Se aprobó conformar investigadora sobre actuación de los servicios de inteligencia

Durante 180 días, integrada por cinco miembros del Frente Amplio (FA) y cuatro de la oposición, funcionará en el Parlamento una comisión investigadora para analizar el funcionamiento y las prácticas de los servicios de inteligencia del Estado desde 1985 hasta hoy, particularmente los servicios dependientes del Ministerio de Defensa Nacional y del Ministerio del Interior. La comisión preinvestigadora, integrada por los diputados frenteamplistas Roberto Chiazzaro (Partido Socialista) y Jorge Pozzi (Nuevo Espacio) y el nacionalista Gustavo Penadés (Todos hacia Adelante), resolvió, tras reunirse el martes y el miércoles de esta semana, dar lugar a la denuncia presentada por el diputado del FA Luis Puig (Partido por la Victoria del Pueblo) y proponerle al plenario de la Cámara de Diputados la conformación de una investigadora.

La preinvestigadora concluyó en su informe que, a partir de las pruebas aportadas por Puig, se presume la existencia de “situaciones ilícitas e irregulares”. Las pruebas consistieron en sendos informes de la historiadora Isabel Wschebor y el doctor en Filosofía Álvaro Rico, quienes oficiaron como peritos en la causa judicial que investiga el homicidio de Fernando Miranda, por la cual se incautó el archivo del militar retirado Elmar Catiglioni. También se incluyen en la denuncia notas de prensa de distintos medios, entre ellos el semanario Brecha, que accedió al archivo.

En el informe de la preinvestigadora se indica que “el corazón de la denuncia” es “el hallazgo de un archivo de inteligencia, compuesto por más de sesenta cajas de información”, en la casa de Castiglioni. “Este archivo contendría pruebas de la realización, en democracia, de espionaje, infiltración, seguimientos, chantajes, presiones y operaciones contra todos los partidos políticos, organizaciones sindicales, estudiantiles, de Derechos Humanos, legisladores, oficiales militares, directivos de empresas públicas y altos cargos de gobierno”, sostiene el documento.

De esa documentación, y basados en los informes de los peritos, los legisladores concluyen que pueden haber existido “posible prácticas ilegales y reñidas con el Estado de Derecho”, que habrían sido realizadas no por un individuo ni por un grupo reducido, sino que se trataría de “una acción planificada, extendida en el tiempo y para la que se usaron fondos y recursos, humanos y materiales, del Estado”. “Esta acción, presumiblemente ilegal y por lo tanto sumamente peligrosa, de los servicios de inteligencia habría tenido y tendría como objetivo obstaculizar el camino hacia la verdad histórica, el esclarecimiento de los crímenes del terrorismo de Estado y consolidar la impunidad de los responsables de los mismos”, agrega el informe.

Otro objetivo de las acciones de espionaje, según presumen los legisladores, habría sido “influenciar y distorsionar el accionar de partidos y organizaciones sociales”, así como “incidir sobre discusiones y decisiones con repercusiones comerciales, y en un sentido más amplio, económicas”.

Por otra parte, la documentación del archivo aportaría pruebas de que “funcionarios del Estado uruguayo, oficiales policiales y militares con tareas de inteligencia, recibieron dinero y cumplieron tareas para agencias de inteligencia extranjeras, entre otras las CIA, lo que constituye una grave lesión a nuestra soberanía y un grave peligro para la seguridad nacional”.

“De confirmarse las presunciones anteriormente señaladas, estaríamos ante un ataque a la democracia, la libertad y el sistema constitucional perpetrado además desde el propio Estado y con recursos del Estado”, concluye el informe de la preinvestigadora. Al mismo tiempo, promete que en la comisión investigadora se manejará la información “con responsabilidad y cuidado, preservando a las organizaciones y personas que fueron víctimas de estas prácticas injustificadas y reñidas con la democracia y el Estado de Derecho”. Se aclara que no se propone la investigadora para “difundir o realizar investigaciones basadas en el contenido de los archivos ilegales que se encontraron”, sino para “desentrañar los mecanismos institucionales y privados que permitieron que estas prácticas, violatorias del sistema legal y democrático, permanecieran en plena democracia, y tomar medidas para que ello no ocurra más”.

Además de investigar el accionar de los servicios de inteligencia, identificar su metodología y eventuales responsables, la comisión se propone establecer la relación entre la documentación hallada en el archivo Castiglioni y los archivos oficiales de las distintas reparticiones que realizan tareas de inteligencia en el Estado, en especial los archivos digitalizados del Ministerio de Defensa Nacional, en depósito en el Archivo General de la Nación.

Finalmente, del trabajo podrá surgir la necesidad de conformar una comisión especial con fines legislativos para proponer nueva normativa para prevenir estos hechos, en caso de confirmarse, anunció ayer Pozzi en el Parlamento.

Fines y salvedades

El miembro informante ayer en la Cámara de Diputados, Jorge Pozzi, se preguntó cuál era el fin de estas prácticas de espionaje. Señaló que quizá fue “meramente ideológico” y que se buscó acumular información “por inercia de la dictadura”, pero agregó que también puede haber tenido el objetivo de “ocultar cosas del pasado”, para que no se supiera “lo que ocurrió con el terrorismo de Estado”. Mencionó que uno de los documentos del archivo Castiglioni es un mapa de la Laguna del Sauce, donde se están realizando excavaciones a raíz de información sobre presuntos enterramientos clandestinos.

Pozzi remarcó que estamos ante “un tema sensible, grave”, que “se presta a que instituciones y personas sean tomadas de rehenes”. Consideró que la conformación de una investigadora es una manera de decir a quienes “están operando en las sombras” que el Parlamento está dispuesto a “denunciar todos los hechos”.

El diputado del Partido Nacional Gustavo Penadés acompañó el informe de la preinvestigadora, con algunas salvedades que expuso en sala. En particular, Penadés recordó que el ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, cuando concurrió el martes en régimen de comisión general al Parlamento, afirmó que no existió espionaje militar en democracia, en base a un informe que le pidió a las autoridades militares de las tres armas. “Las autoridades han respondido que institucionalmente no se han realizado actividades de esas características y que no existen en las fuerzas archivos al respecto”, manifestó el ministro en el Parlamento.

Penadés destacó el “peso político” de esta afirmación, y señaló que en caso de confirmarse el espionaje, Menéndez quedaría en una “incómoda situación”. Subrayó que la comisión investigadora estudiará “lo que el Poder Ejecutivo del mismo partido de gobierno hace 48 horas dijo que no existía”.

El diputado socialista Gonzalo Civila le contestó a Penadés que “se han deformado los dichos del ministro” y remarcó que Menéndez “tiene un compromiso profundo con la verdad y la justicia”. Afirmó que, en base a una conversación reciente que tuvo con Menéndez, este le manifestó que la información que se manejaba sobre sus dichos en comisión general no se correspondía con la realidad. Civila leyó la carta que Menéndez envió a los mandos militares el 12 de setiembre, en la que les exigía que antes del 15 de setiembre le informaran si en la ex dirección de Inteligencia del Estado existe información sobre actividades de espionaje que se realizaban a partidos políticos y organizaciones sociales, y quiénes las ordenaron. En la misiva, Menéndez reafirmó “la necesidad de que todas las actividades realizadas por el Estado Mayor se ejecuten en el marco de la Constitución y las leyes vigentes en el país”. Civila indicó que los mandos respondieron negando que existiera información. “Esa afirmación es distinto a decir: ‘no existieron’ [actividades de espionaje]. Son dos afirmaciones diferentes. El ministro dejó en claro que los mandos le respondieron que no tenían conocimiento”, manifestó Civila, y afirmó que “no hay contraposición entre el accionar del Poder Ejecutivo y la bancada del FA”.

El diputado del Partido Colorado Fernando Amado (Batllistas Orejanos) dijo que la defensa está “cooptada” por los militares, debido a que los políticos muchas veces delegan esa actividad en ellos, y comentó que no le extraña “el poco calor” que le pusieron los principales líderes políticos del país a este tema. Remarcó que “no se puede mirar para el costado” y que “se está o no se está con la democracia”. “Los militares no pueden y no deben tomar acciones” al margen de la cadena de mando, afirmó.

El miembro denunciante, Puig, expresó su “enorme satisfacción” por la unanimidad en la decisión de conformar la investigadora. Sobre la posibilidad de que el archivo Castiglioni contenga información relevante en materia de derechos humanos, el diputado frenteamplista recordó que entre la documentación hallada está la libreta de casamiento de Elena Quinteros y un informe de un oficial de inteligencia sobre un interrogatorio al suegro de la maestra secuestrada de la embajada venezolana y que se encuentra desaparecida. En cuanto a la actividad de los servicios en democracia, Puig recordó lo que divulgó en su momento el semanario Brecha, respecto de que hay registros de seguimientos a integrantes de la Comisión para la Paz (conformada por el entonces presidente Jorge Batlle), infiltraciones en la Marcha del Silencio y recibos de pago a infiltrados en organizaciones sociales y políticas, pagos que deberá determinarse si se realizaron con fondos públicos.