El Congreso comenzó el sábado de tarde en el Palacio Peñarol, pocas horas después de que se conociera la noticia de la muerte del histórico líder de la revolución cubana Fidel Castro, con toda la simbología que eso implica para la izquierda latinoamericana y vernácula. Hubo remeras alusivas, una bandera cubana colgando del cartel de la coordinadora I, un minuto de silencio y algunas palabras del presidente del FA, Javier Miranda, quien definió a Castro como un “revolucionario que encarnó la esperanza de mucha gente” y como un “referente” para “una generación y para toda América Latina”.
Luego de un trabajo en subcomisiones durante todo el sábado, el domingo el Congreso se abocó a votar las propuestas de cara a una eventual reforma constitucional. Algunas de ellas ya se conocían, porque estaban incluidas en un documento base elaborado por una comisión temática que se difundió antes del Congreso (ver recuadros). Otras surgieron este fin de semana.
Una moción presentada por las bases, que no llegó a los votos para su aprobación, proponía eliminar las exoneraciones fiscales a los “templos de diversas religiones” y a la educación privada. La iniciativa había alcanzado la mayoría en la subcomisión que la discutió, pero fue rechazada por el Congreso, aunque por pocos votos: tuvo mayoría simple, pero se requería una mayoría de dos tercios para incorporar la propuesta. En cambio, se aprobó una iniciativa que sugiere “revisar y discutir” estas exoneraciones, así como las exoneraciones dispuestas para otras organizaciones con y sin fines de lucro. Asamblea Uruguay (AU) votó en contra de esta propuesta, que sugiere también “reforzar los controles del Estado sobre el fin social y no lucrativo” de algunas de estas organizaciones.
Cambios en el Poder Judicial
La subcomisión que iba a analizar el sábado las propuestas en materia de Estado y democracia no logró el quórum necesario para funcionar. Por este motivo, el Congreso aprobó en bloque el documento base que se había redactado sobre ese punto. Algunas de las propuestas aprobadas apuntan a modificar sustancialmente las competencias de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Se propone ir hacia una conformación de la SCJ por salas especializadas: sala civil y comercial, laboral y familia, sala de derecho administrativo, y una sala constitucional que se encargaría de las declaratorias de inconstitucionalidad. Habría tres miembros por sala, pasando de los cinco ministros que tiene actualmente la SCJ, a 15. Para la elección de los ministros de la SCJ o tribunales superiores, se propone no apelar al sistema de ascenso por antigüedad, sino que el ascenso sea por méritos, conocimiento y “apego irrenunciable a los principios democráticos”. Se sugiere crear un “Consejo de la magistratura” que administre el Poder Judicial y designe a los jueces, y conformar un Tribunal constitucional encargado de pronunciarse sobre la constitucionalidad de las leyes en forma previa a su promulgación. En este nuevo escenario, una ley declarada inconstitucional no llegaría a tener efectos y “podría volver al Parlamento a efectos de subsanar las inconstitucionalidades”. También se votó “redefinir el veto presidencial, reducir al máximo las esferas que no tengan control parlamentario, potenciar las comisiones investigadoras parlamentarias, así como rediseñar el control de la constitucionalidad de las leyes”.
La propuesta de eliminar las exoneraciones fiscales establecidas en la Constitución fue apoyada, además de por gran parte de las bases, por sectores como Compromiso Frenteamplista (lista 711), Ir, el Partido Comunista y el sector ortodoxo del Partido Socialista. El diputado Pablo González, de la lista 711, consideró que este tipo de disposiciones “son residuos del pasado”, cuando la iglesia tenía un peso mayor, y que ahora “no tiene ningún sentido que estén con rango constitucional”. “Esto no quiere decir que los gobiernos no puedan utilizarla como instrumento”, aclaró.
Jorge Rodríguez, director de Planificación de la Intendencia de Montevideo y dirigente de Alianza Progresista, fundamentó por la negativa a la propuesta de quitar este instrumento de la Constitución. Evaluó que si bien ha habido un “abuso” del mecanismo de las exoneraciones y está bien “que se revise”, hacer tabla rasa con la disposición puede llevar a que se afecte a instituciones a las que no se quiere afectar. “Cuando debemos acumular aliados para la reforma constitucional, este artículo lo que hace es desacumular”, valoró.
Otro capítulo discutido fue el de la propiedad privada. Con la oposición de AU, el Congreso aprobó “dar el debate sobre la propiedad privada, así como sobre el derecho de herencia”, y establecer la obligación del Estado, por medio de sus organismos competentes, de “disponer el uso de toda vivienda abandonada”. Un representante de las bases fue un poco más allá y propuso habilitar al Estado a pagar con bonos de deuda pública 50% de las expropiaciones de inmuebles mayores de 1.000 hectáreas. Lo fundamentó sosteniendo que “si no, nunca más vamos a hacer la reforma agraria”. La moción resultó negativa, porque se entendió que era una disposición demasiado específica como para incluirla en la Constitución.
Se aprobó además incorporar a la Constitución modelos de propiedad social y colectiva en los que se priorice y proteja el sistema cooperativo, de autogestión, “abandonándose los vetustos conceptos de propiedad privada como instrumento único de regulación y amparo”.
Desde las bases se propuso también incorporar en la Constitución una disposición para consagrar la autonomía y el cogobierno en todos los niveles de la educación, bajo el argumento de que se trata de una reivindicación histórica del movimiento estudiantil y que refuerza la idea de que la educación debe construirse con los actores que participan en ella. Esta moción no obtuvo los dos tercios necesarios para ser aprobada.
Con un poco de rimel
La declaración final del Congreso del FA, aprobada por aclamación, sostiene que el capitalismo está “en crisis estructural y crónica” y que se busca implementar “un ajuste global” que pagarán los países dependientes. Agrega que los gobiernos progresistas en América Latina mostraron que “era posible construir una alternativa al modelo neoliberal avasallador”, reduciendo la pobreza y mejorando la distribución de la riqueza. “Hoy vivimos momentos de dificultad, en varios países se ha detenido este impulso. Se fue preparando el terreno para una ofensiva neoliberal conservadora y excluyente”, alerta a continuación la declaración. Señala que esta ofensiva pretende “imponer” la idea del “fin del ciclo progresista”, una idea “fatalista, simplista e interesada” que busca “desarticular la resistencia del bloque social de los cambios”, y con la que hay que “confrontar”. Agrega que “la derecha” empezó a “maquillarse nuevamente para transformarse en alternativa, apoyada por el poder económico y mediático”, y procura “de manera sutil apropiarse de los temas sociales, con un discurso pragmático y pretendidamente desideologizado”. La declaración también habla del dirigente del Partido de la Gente, Edgardo Novick, cuando menciona que hay “outsiders” que “pretenden gobernar el país como si fuera una empresa privada”. El documento concluye que “siguen existiendo dos proyectos de país en disputa”: por un lado, “los sectores más conservadores de los partidos tradicionales”, que “actúan como representantes de minorías dueñas de empresas, tierras y medios de comunicación”, y por el otro, el proyecto del FA. Propone trabajar para “fortalecer y ampliar el bloque social de los cambios”, para respaldar la acción del gobierno y para “fortalecer la organización política para enfrentar a la derecha”.
Adiós, CIADI
El artículo 6º de la Constitución será reformado si prosperan los planteos del FA. Este artículo establece que Uruguay “procurará la integración social y económica de los Estados Latinoamericanos, especialmente en lo que se refiere a la defensa común de sus productos y materias primas”. La moción aprobada ayer por el Congreso propone establecer en cambio que Uruguay “procurará una profunda integración sudamericana y latinoamericana”.
En su primera parte, el artículo vigente indica que “en los tratados internacionales que celebre, la República propondrá la cláusula de que todas las diferencias que surjan entre las partes contratantes serán decididas por el arbitraje u otros medios pacíficos”. En el Congreso de ayer se aprobó prácticamente por unanimidad incluir una disposición en este artículo que establezca que Uruguay sólo podrá ceder su jurisdicción soberana a instancias del arbitraje internacional -en controversias sobre aspectos relacionados a inversiones, contractuales o de índole comercial- si estas instancias se enmarcan en el derecho internacional público. Se explicó que esto significa que Uruguay no podrá ceder su soberanía en favor de, por ejemplo, el Centro Internacional de Arreglo de las Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, pero sí en favor de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. La propuesta apunta a “preservar y/o hacer prevalecer la jerarquía del Estado y los intereses de la Nación”.
También se aprobó, con oposición de AU, que los lineamientos generales y los objetivos de los tratados que negocie el Estado deberán ser de conocimiento público. Había una moción que iba más allá y proponía que los contenidos de los tratados y el proceso de negociación también fueran de conocimiento público, pero no resultó aprobada.
En materia de inserción internacional, se aprobó además establecer en la Constitución que los legisladores del Parlamento del Mercosur deberán ser electos por voto directo de la ciudadanía.
Por otra parte, hubo acuerdo en incorporar una disposición que establezca que “los tratados que celebre el Estado uruguayo no deben contravenir directamente o indirectamente los derechos humanos consagrados en la Constitución o en los instrumentos internacionales de DDHH [derechos humanos] ratificados por Uruguay”, que tendrán “jerarquía constitucional”. También hubo acuerdo en establecer la obligación del Estado de investigar y sancionar legalmente los delitos contra los DDHH, en señalar que estos son imprescriptibles y que no pueden ser investigados o juzgados por tribunales particulares, y que están “excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía”.
Finalmente, con la aprobación de los sectores mayoritarios del FA y de una parte de las bases, se acordó definir el mecanismo de reforma constitucional en un Plenario Nacional a realizarse en la primera semana de abril. Quienes apoyaron esta moción entendieron que era necesario acompasar esta definición con la de la estrategia política de la coalición de izquierda para los próximos tres años, que se resolverá en un Plenario Nacional en esa fecha. El impulsor de la moción, el dirigente socialista Manuel Laguarda, argumentó que este tema es “parte de una discusión global sobre la estrategia del FA en los próximos tres años, que el FA no ha desarrollado todavía”. Consideró que en el primer año y medio de su tercer gobierno el FA tuvo “una estrategia defensiva” y que es necesario que pase a una “actitud ofensiva”, de “confrontación ideológica, cultural y política con la derecha”, con “propuestas firmes”.
Al mismo tiempo, el Congreso reafirmó la “vocación” de la coalición de izquierda de reformar la Constitución, iniciativa que debe enmarcarse en “una estrategia de acumulación con el movimiento social”. Se reafirmó también la decisión de conformar una comisión nacional pro reforma constitucional, integrada por “organizaciones del campo popular, políticas y ciudadanos en general”, y “desplegar los máximos esfuerzos militantes para explicar a la ciudadanía” los contenidos de la reforma. Se valoró que de esta manera el FA retoma la “iniciativa política”.
La única voz discorde fue la del senador suplente Carlos Baráibar (AU), quien se expresó en contra de la reforma y dijo que hipoteca las chances de triunfo del FA en las próximas elecciones. Consideró que es “altamente improbable que la reforma constitucional se pueda plebiscitar en las próximas elecciones” y se preguntó “qué es lo más importante”, si “ganar las próximas elecciones o reformar una Constitución que, con todos los defectos que tiene, nos permitió ganar y ser gobierno nacional por tres períodos”.
Derechos y deberes
El Frente Amplio acordó ayer incluir en una eventual reforma constitucional: Derechos de las personas -A los cuidados. -A la intimidad. -Al acceso a la información pública y a los bienes culturales. -Al acceso a una justicia de calidad. -A una vida libre de violencia de género. -A la salud sexual y reproductiva. -A una muerte digna. -Al sufragio, derecho que “deberá ser revisado y modernizado, implementándose el voto consular, epistolar o la forma que se considere adecuada”. -Redefinir el concepto de familia, “modernizándolo” en base a “los avances normativos que se han producido en la última década”. -Dejar de lado las distinciones filiales entre hijos habidos en y fuera del matrimonio. Deberes del Estado -Asegurar el acceso a salud de calidad para toda la población como un derecho -en la Constitución actual está incluido como un deber-. -Adoptar medidas de acción afirmativa “con el objetivo de que las inequidades sean superadas”. Dar rango constitucional -A la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. -A las normas nacionales y tratados internacionales referidos a crímenes de lesa humanidad.
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