Un recluso, para fumar, le pidió fuego a otro. Al devolver el encendedor, lo cambió por otro sin que el dueño se percatara. Cuando este descubrió el engaño le reclamó el que le pertenecía; el de la artimaña le contestó que no lo tenía, pero que sí tenía dos cortes, y lo invitó a pelear. Bajaron al patio, se enfrentaron; se acuchillaron hasta que uno murió. Ese relato, junto a otros tantos así de desgarradores, se puede leer en el primer y único informe sobre los fallecimientos ocurridos en los últimos diez años en el sistema penitenciario uruguayo. El comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, lo presentó ayer a los legisladores miembros de la Comisión Especial para el Seguimiento de la Situación Carcelaria. La conclusión: “buena parte” de los reclusos “pasan años bajo la tutela del Estado sin recibir aporte u oportunidad alguna para rehacer sus vidas, restaurar lo vivido e integrarse luego a la sociedad”; por el contrario, nuestras cárceles generan muerte. Petit pide que de forma explícita el Estado se responsabilice de los fallecimientos e indemnice a las familias.

El informe, que consta de 26 páginas y 127 puntos, deja en evidencia un sistema penitenciario que produce situaciones críticas de reclusión y una convivencia violenta. Se constató que, salvo casos puntuales, no existen “estudios, diagnósticos, tratamientos ni planes de rehabilitación personalizados diseñados para contemplar un proceso de rehabilitación adecuado a las distintas realidades individuales”. Tampoco hay “acciones de salud mental” ni “programas o líneas de acción para atender las adicciones y el consumo problemático de sustancias”: su ausencia es “un factor de inestabilidad y violencia”. Además, se señalan varias “faltas”: desde operadores penitenciarios, personal de seguridad y técnicos, hasta “herramientas” para trabajar “sobre el entorno familiar, afectivo y comunitario de los internos, lo que se vuelve también un factor de ansiedad y alteración que alimenta las tensiones de la cotidianidad”. Todas estas cuestiones “comprometen seriamente tanto los fines de la cárcel (la rehabilitación, la integración social) como la integridad de los internos, ya que sus vidas -y en algunos lugares también la de sus familiares- se ven amenazadas por establecimientos que no reúnen garantías mínimas para una convivencia pacífica”. El último homicidio en el ex Comcar da cuenta de ello: ocurrió a raíz de una disputa sobre quién se quedaba con las “comisiones” (tareas laborales reguladas desde el establecimiento). O sea: “el botín en disputa era quién podía trabajar, circular, comunicarse con los demás, salir de la celda, con la variedad de posibilidades que ello puede conllevar”. También hubo peleas a muerte por un celular, pequeñas deudas o malentendidos acumulados. “No se pudo constatar que los enfrentamientos, como a veces se señala, fueron provocados por choques de bandas delictivas enfrentadas”, se señala.

La oficina del comisionado recomienda, entre otras muchas cosas, un “esfuerzo presupuestal y normativo extraordinario [...] que permita llevar adelante un Plan Integral de transformación de esos centros”. También propone “asistir” a las familias y allegados de los fallecidos y generar “convenios de cogestión”: que organizaciones no gubernamentales, asociaciones profesionales, entidades de derechos humanos, instituciones educativas y de capacitación se hagan cargo “programáticamente de sectores o de grupos de actividades dentro del sistema”.

Muertes 2016

El grupo de trabajo del comisionado estuvo dos meses recabando información de la trayectoria de vida de los reclusos fallecidos; para ello entrevistó a internos, familiares y responsables de las cárceles. Terminó el informe este lunes; hasta ese momento son 37 las personas muertas en las cárceles este año, 25 de ellas fueron muertes violentas (homicidios y suicidios). Se trata de 36 hombres y una persona de identidad trans; el promedio de edad es de 34 años: entre las personas fallecidas de forma no violenta el promedio asciende a 41, y el promedio entre los que murieron de forma violenta, disminuye a 31 años.

11 muertes fueron el desenlace de enfermedades o problemas de salud “no mediados por violencias externas explícitas”. A su vez, de estas muertes “no violentas” hubo cuatro causadas por enfermedades oncológicas, tres casos por causas relacionadas con el VIH-sida, una por insuficiencia cardíaca, una por insuficiencia respiratoria, una por infección ósea crónica y una por enfermedad no determinada.

81,8% del total de las muertes no violentas ocurrió en el ex Comcar. “Sería deseable continuar investigando sobre posibles explicaciones respecto a esta particular sobrerrepresentación en dicha unidad”, afirman e indican que “es válido preguntarse si las condiciones de reclusión o de atención de salud en el lugar tienen que ver con este relativamente alto número de muertes por enfermedad que allí ocurren”. Al respecto, sostienen que existe un “gran problema de accesibilidad” al centro médico de la cárcel; la atención se entorpece por “dificultades operativas, ya que muchas veces los internos no son llevados a la consulta por los funcionarios a cargo de hacerlo”. Explican que esto puede ocurrir “por diversos motivos: falta de funcionarios, sobrecarga de otras tareas, descoordinación, u otras causas”. En ese sentido, más adelante se agrega que “la carencia de personal, su sobrecarga o agotamiento, también son causa en muchos casos de poca disposición o actitudes displicentes para responder a las demandas. En todo caso, aquí se constituye un núcleo problemático a ser atendido, ya que está en juego la salud de muchas personas”.

Otras 15 muertes fueron homicidios -la cifra más alta desde 2006-, ocho por suicidios y dos por accidentes o circunstancias confusas y no aclaradas hasta la fecha, pero en un contexto violento. Los 15 homicidios se produjeron con heridas de arma blanca, los suicidios fueron por ahorcamiento y los accidentes correspondieron a caídas de altura. “En un caso el interno cayó cuando trepaba y era seguido por la guardia, existiendo versiones contrapuestas sobre si le estaban disparando o no con munición no letal, pero quedando claro que se trataba de un episodio de enfrentamiento interpersonal y huida. En el otro el interno cayó desde un techo pero existen elementos testimoniales que apuntan a un probable suicidio”. También se señala que sobre un caso no lograron relevar información suficiente para determinar los casos de muerte.

Además, se sostiene que buena parte de los enfrentamientos entre internos tienen como causa emergente hechos supuestamente de poca trascendencia de la convivencia cotidiana. “Más allá del emergente concreto, es claro que hay un tema subyacente muy fuerte, en todos los módulos de mayor violencia y en particular en los 'agujeros negros' del sistema [donde el sistema se limita a contener a las personas en sus celdas y las actividades socioeducativas son entre nulas y escasas: módulos 8, 10 y 11 del ex Comcar, módulo 2 de Canelones], es la circulación de drogas. El tráfico de sustancias ilegales y las deudas que el mismo genera, es una fuente constante de entredichos, conflictos y enfrentamientos violentos”. Se agrega que impacta constatar cómo “acceder a trabajos o tareas laborales en los establecimientos [fajinero: tareas de limpieza en el sector o planchada; ranchero: reparto de la comida; carrero: asiste en el reparto de la comida], entre otras tareas que permiten salir de la celda, se vuelve un motivo de lucha, venganza y muerte al no existir actividades educativas o laborales suficientes, programadas y sostenidas de manera coherente”.

Por otro lado, a la oficina del comisionado le resulta “muy evidente” que muchos reclusos tienen problemas de salud mental, a veces de larga data, “no tratados antes fuera y ahora dentro del establecimiento, y que las condiciones de privación de libertad agravan severamente”. También son visibles los “estragos de las adicciones y en particular de las sustancias ilegales. Estos dos factores a veces se combinan, en cambiante relación de causa y efecto que, en el contexto de una convivencia violenta, se vuelven letales”.

Muertes entre 2006 y 2016

Los redactortes del informe constataron 381 fallecimientos en los últimos diez años; si observamos la evolución de la cifra año a año, 2006 fue el año en el que murieron menos personas (19), mientras que en 2010 hubo 53 muertes (12 en Rocha, en el incendio que mató a 12 hombres). Respecto de dónde ocurrieron las muertes en los últimos diez años, 85,8% ocurrió en las cárceles de la zona metropolitana, que concentran el 70% del total de la población. La mitad de las muertes del período considerado fueron tipificadas como “naturales”, mientras que 25,7% se registraron como homicidios, 15,9% como suicidios y en 7,9% el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) indicó que se debieron a “otras causas”, no especificadas. Los homicidios oscilan levemente alrededor de los diez por año, mientras que los suicidios han aumentado muy levemente en el período, llegando a 11 en 2015. La mayor frecuencia está en la Unidad Nº 4 de Montevideo, ex Comcar, con 48 asesinatos -y 3.400 reclusos-; le siguen la Unidad Nº 3 de San José, el Penal de Libertad, con 30 -y 1.100 reclusos-, y la Unidad Nº 7 de Canelones, con 11 -y 1.400 reclusos-. Además de que estas tres prisiones son las más grandes del país, proporcionalmente los homicidios son más en ellas.

Si se compara dónde ocurren los homicidios con dónde ocurren los suicidios, cambia la ecuación: el Penal de Libertad registra el mayor caso de muertes (20) y le siguen el ex Comcar (12), la Unidad Nº 5 Femenina de Colón en Montevideo, ex CNR (8), la Unidad Nº 13 Las Rosas de Maldonado (7) y Canelones (6).

Por otro lado, los fallecimientos por “otras causas” sólo se han registrado en cuatro unidades: ex Comcar (14 muertes), Rocha (12 en el incendio de Rocha en 2010), el Femenino (2) y Canelones (1). Se aclara que dentro de esta categoría están, fundamentalmente, los hechos accidentales o situaciones no aclaradas. En el informe se señala que, “si bien es el renglón con menos fallecimientos, la cifra no es estadísticamente irrelevante y puede estar apuntando deficiencias a la hora de esclarecer los hechos”.