INISA está elaborando programa para que varones mayores de 18 reciban visitas íntimas

No todos tienen la posibilidad de ejercer su sexualidad libremente, ni de hacer usufructo de sus derechos sexuales y reproductivos, ni fuera ni dentro de las cárceles. Los adolescentes que están presos, menos que menos: tienen prohibidas las visitas íntimas porque no están previstas en el Código de la Niñez y la Adolescencia ni en las resoluciones del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA). Los 24 muchachos mayores de edad que están presos en el MD 1 (ex SER) en la Colonia Berro recordaron eso, se ampararon en la legislación vigente que rige en las cárceles de adultos y enviaron, a principios de año, un petitorio a la directiva del INISA para que se reglamentara el asunto y se les permitiera tener sexo en visitas íntimas. Gabriela Fulco, presidenta del INISA, dijo a la diaria que están trabajando en “un programa” que consiste en talleres, entrevistas a la “novia” de cada joven y a los familiares de ambos, para evaluar si podrán o no gozar de un derecho hasta ahora restringido. Fulco dijo que se trata de “un beneficio” y que por ende deberán “ganárselo”; agregó que son “casos muy complicados” y que la evaluación de su “tratamiento” será determinante.

La directora explicó que el programa consta de varias etapas y que este martes comenzará la primera: talleres de salud sexual y reproductiva y “paternidad responsable”, dirigidos a los jóvenes del MD 1 y a los funcionarios. Estarán a cargo el equipo médico y de psicólogos del INISA. El segundo paso es entrevistar a las parejas de los jóvenes para “evaluar el vínculo”, porque “no se autorizarán visitas ocasionales de distintas novias”; se pretende que “exista un vínculo estable en el tiempo, para no fomentar la prostitución y que no suceda lo que sucedió en la [cárcel] de mayores, que conocían a las mujeres el mismo día de la visita porque eran amigas de las novias de otros”, añadió. El tercer paso es establecer un “cronograma”: los “chicos se tienen que ganar el beneficio con conducta y participación en los programas de tratamiento”. Paralelamente señaló que también es necesario “adecuar un espacio que reúna las condiciones de privacidad e higiene”, cuestión que está a estudio del Departamento de Arquitectura del INISA.

Consultada respecto del acceso a métodos anticonceptivos, Fulco contestó que el Ministerio de Salud los proveyó de preservativos, y que el programa prevé repartirlos; no se ha discutido en profundidad cómo, dónde ni cuándo, pero considera que deben “estar a disposición de todos” y, por ende, se buscará la forma de que así sea.

Sobre la posibilidad de extender el derecho al resto de las cárceles del INISA, Fulco dijo que “por el momento” no se está analizando el tema, porque están “en pleno proceso de reforma y reestructura del sistema y no están dadas las condiciones ni siquiera edilicias para habilitarlo a nivel general”. Aclaró que sí “podría plantearse como una meta”, aunque “muy lejana” en el tiempo.

Estaban avisados

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomendó al INISA revisar la normativa “altamente restrictiva que inhabilita absolutamente las visitas íntimas”, y sugirió que se maneje “el mismo criterio de autonomía progresiva que orienta otras dimensiones de la vida cotidiana de los adolescentes en estos centros”, según figura en el Protocolo de Atención en Salud Sexual y Reproductiva en centros de privación de libertad, publicado en abril de este año. En el documento se afirma que “no es posible promover la salud integral sin tomar en cuenta que la sexualidad, como dimensión constitutiva del ser humano, tiene un impacto fundamental en la misma, tanto en su función reproductiva, como erótico-placentera”. Sin duda, la situación de encierro genera condiciones, demandas y necesidades específicas en este campo, pero la OPS afirma que no por ello las personas presas deben recibir una atención diferente que si estuvieran en libertad: “Los servicios de salud deben asegurar la continuidad asistencial a la entrada de las personas al sistema, durante el período de privación de libertad y a su salida, con una calidad de atención similar a la que accede la población general”.