En los años que restan para culminar este período de gobierno, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) renovará a la mayoría de sus integrantes. Jorge Larrieux dejó su cargo a fines de noviembre y su puesto permanece vacante; luego será el turno de Ricardo Pérez Manrique, Felipe Hounie y finalmente de Jorge Chediak. El Frente Amplio (FA), el Partido Nacional y el Partido Colorado ya están negociando sus sustitutos en una modalidad de “paquete”, que no sólo incluiría la vacante dejada por Larrieux, explicó a la diaria la senadora frenteamplista Lucía Topolansky (Movimiento de Participación Popular).

En una reunión la semana pasada, los partidos intercambiaron los nombres de su preferencia, tomando como criterio general los ministros más antiguos de los Tribunales de Apelaciones. Mañana volverán a reunirse, y hay perspectivas de llegar a un acuerdo, posiblemente en los primeros días de febrero. “El FA hizo un estudio serio, trabajamos bien. Creemos que los nombres que pusimos sobre la mesa no deberían tener objeciones”, afirmó Topolanksy, y agregó que la mayoría de los nombres que propuso la oposición “son llevables, pero no son la panacea”. El senador nacionalista Álvaro Delgado dijo a la diaria que el grupo negociador interpartidario está “avanzando en buen sentido, con buen tono”. Topolansky señaló que para la elección se toma en cuenta la búsqueda de equilibrios en la formación de los candidatos (que no sean todos penalistas o todos civilistas, por ejemplo), el currículum de la persona y “alguna sentencia que haya dictado”, si bien todos los legisladores tienen también un asesoramiento de carácter más “político”, explicó.

Como la designación de ministros de la SCJ requiere mayorías especiales, si los partidos no logran ponerse de acuerdo ingresa el ministro de Tribunal de Apelaciones con mayor antigüedad. Según informó El País la semana pasada, para llenar la vacante de Larrieux esa calidad la reviste el ministro Eduardo Turell, presidente del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º Turno. Turell firmó junto a otros ministros -en una integración especial de la SCJ- una sentencia de inconstitucionalidad que en 2015 desarticuló la fórmula salarial que el Poder Ejecutivo proponía para intentar terminar el conflicto con los funcionarios judiciales. También fue firmante de un fallo que obligó al Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) a liberar información sobre el proyecto minero de Aratirí.

En paralelo a esta negociación interpartidaria, la Comisión de Constitución y Legislación de la Asamblea General estudia un borrador de reglamento de elección de los miembros de la SCJ y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), elaborado por el FA y presentado en ese ámbito a fines de octubre. El proyecto recoge la inquietud planteada en octubre de 2014 al Parlamento por 130 organizaciones sociales, entre ellas el PIT-CNT, el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay, el Servicio Paz y Justicia, Cotidiano Mujer y Cainfo. Plantea la creación de una comisión especial integrada por 15 miembros, que en caso de vacantes inminentes en esos organismos, será la encargada de convocar de manera abierta -mediante el sitio del Poder Legislativo- a “prepostulaciones” para ocupar esos cargos. De esas prepostulaciones, la comisión seleccionará diez candidatos, quienes deberán presentar su currículum actualizado y una selección de sus diez sentencias más importantes en caso de ser jueces, o de sus diez trabajos profesionales o académicos más destacados en caso de no serlo. Además, la comisión solicitará a la SCJ y al TCA, si corresponde, el legajo, los antecedentes y toda otra información relevante sobre los candidatos.

Luego está prevista la realización de audiencias públicas, en las que los candidatos deberán dar sus opiniones, entre otros temas, sobre el rol jurisdiccional, sobre derechos humanos, sobre la separación de poderes y otras cuestiones que la comisión considere relevantes. Finalmente, la Asamblea General elegirá al candidato o los candidatos, como está establecido en la Constitución.

En la comisión que estudia la iniciativa, la senadora frenteamplista Mónica Xavier explicó que la intención es “darle un poco de transparencia” al proceso de elección de los integrantes de la SCJ y del TCA. El senador nacionalista Gustavo Penadés dijo en comisión que está a favor de buscar “mecanismos” para “reglar” el proceso, pero remarcó que no está de acuerdo con quienes interpretan que el mecanismo actual es poco transparente.

El borrador elaborado por el FA está a consideración de los partidos. En la última reunión de la comisión, el Partido Nacional pidió una prórroga para discutir la iniciativa, a efectos de tomar posición partidaria. El senador colorado José Amorín Batlle dijo a la diaria que su partido “siempre está pensando en elegir entre los diez o 15 primeros jueces de los Tribunales de Apelaciones”. “No vamos a traer a un fantasma. El FA quiere poner a las ONG [organizaciones no gubernamentales] a participar en la elección, y eso es muy complicado. Para [elegir] a un director de un ente, vos lo podés traer antes y hacerle preguntas sobre qué opina de tal tema o de tal otro, pero a un juez no le podés preguntar qué opina sobre tal tema, porque el juez estaría prejuzgando. No se eligen así los jueces”, cuestionó Amorín.

Clima templado

Por otra parte, hoy la bancada de Senadores del FA resolverá si concede libertad de acción a la senadora de Casa Grande Constanza Moreira para no votar la venia del coronel retirado Raúl García Igorra para integrar el directorio del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet). El Observador informó la semana pasada que Moreira discrepaba con esta propuesta, y que se retiró de la reunión de bancada molesta por un comentario de Lucía Topolansky. Moreira declaró a ese medio que solicitó libertad de acción para no votar el nombre propuesto por el Ejecutivo, porque entiende que la separación del Inumet del Ministerio de Defensa Nacional ha tenido dificultades y “para que sea completa, el directorio de Inumet debe ser civil”. Además, el militar recibió cuestionamientos por parte de funcionarios del Inumet.

Topolansky dijo a la diaria que en la bancada del FA “no hay drama” por este tema y que se votará la propuesta, porque “la ministra [de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Eneida de León] precisa la venia porque el instituto tiene que funcionar”. Afirmó que uno de los últimos trabajos del senador de su sector Ernesto Agazzi, antes de dejar su banca, fue leer actas parlamentarias y recoger toda la información de los organismos correspondientes vinculada a García Igorra. “Se recogió todo tipo de información, y esa persona no tiene ninguna acusación por el tema derechos humanos. Les puede gustar más o menos, pero no hay ninguna objeción del orden ético o moral. Nosotros chequeamos con Presidencia, con todo lo chequeable”, insistió Topolansky. Afirmó que García Igorra es “la única persona especializada que tiene el país” en meteorología aeronáutica.

Respecto de la objeción a que sea un militar quien ocupe ese cargo, Topolansky consideró que la profesión de una persona no puede ser causal de exclusión. Se preguntó si “es legal en este país ser militar”, y respondió que es tan legal como “ser médico, arquitecto, ingeniero o barrendero”. “Me puede no gustar la cara de alguien, pero no puedo excluirla sin tener una razón”, cuestionó. Sobre la eventual molestia de Moreira, Topolanksy dijo que desconoce si se retiró de la reunión de bancada por estar molesta. “Ella se fue de la bancada. Se habrá molestado, no sé, porque muchas veces llega tarde y se va temprano, pero si se molestó no expresó por qué, así que yo no voy a hacer juego de adivinanzas”, comentó Topolansky, y aseguró que “jamás” ha “ofendido a un compañero”.

Por su parte, la senadora Moreira dijo a la diaria que prefiere ahorrarse los detalles sobre la discusión en la bancada. “No fue la mejor, sin duda. La bancada del Senado debe, aun siendo parte del gobierno, recordar el principio republicano de gobierno. Somos poderes separados y no una simple correa de transmisión del Poder Ejecutivo. Nuestro deber es escuchar a todas las partes, y eso no se hizo”, cuestionó.