Una numerosa delegación de retirados militares acudió ayer a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores, que estudia el proyecto de ley para gravar las jubilaciones militares más altas. La nueva configuración de fuerzas en el Parlamento, tras la afirmación del diputado electo por el Frente Amplio (FA) Gonzalo Mujica de que actuará por cuenta propia, deja en un estado de indefinición los proyectos de ley que generan más polémica. La iniciativa que grava las jubilaciones militares a partir de 50.000 pesos es uno de ellos.
En declaraciones publicadas ayer por el semanario Búsqueda, Gonzalo Mujica se manifestó “muy reacio” a votar “cualquier medida que desestimule la profesión militar”, porque “al castigar la remuneración en los retiros se está cuestionando el ingreso al servicio militar”, en una interpretación alineada con los reclamos de los sectores militares. Sin embargo, y como sucedió cuando se discutía la conformación de una comisión investigadora para los negocios con Venezuela, Unidad Popular votará junto al oficialismo, en este caso para que el proyecto sea aprobado. El diputado Eduardo Rubio dijo a la diaria que, si bien todavía no estudió el proyecto, está “de acuerdo” con su intención.
Ayer acudieron a la comisión que estudia la iniciativa autoridades de la denominada “mesa representativa” de los centros y clubes de militares retirados, integrada por el Centro Militar, el Club de la Fuerza Aérea, el Club Naval, el Centro de Pasividades de las Fuerzas Armadas, el Círculo Militar y el Centro de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas. Fueron acompañados por el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre como representante jurídico y por integrantes del equipo de análisis de la seguridad social militar. Hebert Fígoli, integrante de este equipo, dijo a la prensa tras la reunión que el impuesto que se pretende poner, sumado al Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS), llegaría a gravar “en algunos casos en 50%” las pensiones o jubilaciones. “Lo consideramos realmente confiscatorio”, manifestó Fígoli.
Consideró que el impuesto sería inconstitucional porque se trata de “una doble tributación” por un mismo concepto. “Esto incluso puede llegar a ser considerado discriminatorio, ya que seríamos el único colectivo que estaría abonando dos impuestos ante el mismo hecho generador”, afirmó. Aseguró que la “incertidumbre y la falta de certezas” que están viviendo los militares por este tema “van a llevar a que se puedan producir retiros y a afectar la capacidad operacional de los diferentes componentes”.
Los representantes de la oposición en la comisión también se mostraron preocupados y contrarios al gravamen. El senador del Partido Nacional (PN) Álvaro Delgado consideró que debería estudiarse una reforma integral del sistema de retiros de las Fuerzas Armadas (FFAA), y no “simplemente generar un nuevo impuesto sobre el mismo hecho generador”. Dijo que tiene “muchas dudas” sobre la constitucionalidad del impuesto, opinó que es “tremendamente injusto” y que responde a “la necesidad de caja por parte del Ministerio de Economía”. En la exposición de motivos del proyecto, el Poder Ejecutivo explica que la intención es “contribuir a paliar en el corto plazo el grave desequilibrio financiero” por el que atraviesa el Servicio de Retiros y Pensiones de las FFAA.
“Hay mucho nerviosismo en la familia militar, tanto por parte de oficiales como de personal subalterno en todo el país. Esto va a afectar en forma importante el servicio de sanidad de las FFAA”, pronosticó Delgado. El senador nacionalista señaló que la Caja Militar “no es la única que tiene déficit”, y que lo haya “no es culpa de los militares, es parte de la decisión que el Parlamento ha tomado, que ha cambiado la relación activo-pasivo y ha incrementado este déficit”. “No podemos encarar este tema parcialmente, con un nuevo IASS confiscatorio y con grandes vicios de inconstitucionalidad”, sostuvo el legislador del PN. En el mismo sentido se pronunció el senador del Partido Colorado José Amorín Batlle, quien calificó al impuesto de “injusto”.
La senadora frenteamplista Constanza Moreira comentó a la salida de la comisión que Gonzalo Aguirre cree que el impuesto es inconstitucional. “Pero es tan inconstitucional como el IASS, y el IASS fue declarado constitucional, así que supongo que para esto vale lo mismo”, manifestó. Afirmó que “toda la sociedad uruguaya está pagando 347 millones de dólares por 50.000 jubilaciones militares”. “El déficit de todo el sistema previsional, de los 600.000 jubilados del Banco de Previsión Social, es equivalente al déficit del sistema de retiros y pensiones militares”, indicó.
Transitoriedad y tonos
El impuesto que el gobierno quiere establecer tiene carácter progresivo y lo pagará el 20% de las jubilaciones militares más altas, a partir de 15 bases de prestaciones y contribuciones (BPC), equivalente a una jubilación de aproximadamente 50.100 pesos. A modo de ejemplo, quienes reciban 50.100 pesos de jubilación deberán pagar 1.002 pesos de impuesto, quienes reciban 66.800 pesos de jubilación deberán pagar 6.680 pesos, y quienes perciban 137.000 pesos de jubilación deberán pagar 27.400 pesos. Fígoli coincidió con la estimación realizada por el gobierno, respecto de que el impuesto afectará a 20% de los retirados y pensionistas militares, y agregó que 80% de los potencialmente afectados son personal superior, y 20%, personal subalterno.
Lo recaudado se destinará en forma íntegra al Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas; se prevé que con esta medida se disminuirá en 10% la transferencia de Rentas Generales a esa caja, que es deficitaria en aproximadamente 13.000 millones de pesos anuales. La iniciativa tiene carácter transitorio, hasta que se apruebe la reforma de la Caja Militar.
“Este impuesto no resuelve la cosa, lo que resuelve la cosa es la reforma de la Caja Militar; ese el verdadero proyecto estructural que va a transformar esta situación, y que todavía estamos esperando”, declaró Moreira. Agregó, de todos modos, que este impuesto ayudará a “paliar el déficit”.
La senadora del FA cuestionó algunas declaraciones de los militares respecto de este tema, a las que calificó de “extemporáneas y subidas de tono”. “Pretender que si se caen los aviones es porque el personal está muy estresado porque le van a afectar las jubilaciones no tiene ningún asidero. Tampoco lo tiene la alarma de que este incremento va a afectar la carrera militar, o que van a salir los militares en estampida. Son temores infundados, aunque muy comprensibles”, señaló la legisladora. Advirtió que los militares “están en una situación muy especial que los debería hacer doblemente responsables por las cosas que dicen, porque son el cuerpo armado de este país”. “Entonces tienen que ser mucho más responsables, sobrios y austeros en las declaraciones que hacen. Mientras sus quejas y protestas se manifiesten tranquilamente en una comisión, vamos bien, pero con las declaraciones extemporáneas y subidas de tono, vamos mal”, afirmó.
Consultado al respecto, Fígoli dijo que no le consta que haya habido “interpretaciones fuera de tono”.