El presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Mario Bergara, defendió ayer, en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores, la pertinencia de aprobar el proyecto de ley de transparencia fiscal. La iniciativa ya cuenta con media sanción de Diputados, y fue aprobada con los votos del Frente Amplio, el Partido Independiente y Alianza Nacional. Dispone una mayor flexibilización del secreto bancario, la obligación de informar los saldos de cuentas de las empresas y la obligación de determinar el beneficiario final de las sociedades, entre otras disposiciones que apuntan a una mayor transparencia en el manejo financiero.

Bergara coincidió con quienes plantean que la demanda por mayor transparencia que impulsa la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) se debe a la crisis financiera que sufrieron los países desarrollados en 2008, y al hecho de que han tenido que volcar “enormes sumas al salvataje de sus sistemas financieros”. “Hay una creciente demanda de transparencia para evitar que esos capitales fluyan hacia fines non sanctos”, apuntó Bergara. De todos modos, remarcó que Uruguay tomó la opción de pertenecer al “club” de la transparencia y no al “club” de “los paraísos fiscales”, como parte de un enfoque de inserción internacional “en base a la transparencia y en base a la vocación de cooperación para el combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo”. “Es parte de un proceso global en el que Uruguay se inserta sin obligación, se inserta en base a su vocación y a sus valores”, insistió.

El presidente del BCU dijo que, de aprobarse el proyecto de ley, la entidad que encabeza deberá ampliar y profundizar el registro que lleva de sociedades anónimas con acciones al portador, y deberá incluir también a las sociedades con acciones nominativas, porque en ambos casos deberá determinarse el beneficiario final de las sociedades. Explicó que el actual registro arroja un total de 27.000 sociedades anónimas registradas, de las cuales 6.000 tienen accionistas que son a su vez sociedades. “Llegar al beneficiario final implica descorrer los velos societarios para llegar a las personas físicas que están atrás de esas sociedades”, explicó Bergara.