“Concluyendo mis declaraciones, siento la necesidad de hacer un fuerte llamado a los imputados. Desde hace 40 años no tenemos noticias de los cuerpos de los desaparecidos ni de los niños secuestrados y apropiados. Si saben algo, hablen. Tendrán que pagar por lo que hicieron, ante Dios -para quien es creyente- y ante los hombres. Todavía tienen un mes de tiempo, todavía una ocasión que nos pueda mostrar que tienen misericordia”. Con estas palabras, el abogado Angelo Paolo Sodani, representante de la parte civil Cristina Mihura en el caso de la desaparición de Bernardo Arnone, terminó su alegato final en un aula silenciosa y compasiva. La Tercera Corte de Asís, presidida por la jueza Evelina Canale, se reunió el viernes 11 en la 54ª audiencia del juicio oral y público por el secuestro y homicidio de víctimas de la Operación Cóndor en distintos países sudamericanos, y escuchó las declaraciones finales del abogado Sodani para el caso del desaparecido ítalouruguayo Bernardo Arnone y del abogado Giancarlo Maniga para los casos de los ítalouruguayos Daniel Banfi y Héctor Giordano, del ítalochileno Omar Venturelli y del ítaloargentino Lorenzo Viñas.

Sodani había iniciado su discusión subrayando el rol de los familiares de las víctimas en la instrucción del juicio y, en particular, de la parte civil que representa, Cristina Mihura, que fue una presencia constante y atenta en todas las audiencias, a quien Sodani homenajeó recalcando su aporte al juicio en términos judiciales y humanos. Sodani destacó también los nombres de las mujeres que, junto con Mihura, presentaron la denuncia a la Fiscalía de Roma: “Esos nombres deben ser conocidos: Cristina Mihura, esposa de Bernardo Arnone; Marta Casal del Rey, esposa de Gerardo Gatti; María Luz Ibarburu, madre de Juan Pablo Recagno; María Bellizzi, madre de Andrés Bellizzi; Aurora Meloni, esposa de Daniel Banfi; Claudia Allegrini, esposa de Lorenzo Viñas”. El abogado resaltó asimismo la amplísima investigación que hizo la Fiscalía de Roma, así como la dificultad para celebrar el juicio, “las obstrucciones por parte de algunos países, la falta de asistencia jurídica, de transmisión de documentación que tuvo un peso determinante en este procedimiento que estamos a punto de terminar”. Al presentar su alegato final, indicó los puntos fundamentales: demostración de la existencia del Plan Cóndor, demostración del secuestro y del homicidio de Arnone y demostración de la responsabilidad de los imputados. A propósito de la Operación Cóndor, repasó el elenco de estructuras en las que la coordinación represiva funcionó en Uruguay -“el Cosena [Consejo de Seguridad Nacional], que representa una fractura en la democracia uruguaya; el SID [Servicio de Inteligencia de la Defensa], al que pertenecía gran parte de nuestros imputados; el OCOA [Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas]”-, citó 22 testimonios que prueban la coordinación entre fuerzas represivas uruguayas y de otros países; y, finalmente, presentó una gran cantidad de material documental que incluye actas oficiales y documentos desclasificados. Luego, el abogado pasó a detallar las circunstancias del secuestro y de la desaparición de Arnone: “Bernardo era un chico de 24 años. Ambos nacimos en 1952, y al estudiar su vida me pareció volver a ver mi juventud en Italia. Ambos tuvimos militancia estudiantil y política, con la diferencia de que él ya a los 20 fue detenido y torturado, y luego le tocó asistir a un golpe de Estado y exiliarse de su país. Quiero recordar a los señores del jurado que en Italia no estuvimos lejos de vivir hechos parecidos: el líder socialista Pietro Nenni, al referirse a los sucesos del verano de 1964, habló de un ‘tintinear de sables’, y en 1974 estuvimos muy cerca de un golpe de Estado. […] Bernardo sale de su casa en Buenos Aires el 1º de octubre de 1976 y desde entonces no tenemos más noticias de él”. Sodani continuó su declaración dirigiéndose a los miembros no togados del jurado, para remarcar que “aunque no hemos encontrado el cuerpo de Bernardo tenemos miles de elementos que nos dicen que fue detenido y asesinado dentro de una de las estructuras represivas de la dictadura: el testimonio de Sara Méndez, que relata que Ricardo Medina Blanco la interrogó a propósito de Bernardo, le mostró su licencia de conducir y le preguntó si tenía un ojo de vidrio; [...] el testimonio de Ricardo Gil, que fue interrogado sobre Bernardo y al que mostraron una foto suya; [...] Elba Rama, que entregó a esta Corte fichas identificatorias expedidas por el SID y el OCOA, ahora desclasificadas, que se encontraban en el archivo del Ministerio de Defensa”. La última parte de su exposición se centró en la individualización de la responsabilidad de cada uno de los acusados, ofreciendo al jurado una reconstrucción puntual de todos los episodios relatados durante las audiencias y encontrados en la documentación que es parte de la instrucción del juicio y en los que son citados como responsables de secuestros, violaciones de derechos humanos y actos ilegales contra las víctimas. Sodani también destacó la postura de los imputados, que, con una distancia de años respecto de los hechos, siguen defendiendo sus acciones: “Actuaron como sádicos y siguen teorizando y reivindicando lo que hicieron”. Toda la documentación que el abogado expuso en el aula fue entregada a la Corte como material de consulta para emitir el fallo.

Cristina Mihura, sentada al lado de su abogado durante toda la declaración, habló con la diaria y expresó su agradecimiento al jurista que la representó, por el trabajo hecho. Quiso subrayar que le pareció muy importante haber recordado a Bernardo como un joven comprometido con su tiempo, y muy oportuno haber evocado los lazos fuertes y las similitudes entre Italia y Uruguay, porque “ambos países son parte de mi historia y la de Bernardo. Él era nieto de emigrantes italianos que se refugiaron en Uruguay, y yo llegué acá como prófuga a pedir justicia”.

Para la parte civil Bellizzi, el abogado Massimiliano Riga, en sustitución de Ernesto Magorno, no discutió en el Aula el caso a su cargo y depositó una memoria.

Giancarlo Maniga, en su requisitoria, definió los hechos que están en el origen del juicio como “una noche de la democracia en la que fueron aniquiladas dos generaciones”. El abogado resaltó la responsabilidad de Estados Unidos en lo acontecido en los países del Cono Sur en las décadas de los 70 y 80: “No olvidamos que los militares que ‘sirvieron’ de esa manera en sus países fueron entrenados en la Escuela de Panamá, adiestrados para interrogar y torturar por Estados Unidos. Ese es un aspecto muy significativo que no debemos olvidar y que no releva a los imputados de sus responsabilidades. […] las dictaduras fueron instrumento de políticas económicas”. Maniga hizo referencia a la función de los juicios, que no es “escribir la historia, sino revalorizar los eventos y reconstruir la verdad y la memoria”. “En ese caso, aunque la gran distancia de tiempo con respecto a los hechos hace más difícil encontrar las pruebas, esa misma distancia nos ayuda a mirar los hechos con más objetividad. Un juicio nos ayuda a transitar de una interpretación individual a una interpretación global”, señaló. En la reconstrucción del caso de Daniel Banfi, refirió a los testimonios que prueban el involucramiento del comisario Hugo Campos Hermida y la existencia de una coordinación entre uruguayos y argentinos aun antes de la reunión fundacional de la Operación Cóndor. Recordó el testimonio de Aurora Meloni, esposa de Banfi, la mirada entre los dos mientras los militares lo arrastraban de la casa, y la frase de Luis Latrónica, que estuvo detenido con él: “Nos llevan a la matanza”. Subrayó el compromiso civil de Héctor Giordano, abogado laboralista, hombre íntegro y honorable, y las palabras de su hija Lucía ante la Corte; palabras que, dijo Maniga, “restituyen con exactitud el estado de ánimo de quien ha perdido a una persona querida; no sólo el dolor, sino el desconcierto, que es el mismo de una generación entera”. El abogado reconstruyó la historia de Omar Venturelli, dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Chile, y de Lorenzo Viñas, detenido en la frontera con Brasil y que continúa desaparecido.

Maniga concluyó con un llamado a la Corte y una recomendación: “Cuando, durante la sesión cerrada, se encuentren con todos estos hechos, a veces similares y que podrían parecer repetitivos, recuerden que se trata de la vida de personas reales y únicas. Ustedes deberán tener en la mente las imágenes de las víctimas: acordarse de la mirada que intercambiaron Aurora Meloni y Daniel Banfi, de las palabras de Lucía Giordano, de las cartas que Venturelli escribía a su pequeña hija María Paz. Al considerar todo eso lograrán juzgar y emitir una condena ejemplar, que todo el mundo espera, para que finalmente haya justicia. Nunca más”, concluyó.