“Lo que estamos celebrando acá es un juicio que no tenía que empezar, porque excede las normas de la competencia territorial, viola las leyes de nuestro proceso penal y tiene fundamento en una lectura distorsionada de nuestro ordenamiento jurídico. Es un juicio que vuelve a procesar la historia de manera subrepticia e inapropiada”. En la última audiencia de debates del juicio sobre el Plan Cóndor en Roma, el abogado Carlo Zaccagnini, que defiende a los imputados José Nino Gavazzo, Pedro Antonio Mato Narbondo, Luis Alfredo Maurente Mata, Juan Carlos Larcebeau y Ricardo Eliseo Chávez Domínguez, estructuró su defensa en torno al concepto de error judicial, y expuso sus motivaciones ante la Tercera Corte de Asís de Roma.

El jurista argumentó que el lema “la ley es igual para todos”, que está en la base del ordenamiento jurídico italiano, no fue respetado en este juicio, porque hubo un impedimento sustancial de contacto entre el imputado y su defensa a causa de la distancia que separa a Italia de Uruguay. Zaccagnini utilizó una porción importante del tiempo del que disponía para confrontar en torno al tema de la ciudadanía de las víctimas, y analizó la legislación sobre la atribución de la nacionalidad haciendo referencia a las leyes italianas y uruguayas. Disertó largamente acerca de esa cuestión y llegó a decir que en la instrucción del juicio hubo un error fundamental: que las víctimas no eran italianas, porque las leyes vigentes en la época de los hechos dicen que “la inscripción en los listados del consulado italiano no constituye prueba de ciudadanía”. El abogado buscó rebatir también otras cuestiones jurídicas citando el ne bis in idem, es decir, el principio jurídico -al que Italia adhiere- por el cual un juez no puede procesar dos veces al mismo individuo por los mismos hechos.

Francesco Guzzo, abogado de Jorge Néstor Tróccoli, tomó la palabra alrededor del mediodía y habló por un lapso de más de tres horas. Volvió a trazar la historia de emigración y de regreso a Italia de la familia de Tróccoli y la figura de su bisabuelo, que atravesó el océano en una goleta y fue recibido por el entonces rey de Italia. Buscaba subrayar que Tróccoli es “a todos los efectos, un italiano desde su nacimiento”.

Toda la parte más estrictamente defensiva de su alegato final se centró en la sentencia del Tribunal de Revisión italiano que liberó a Tróccoli en 2008, tras 22 días de cárcel: “Ese fallo afirma que todo el material probatorio utilizado para pedir la detención de Tróccoli lo exculpa, porque nunca el imputado es reconocido como responsable de la actividad represiva de la que fue acusado. El tribunal de revisión, al revés de lo que dijo el abogado [Fabio Maria]Galiani [defensor de la República Oriental del Uruguay y de la parte civil Soledad Dossetti], hizo una actividad de investigación importante con una retroalimentación puntual, y puso en libertad a Tróccoli sin medidas restrictivas; él tiene todavía su pasaporte. [...] El presente juicio no ha añadido nada a las tesis del Tribunal de Revisión”.

Guzzo habló de una construcción, por parte de la Fiscalía y de las partes civiles, de una estructura que tenía como objetivo crear un monstruo, un verdugo, cuando en realidad el ex marino no era otra cosa que “un modesto funcionario de rango inferior que hoy es un jubilado y vive en una provincia del sur de Italia, lejos de sus hijos y de sus nietos, sin tener la posibilidad de gozar del afecto de sus seres queridos”. “Los medios de comunicación han creado un monstruo, clavándose en su vida privada y personal sin restricción, con el único objetivo de llevarlo a la picota”, continuó.

El abogado se propuso pintar un Tróccoli víctima más que represor, y demostrar el rol marginal del imputado, que, en sus palabras ante la Corte, se transformó en apenas “un militar al servicio de su país, que sirvió a su patria como cualquier otro militar, porque hizo un juramento sobre la Constitución y la bandera. Que combatió a los subversivos, pero que no secuestró, torturó o mató a nadie”. El rol marginal de Tróccoli, según Guzzo, es confirmado por el hecho de que en los años en cuestión él era un simple teniente de navío que no podía tomar ninguna decisión en forma autónoma, porque tenía siete grados de mandos superiores a él: “La Justicia tendría que castigar a los verdaderos responsables”, dijo.

Todo el juicio de Roma, en las palabras de Guzzo, fue inútil y sólo logró hacer gastar al Estado italiano un cúmulo de dinero en perjuicio de los contribuyentes. La responsabilidad de ese desgaste sería imputable, según él, a la “sed de venganza de las varias asociaciones”, y al gobierno que se estableció en Uruguay en 2005: “Un gobierno de matriz democrática que a lo mejor no tenía aspiraciones democráticas y no quiso respetar la ley de amnistía de 1986 ni el éxito del plebiscito de 1989. [...] Tróccoli no quiso aguantar ese abuso de poder y se fue del país. [...] no logrando llevarlo a juicio allí, Uruguay pidió a Italia que lo procesara... Pero acá estamos en Italia, y la ley no es aplicada por los gobiernos o los partidos políticos, sino por los tribunales. Si la matriz de ese juicio es claramente política, ¿por qué no fue celebrado en el Parlamento uruguayo? Esta es una represalia que se quiere tomar después de 40 años; Tróccoli es un perseguido político, aunque siguió sirviendo a su país aun luego del regreso de la democracia. ¿Es una búsqueda de justicia o una venganza política póstuma?”, preguntó Guzzo a la Corte.

La disertación del abogado fue interrumpida en varias ocasiones por comentarios de los abogados y del público presente (algo que no está permitido, por lo que la presidenta, Evelina Canale, debió intervenir para censurar esas intervenciones). Luego Guzzo se dirigió frontalmente a los principales acusadores de Tróccoli en el juicio: “Han pasado 40 años de los hechos. ¿Qué hizo Rosa Barreix, que ahora acusa a Tróccoli, durante ese tiempo? ¿Por qué llega hoy a molestar a Italia si antes no habló? [...] ¿De dónde sale esa gente que luego de 40 años se acuerda de haber sido torturada y llega acá a apuntar con el dedo?”.

La tesis del defensor de Tróccoli fue siempre una, y la persiguió hasta el final: Tróccoli no es responsable, ya que fue militar y obedeció órdenes de sus superiores; los verdaderos responsables de esos hechos no están siendo juzgados, y se quiere imputar toda la carga a oficiales de rango inferior que no podían hacer otra cosa que obedecer; la voluntad de llegar a hacer justicia no es otra cosa que un espíritu de venganza que construyó ingeniosamente una castillo de acusaciones sin distinguir quién fue el responsable y quién sólo un chivo expiatorio. Sobre todo, Guzzo buscó convencer al jurado popular de que “son historias de hace 40 años y ocurrieron en un país lejano; son historias que no nos interesan”. Este juicio, sostuvo, no debió haberse celebrado en Italia.

Al final de la audiencia, y dado que la Fiscalía renunció a replicar, la Corte dio por concluido el juicio y se retiró para deliberar. La próxima audiencia está fijada para el 17 de enero, día en el que se espera la lectura del fallo.