El 14 de diciembre, la empresa transnacional Cookeaquaculture escrituró ante la Justicia la compra de activos de la pesquera Fripur, según informó la semana pasada el semanario Búsqueda. Ya a mediados de noviembre, el síndico del proceso concursal, Francisco Cobas, había declarado a El Observador que la empresa completó el pago de los 15 millones de dólares que debía abonar para hacerse con las acciones de la empresa de los Fernández. Cobas aseguró también que a partir de este pago, los trabajadores estarían habilitados a cobrar cerca de la mitad de lo que se les adeuda por créditos laborales.

Pasó más de un mes de aquellas declaraciones, y los trabajadores aún no han cobrado. Jorge Bentancor, integrante de la cooperativa EcoFripur, que nuclea a ex trabajadores de la empresa, dijo a la diaria que se les presentó un plan de pago pero no se establecieron fechas. Recordó, por otra parte, que a los ex empleados se les abonarán los créditos que debía la empresa entre agosto de 2014 y setiembre de 2016, pero que la deuda de Fripur con los trabajadores anterior a agosto de 2014 era muy superior a la cifra que se pagará. La deuda total del grupo Fernández -que cuenta con emprendimientos de energía eólica beneficiados por exoneraciones impositivas por al menos 2,7 millones de dólares, según informó en mayo de 2016 el portal Sudestada- asciende a cerca de siete millones de dólares. Los trabajadores de EcoFripur presentaron en noviembre un escrito ante el Juzgado de Concursos de 1º Turno, a cargo de la jueza Silvia Rodríguez, solicitando la nulidad del proceso concursal, pero este pedido nunca fue considerado por la jueza, afirmó Bentancor. Los trabajadores entienden que fue irregular la entrega por parte de la Justicia de las acciones de Fripur en Argentina a Cookeaquaculture, cuando la transnacional no había abonado ni la tercera parte de lo que debía. Cookeaquaculture contrató hasta el momento a unos 20 trabajadores, para mantener una planta en la que trabajaban más de 900. Los integrantes de EcoFripur continuarán buscando inversores para un proyecto de procesamiento de pescado que forma parte del que presentaron a la Justicia en el proceso concursal, y que fue desestimado por falta de solvencia económica.