos de Buenos Aires a Montevideo: en el listado está el nombre de Célica”. En sus conclusiones, sobre la base de las pruebas presentadas, la abogada dejó constancia del secuestro de Célica, de su detención en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio conocido como Pozo de Banfield y en La Tablada, de la colaboración entre la marina uruguaya y la argentina, de los viajes de Tróccoli y de su rol como parte del S2, de las mismas palabras de Tróccoli con las que admitió haber utilizado la violencia para conseguir información. “De todo eso resulta evidente la responsabilidad de Tróccoli como autor moral y material del delito de secuestro, tortura y homicidio de Célica Gómez”, concluyó.

La abogada Liistro también hizo declaraciones finales sobre el caso de Luis Stamponi, militante del Ejercito de Liberación Nacional de Bolivia, detenido en ese país en 1976 y trasladado a Argentina, donde desapareció junto a su madre, Mafalda Corinaldesi, quien, tras enterarse de su secuestro, lo estaba buscando.

La abogada Alicia Mejía dejó el análisis puntual de los casos a sus colegas y se focalizó en el examen de la Operación Cóndor: “Creo que es necesario enmarcar todos esos acontecimientos en un ámbito histórico y político. América Latina es un continente que soportó una pesada influencia estadounidense en razón de intereses políticos y económicos”. Luego explicó la denominación “cóndor” mediante una analogía con el ave de rapiña que da nombre al plan de coordinación represiva: “El cóndor es un animal típico de América, un animal real, un ave de presa que vive en la parte más alta de las montañas y controla todo lo que sucede en los llanos. Desde allí identifica a su víctima, baja, la atrapa y la lleva a las alturas, donde la destruye completamente. Este es el nombre de una operación policial y es la imagen de lo que ocurrió en América Latina. Fue una operación puesta en marcha por el mismo Estado y, por lo tanto, más odiosa, ya que el Estado está llamado a proteger y defender a sus ciudadanos. Por eso se merece una condena ejemplar”.

Sobre el tema de las pruebas y de la evaluación de estas, que la Corte será llamada a verificar, focalizó su atención en la credibilidad de los testigos: “¿Qué intereses pueden tener, sino la verdad, personas que viajaron desde lugares lejanos para contar una realidad que vivieron en primera persona como familiares o como sobrevivientes? Es gente que fue víctima de acciones represivas, que experimentó la represión en su propia carne, y por eso tiene una credibilidad absoluta”. Mejía enumeró también la enorme cantidad de documentación oficial utilizada en el juicio, proveniente de archivos oficiales, de la desclasificación de material de diferentes agencias gubernamentales, y de informes elaborados por diferentes comisiones para la paz. Prosiguió: “La Operación Cóndor determinó la muerte de muchísimos ciudadanos; una de las consecuencias, además de la pérdida de individuos, es la desaparición de una generación entera de dirigentes políticos, de estudiantes, de profesores, de obreros, de religiosos. Se trata de la parte más sana de la sociedad, personas que tenían ideas y propuestas valiosas; se interrumpió el desarrollo social de la región entera”.

Para concluir su declaración, la abogada Mejía persistió en la responsabilidad de Tróccoli poniendo en duda las pruebas a su favor y los testigos que el imputado llevó a la audiencia: “Estamos hablando de viajes entre Uruguay y Argentina, países que son vecinos, separados por un río que, en ese entonces, se atravesaba en una hora y 40 minutos en barco. Un viaje que demoraba una hora de avión. La presencia de Tróccoli en Uruguay en las fiestas de Navidad no se puede justificar mediante declaraciones genéricas de sus familiares. Las fiestas de Navidad empiezan el 24 de diciembre; la operación en Argentina se desarrolló entre el 20 y el 22 de diciembre. Tróccoli pudo quedarse tranquilamente en Buenos Aires hasta el 22 de diciembre y comer panettone en Uruguay con su familia el 24. Las fotografías exhibidas son genéricas y no tienen una fecha; por lo tanto, no tienen validez como prueba”.

La abogada Martina Felicori presentó su alegato para el caso del ciudadano ítaloargentino Horacio Campiglia, dirigente de Montoneros secuestrado en Brasil en 1980 y trasladado a Argentina, donde se pierden sus rastros.

El abogado Andrea Ramadori habló sobre Aída Celia Sanz Fernández, Elsa Haydée Fernández Lanzani de Sanz y Guillermo Manuel Sobrino Berardi. “Son tres de la víctimas de la oleada represiva que se extendió entre diciembre de 1977 y enero de 1978, y trataré los casos conjuntamente para la contextualización de los acontecimientos y de la responsabilidad”. Ramadori reconstruyó las circunstancias del secuestro y de la desaparición de los tres; por medio de los testimonios escuchados, recompuso lo que vivieron en los calabozos del Pozo de Banfield. Relató el parto en cautiverio de Aída Sanz y subrayó la fuerza de esa mujer, que logró avisar a su compañero de encarcelamiento, Washington Rodríguez, de la presencia de 22 uruguayos en aquel lugar y le pidió que denunciara el hecho ante la ONU en caso de ser liberado. “Gracias a esa denuncia, que se cruza con los habeas corpus presentados por los familiares, hoy sabemos dónde fueron llevados esos ciudadanos y podemos imaginar lo que pasó con ellos”, dijo Ramadori. Para concluir, el abogado agradeció a la Corte subrayando la dificultad de ese proceso que pide un juicio sobre “hechos acontecidos en lugares lejanos y en tiempos lejanos”. “El compendio probatorio a cargo del imputado Tróccoli es notable, y creo que son inaceptables sus palabras, durante la declaración espontánea, sobre el maltrato recibido en la cárcel italiana de Regina Coeli. En Italia fue tratado como un ser humano; él no hizo lo mismo con sus víctimas”, finalizó.