Abrió la mesa el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, quien dio cuenta de los avances en materia de infraestructura mediante la puesta en marcha del Sistema Nacional de Infraestructura. “Se manejaron muchas necesidades, pero no todas se pueden llevar a cabo”, sostuvo García. El director de Planificación de la Oficina -y uno de los creadores del Sistema Nacional de Inversión Pública-, Fernando Isabella, explicó, por su parte, que la evaluación de los proyectos no es sólo técnica sino también económica, “no de ganancia, sino en referencia a si amerita los costos en relación a la cantidad de gente que se beneficia con el proyecto”.

Algunas de las preguntas presentadas por Failache como disparadoras del intercambio se refirieron a las “carencias principales respecto de los servicios de infraestructura”, los planes y estrategias a corto, mediano y largo plazo, los requerimientos para la implementación de los proyectos y sus impactos directos e indirectos en la producción, empleo, innovación y medioambiente.

La mayor participación vino de las empresas estatales y ministerios. El Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) propuso discutir cuáles serían los caminos legales, institucionales y sociopolíticos más apropiados para llegar a considerar el acceso a la energía como un derecho humano. Según estableció Rossanna González -que concurrió en representación de la Dirección Nacional de Energía-, con una tasa de electrificación nacional de más de 99%, los escasos hogares excluidos del servicio se encuentran en las áreas rurales y en las pequeñas localidades del interior, y, en menor proporción, en los asentamientos irregulares urbanos. Durante el intercambio se consideró la posibilidad de replicar la estrategia de OSE y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca con la Ley de Riego -a estudio en el Parlamento y que ha recibido críticas desde distintos ámbitos-.

Por otro lado, un representante del Instituto Uruguayo de Energía volvió a traer la propuesta de la “rielruralización de la sociedad” presentada en la mesa de Descentralización y Ciudades, la segunda del Diálogo Social, enumerando los beneficios de la consolidación del tren en términos de inclusión social, eficiencia energética y capacidad.

OSE, por su parte, propuso contribuir a la universalización del saneamiento en el interior del país. Según el monitoreo de la agencia estatal, la cobertura en todo el país es de 96%, pero mientras en Montevideo el saneamiento por alcantarillado alcanza a 91% de los hogares, en el interior del país la proporción es de 47%. La empresa estatal plantea elevar este último indicador a 50% para 2025, a 60% para 2035 y a 80% para 2050.

En otra línea, el Laboratorio Tecnológico del Uruguay presentó una estrategia para la gestión sostenible de los recursos hídricos en el país mediante el uso de sensores, tecnologías de la información y comunicación (TIC) que posibilitarán la disminución de pérdidas de agua en la red, el buen uso del recurso en el riego y la mejora de la gestión mediante monitoreos y mediciones para generar indicadores como la huella del agua. Además, se pretende avanzar en los tratamientos de las aguas residuales mediante el reuso del agua.

Antel presentó una propuesta en desarrollo: una plataforma tecnológica nacional de alta calidad y confiabilidad que permitirá “mejorar los recursos y servicios para la comunicación, interacción, transmisión de datos e información, entre otros, así como ofrecer servicios que brinden máximas garantías para la continuidad de negocios y operaciones y seguridad de los activos de la información”.

Desde el ámbito departamental, la Comisión Interinstitucional Pro Puerto de Ultramar de Paysandú (CIPUP) defendió la posibilidad de desarrollar la hidrovía del río Uruguay como un espacio geográfico compartido de cooperación y complementariedad, para lo que propuso una reflexión amplia con participación de todos los actores de Argentina y Uruguay, para acordar sobre el rol a cumplir de aquí en más por las cancillerías y sus consulados, el Congreso de Intendentes, los organismos binacionales y los de la sociedad civil.

En otro orden, la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad propuso la universalización de las normativas constructivas de accesibilidad aprobadas para todo plan de vivienda, así como que todos los edificios públicos desarrollen un plan de modificación de su planta física para adaptarse.

Y como en casi todas las mesas del Diálogo Social, también estuvo presente el Ejército; esta vez, por medio de tres propuestas: el ofrecimiento de personal especializado y maquinaria vial para la reparación o construcción de caminería en todo el territorio nacional; la utilización de los barros acumulados producto del proceso de purificación del agua que realiza la planta de OSE en Aguas Corrientes para la fabricación de ladrillos ecológicos, y el monitoreo de la calidad de los recursos hídricos del país mediante la realización de análisis de las aguas de las distintas fuentes.

Desde la sociedad civil la participación fue escasa. En cambio sí hubo representación de la estructura productiva -desde un pescador artesanal hasta un integrante de la Cámara Mercantil de Transporte de Carga-, que presentó dificultades relacionadas con la productividad, asunto en el que pondrá el foco la próxima mesa.

También se cuestionó la modalidad de financiamiento de Participación Público Privada (PPP), a la que calificó de fallida, algo que García descartó: dijo que se trata de un mecanismo que tiene determinados tiempos. Además de las dificultades en el ámbito estatal, consideró que hay trabas propias del sistema privado que tienen que ver con la “limitada capacidad de empresas que hay en el país”, que, por sus características, “casi conforman un oligopolio”. Entonces, “cuando se plantea un shock de infraestructura, aumentan sus precios”, afirmó el director de la OPP.