Luis Eduardo Morás es sociólogo, director del Instituto de Sociología Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y autor de numerosos libros y artículos académicos sobre violencia social, seguridad ciudadana en democracia, derechos humanos y políticas sociales. Este año publicó Los enemigos de la seguridad: desigualdades y privación de libertad adolescente, con la Fundación de Cultura Universitaria, que además de arrojar luz con datos empíricos sobre la vida de los adolescentes que están presos (ver recuadro), evidencia la realidad de los adolescentes pobres uruguayos y la visión “adultocéntrica” que prima en la opinión pública. En esta entrevista, Morás desarrolla esos conceptos, habla sobre el papel de los políticos y derriba algunos mitos que son utilizados como argumentos en las discusiones sobre adolescentes en conflicto con la ley.

Planteas que los gurises no tienen historia; que son detectados por el Estado una vez que son institucionalizados por medio del sistema judicial, primero, y después en las cárceles, pero no antes. ¿Cómo ve la sociedad a estos muchachos?

-Generalmente se los categoriza como adolescentes que no trabajan ni estudian, pero cuando hablás con ellos y ves los indicadores, te das cuenta de que hay profundos procesos de exclusión que se mantienen en el tiempo, y que más que de adolescentes “ni-ni”, se debería hablar de adolescentes “sin-sin”: sin posibilidad de acceso a una educación que contemple la diversidad de situaciones, sin posibilidad de empleo decente, sin historia. Es importante destacar que los gurises privados de libertad no tienen historia; [se dice] “empieza con la droga y termina con la rapiña”. Y esa lectura que se realiza sobre el vínculo causal droga-delito no permite apreciar un conjunto de situaciones que anteceden al consumo y al posterior delito; es un análisis erróneo, pobre, que no permite realmente superar la situación. Lo que se ve como factor de riesgo es lo que implica el consumo: el abandono del sistema educativo; pero lo que [ese dato] en realidad está diciendo es que ahí no hay protección. Esa idea de que la droga es lo que pervierte todo no sólo está presente en los adolescentes; también está, por ejemplo, en el caso del Marconi: el problema no es la exclusión prolongada, la falta o pobreza de servicios, sino el narcotráfico. Por eso es importante recuperar la perspectiva del adolescente y dejar de ver la ausencia de factores de protección como factores de riesgo. Ahí hay que poner el acento, porque el factor de riesgo lleva a [creer en] la peligrosidad, a aislarlos, estigmatizarlos, y después a una serie de medidas de carácter punitivo. Si seguimos con la lectura habitual, las políticas de integración y procesos de inclusión están destinados al fracaso.

El modelo “rehabilitador” que plantea el gobierno tiene sus ejes en la educación y el trabajo, para hacer posible la “reinserción” en la socidad. Pero según lo que planteas en el libro y dices ahora, el que fracasa en la “inclusión” es el sistema, no al revés.

-En la sociedad uruguaya se instaló la idea de que con la reforma educativa Uruguay realmente se puede convertir en un país desarrollado, pero no se considera el modelo de desarrollo, el productivo, los salarios, el mercado de empleo, la calidad y posibilidad de acceso al trabajo. Es el discurso típico de las cámaras empresariales; de la misma manera que la Federación Rural decía que la nación se salva con el campo o con él perece, ahora está la idea de que el país se salva con la educación o con ella perece. Es el mito de la catástrofe de la educación, y de que los maleducados, además de ser culpables de la inseguridad, son un obstáculo para el desarrollo. ¿Quiénes son los maleducados? Aquellos gurises de los sectores más pobres que no logran culminar los estudios a nivel de secundaria, cuyas posibilidades laborales se reducen a trabajos precarios, con salarios pésimos, informales, ocasionales.

También hay otro mito, el de que las políticas que comienzan en 2005 con el Ministerio de Desarrollo Social [Mides] -que ejecuta 1,2% del presupuesto nacional- fracasaron en contener al delito, y entonces hay que recorrer otro camino, uno nuevo. [Pero es] el mismo que se transita desde marzo de 1990 con la primera ley de urgente consideración que envía [Luis Alberto] Lacalle Herrera: creación de nuevas figuras delictivas y un paquete de medidas para atender la inseguridad. En 1995 se repite con la Ley de Seguridad Ciudadana. Después [Jorge] Batlle envía otro paquete de consideraciones de leyes más duras. Uruguay, entre 1986 y 2013, tuvo un promedio de 250 adolescentes privados de libertad, nunca superó los 300. En 2014, con la Ley Nº 19.055 se pasó a más de 700. ¿Eso mejoró la seguridad? El delito al que se le agravó la pena fue la rapiña, y las rapiñas siguieron creciendo: hoy tenemos el doble de gurises [privados de libertad] del promedio histórico. Es lo que la sociedad uruguaya demanda permanentemente, y frente a eso hay una ausencia de liderazgos políticos que puedan conducir a la opinión pública, y no al revés. Hace 26 años que se endurecen las leyes, y se percibe que ese camino no ha fracasado, que sí fracasó el que comienza en 2005 con el Mides. Pero esas políticas no tienen la finalidad de ser un factor de prevención del delito, sino de construcción de ciudadanía. En 2019 va a estar presente esa batalla ideológica: o abrimos la billetera y profundizamos las políticas sociales, o aplicamos la motosierra, porque el gasto público social no dio resultado para controlar el delito.

En el libro también planteas que las trayectorias de vida particularmente problemáticas de los adolescentes que están presos son menos de 10%, algo que va a contrapelo de lo que se suele creer.

-Sí, surge claramente de la investigación que aquellos que reunían una sumatoria de situaciones realmente graves -una historia muy particular donde se acumulaba el no haber culminado primaria, no haber tenido ningún vínculo con el mercado laboral, tener un consumo problemático de drogas, no tener referentes familiares cercanos- eran sólo 10% del total de los gurises que están presos, que en ese momento rondaban los 530. El resto, o intentó cursar secundaria varias veces y fracasó, o trabajó desde los 12 años en un horno de ladrillos... Yo no puedo creer que una sociedad como la uruguaya, en un momento de ciclo económico tan favorable, no pueda resolver un problema que está centrado en no mucho más de 50 adolescentes privados de libertad. El punto central está en la sociedad uruguaya: en qué tan dispuesta está a aceptar a esos adolescentes una vez que terminen el proceso de privación de libertad; qué está dispuesta a darles, porque hacer el proceso dentro del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente [INISA] y después encontrarse con una sociedad refractaria al contacto con los adolescentes, que rechaza totalmente la posibilidad de incorporarlos... El horizonte de trabajo del INISA se vuelve muy limitado. En Uruguay coinciden dos cosas terribles: por un lado, tenemos los peores indicadores de Latinoamérica en términos de desempleo, salario, subempleo, informalidad -93% de los adolescentes de entre 14 y 17 años trabaja en la informalidad-. Por otro, ¿cómo respondemos a eso? Teniendo las mayores tasas de privación de libertad del continente. No es con cárcel que vamos a recuperar la supuesta sociedad amortiguadora, el Uruguay feliz de 1950. Ese Uruguay no se construyó teniendo 10.000 presos.

Eso da cuenta, además, de cierta mirada intergeneracional.

-La idea del “ni-ni” es adultocéntrica: el adulto termina responsabilizando al propio adolescente de la condición en la que está. Lo mismo pasa con la lectura que hacen los grandes medios de comunicación -y gran parte del sistema político- de los grandes problemas sociales -y que sería compartida por los filántropos del siglo XIX-: las causas son la ignorancia y la pereza. Estos grandes vicios le pondrían los pelos de punta al viejo José Batlle y Ordóñez. Dicen: “Viven de las subvenciones, estos vagos no quieren laburar, estos ignorantes son incapaces de poder compartir los valores de la sociedad integrada”. Cuando se piensa que los problemas son la ignorancia y la pereza, se piensa que no hay un problema social detrás, sino que todo es responsabilidad individual. Es escandaloso cuando responsabilizás al propio adolescente de las tragedias vividas y decís que es una elección racional suya porque calcula los beneficios de delinquir frente a lo que aporta el mercado de trabajo. ¡En vez de mejorar los beneficios del mercado de trabajo, se decide desestimular las vías delictivas incrementando las penas!

Respecto del Poder Judicial y la academia, ¿qué rol juegan en el sistema planteado para “corregir” a los adolescentes presos?

-Hay un gran temor por parte de los operadores judiciales de aplicar la medida alternativa, de dar una salida transitoria, anticipada, por la gran presión de la opinión pública y de los medios de comunicación. ¿Qué pasa si ocurre algún evento delictivo con ese adolescente al que se le aplicó una medida alternativa? También hay que tener en cuenta que hay una fuerte campaña de desprestigio en la sociedad uruguaya sobre el Poder Judicial, de culpar a los jueces de la situación de inseguridad: que aplican penas benévolas, que no aplican correctamente las leyes... Frente a eso, los operadores judiciales se ven bastante remisos a aplicar una medida alternativa y [correr el riesgo de] que ocurra algún evento que les complique la carrera judicial. Por otro lado, en este tema de la inseguridad, la responsabilidad y posibilidad real de la academia de incidir en las políticas públicas es muy limitada, porque se ha convertido en un campo de disputa electoral. Nadie desconoce el diagnóstico, el dato empírico, el conocimiento científico; todo el mundo lo elogia, pero después no se aplica. El problema que estamos viviendo ahora lo vaticinó Juan Pablo Terra en 1986 con la publicación de La situación de la infancia en Uruguay; él introdujo el concepto de infantilización de la pobreza. ¿Cómo hacer para decirle a la opinión pública, que demanda soluciones urgentes e inmediatas, y con un sistema político que especula con el tema de la inseguridad, que un problema que se arrastra desde hace cuatro décadas no va a ser resuelto en uno, dos o tres años?

¿Qué posibles soluciones prevés?

-Hay que hacer un megaoperativo social en determinados territorios de Montevideo; creo que habría que hacer centros educativos que contemplaran la situación de diversidad cultural que tienen estos gurises, haciendo modelos flexibles, adaptables, para este tipo de población, dándoles la posibilidad a los adolescentes que quieran continuar sus estudios, incluso dando incentivos para el estudio. Está la circular 32/24 de la Administración Nacional de Educación Pública, que establece la adecuación curricular ante la diversidad. Una gran parte de esos gurises tiene dificultades de aprendizaje que no fueron detectadas ni oportunamente atendidas; no se aplica la norma que la propia institución prevé para estas situaciones. Los gurises entran tarde a secundaria y se van temprano.

¿Qué tipo de incentivos?

-¿Cómo, por ejemplo, la sociedad uruguaya puede avalar y defender la idea de que el Ejército haga un programa para los “ni-ni” y se les pague medio salario, pero resulta absolutamente impensable que a los adolescentes que cursan secundaria o UTU en los barrios más pobres se les pague una retribución por ir a estudiar? Los gurises lo dicen: “Quiero seguir estudiando, pero necesito que me paguen, un ingreso”. Pagale un cuarto de salario a un pibe que vaya a la UTU: explota el sistema. No es una hipótesis esto: el programa Yo Estudio y Trabajo pasó desapercibido, llamó a gurises de 16 a 20 años para hacer la primera experiencia laboral en el Estado, se presentaron 27.000; al anterior se presentaron 46.000. ¿Después me decís que no estudian ni trabajan? ¿Que son atorrantes y vagos? 27.000. Sí me parece que tendría que haber un programa mucho más profundo y extenso de primera experiencia laboral para los adolescentes que viven en los barrios carenciados, porque el gran cuello de botella es ese: todas las actividades a las que pueden acceder como primera experiencia laboral están vinculadas al territorio. En algunas zonas de Montevideo la oferta laboral que te ofrece la comunidad es en las quintas, las chacras, el trabajo en feria, el corte de pasto; en otras, los hornos de ladrillos. Así no podés tender redes de relaciones. Nada de eso se puede hacer con un Mides que ejecuta el 1,2%.

Los más pobres

Conclusiones extraídas del libro Los enemigos de la seguridad: desigualdades y privación de libertad adolescente, del sociólogo Luis Eduardo Morás. -Tres de cada cuatro infractores residían en territorios caracterizados por la acumulación de profundas y persistentes carencias [...] Esta configuración, habitualmente calificada bajo el signo de los “factores de riesgo” que ambientan el delito, no debería opacar que resulta más pertinente focalizar en los “factores de protección” ausentes para amplios sectores de la población infantil y adolescente. -Seis de cada diez adolescentes estaban cursando o habían abandonado recientemente estudios a nivel de secundaria, cuestión que evidencia la “disposición de los sujetos por transitar espacios que, generalmente, no pueden ofrecer a los adolescentes más pobres otro resultado que no sea sumar nuevos fracasos y frustraciones”. Respecto de los niveles de repetición a nivel de primaria, el rezago y posterior abandono de los estudios, Morás concluye que “si bien es algo más pronunciada, no presenta diferencias significativas respecto a la realidad que caracteriza al conjunto de adolescentes que se ubican en el quintil más pobre de la población”. También señala la “importante presencia de dificultades de aprendizaje que no fueron correctamente diagnosticadas ni oportunamente atendidas”. -Ocho de cada diez tenían experiencias de trabajo anteriores y desde muy temprana edad. De cada diez adolescentes presos, casi cuatro mantenían un vínculo con actividades laborales; casi dos se dedicaban exclusivamente a estudiar. -No puede establecerse la existencia generalizada de una “subcultura” que naturalice el delito a nivel familiar.