La Conferencia Episcopal del Uruguay (CEU) de la iglesia católica hizo pública ayer la investigación realizada sobre abuso sexual a niños, niñas y adolescentes: en el último año recabaron 44 denuncias realizadas a 40 sacerdotes y “personas consagradas”; 20 de ellos ya fallecidos, nueve que “están siendo investigados”, y siete a los que la iglesia “encontró inocentes”. El arzobispo de Montevideo, cardenal Daniel Sturla, señaló que 20 casos involucran a sacerdotes, mientras que los otros 24 pertenecen al clero secular. Ante los hechos, la CEU expulsó del ministerio sacerdotal a cuatro miembros, a dos de ellos de forma definitiva. Según publicó El Observador, ninguno de los cuatro vive en el país. Las denuncias abarcan un período de 70 años: 18 refieren a abusos cometidos hace más de 40 años, 16 a casos ocurridos entre 20 y 40 años atrás, cinco que datan de entre diez y 20 años; a su vez la CEU informó que hay cinco casos en los últimos diez años, pero la iglesia “comprobó que no se referían a abuso de menores, sino a inconductas con mayores”. Ninguno de estos delitos será denunciado penalmente. El encargado de comunicación de la Fiscalía General de la Nación, Javier Benech, dijo que no le consta que algún fiscal presente una denuncia de oficio.

La CEU explicó que “en algunos casos se dio por concluida la investigación porque los denunciantes no la ratificaron. En otros, sucedidos hace mucho tiempo, las personas no querían iniciar una investigación, sino sólo ser escuchadas por la iglesia y recibir una palabra de comprensión y consuelo. En algunos casos se comprobó que la denuncia no tenía fundamento”.

Según el Código Penal, los delitos que tienen pena de entre dos y diez años de prisión prescriben a los diez años; como el de violación, pero este no es el argumento que utiliza la iglesia para excusar la denuncia penal: Sturla explicó que “por más que el protocolo de la iglesia establece que en caso de abusos a menores las autoridades eclesiásticas tienen que derivar directamente la denuncia a la Justicia, ninguna de ellas cumplía con esta condición, ya que como los hechos ocurrieron hace por lo menos más de diez años, las víctimas son ahora mayores de edad”, publicó El Observador. Además, agregó que las autoridades de la iglesia que investigaron las denuncias recomendaron a las familias que denunciaran, pero “ninguna de ellas quiso realizar el trámite”. Sturla aclaró que si se llega a recibir alguna denuncia de un caso actual de abuso a un niño, este “se derivará de inmediato a la Justicia”.

Por otro lado, el comunicado de la CEU, titulado “Perdón y compromiso”, indica que “todo esto ha sido muy penoso, por el dolor de las víctimas y, en algún caso, porque se expuso públicamente a quienes después de una investigación rigurosa [realizada por la iglesia] resultaron inocentes”. “Con dolor y vergüenza hemos pedido perdón a las personas heridas a raíz de abusos sexuales cometidos contra menores”, sostiene.

La coordinadora del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia, María Elena Mizrahi, dijo a la diaria que no han recibido denuncias de ese tipo. Lo mismo aseguró Luis Purtscher, presidente del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y no Comercial de la Niñez y la Adolescencia, y señaló que “se confirma que en los perfiles de explotación puede ser cualquiera, no importa la clase social”.

El Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño censuró en febrero de 2014 al Vaticano “por no adoptar medidas adecuadas para poner fin a los abusos sexuales a niños cometidos por miembros del clero”: constataron más de 10.000 casos en todo el mundo.