En la audiencia de ayer -1º de diciembre- del juicio en curso en la ciudad de Roma sobre la ejecución del Plan Cóndor en varios países sudamericanos se presentaron los dos alegatos finales de las partes civiles y empezaron las declaraciones de los abogados de la defensa.

Fabio Maria Galiani, abogado que representa a la República Oriental del Uruguay y a la parte civil Soledad Dossetti, terminó su argumento, iniciado en la pasada audiencia, centrándose en el rol del ex marino, prófugo en Italia, Jorge Néstor Tróccoli. Luego de recordar sintéticamente los puntos afrontados en la audiencia anterior y puesto en evidencia las contradicciones surgidas en las declaraciones que Tróccoli dio en diferentes ocasiones y en diferentes lugares, concentró su atención en las fechas de diciembre de 1977-enero 1978, momento del secuestro y desaparición de los ciudadanos uruguayos e ítalouruguayos víctimas en este juicio. “Los Registros de la Dirección Nacional de Migraciones dicen que Tróccoli viajó a Buenos Aires el 20 de diciembre y regresó el 22, justo en las fechas en las cuales se realizaron los secuestros de las víctimas en Buenos Aires. Él nos dijo que el motivo de su viaje era personal, pero viajó con Ricardo Dupont y José Uriarte, oficiales de la Armada Nacional. En el legajo de Uriarte y de Tróccoli falta la parte relativa a las fechas de ese viaje a Argentina”. Galiani analizó todo el legajo de Tróccoli y puso en evidencia sus conexiones con la Marina argentina, su presencia en la Esma (Escuela de Mecánica Armada argentina) y los encomios que recibió: “En su legajo en la fecha 30 de noviembre de 1979 se lee que ha desarrollado un trabajo notable en el área de inteligencia y ha realizado operaciones con la Esma”. El jurista luego detalló varias fuentes, sobre todo entrevistas que Tróccoli concedió a la prensa uruguaya, que, dijo, “me hacen pensar que el ex marino es un hombre que se debate entre la necesidad de defenderse, y entonces de mentir, y la vanidad de jactarse de lo que hizo durante la dictadura. En La ira de Leviatán [libro cuyo autor es Tróccoli] escribe que efectuó operaciones en coordinación con la Esma y el SID [Servicio de Inteligencia de la Defensa]; en una entrevista a El Espectador dijo que estuvo varias veces en la Esma, que conocía la práctica de los vuelos; en la carta ‘Yo asumo… yo acuso’ dijo: ‘Confieso, fui brujo y adoré al Diablo, comulgué con la violencia [...] como debe actuar un profesional de la violencia’”.

En la parte final de su declaración, Galiani enfrentó algunas cuestiones jurídicas y subrayó que en el derecho internacional, hechos como los que están en el centro de este juicio serían calificados como crímenes contra la humanidad; pero, como Italia no ha tipificado ese delito, la condena que se pide es por secuestro de personas y homicidios. En relación al pedido de absolución para el imputado Ricardo Eliseo Chávez Domínguez, Galiani destacó que “la justicia deriva de un juicio justo, y en contra de Chávez Domínguez no se ha formado ninguna prueba”. Recordó la figura de Alberto Breccia [ex secretario de la presidencia uruguaya, fallecido en diciembre de 2014] “que acompañó este juicio hasta su último aliento y me acompañó con la sabiduría de un hombre especial y fuera de lo común”. Antes de concluir con sus pedidos de condena quiso subrayar “el honor que fue representar a la República Oriental del Uruguay, y el honor aun más grande de representar a Soledad Dossetti, porque las emociones más grandes en este juicio fueron suscitadas por los familiares de las víctimas, a los que agradezco por el continuo empuje y el apoyo. [...] Pido a esta Corte una sentencia que alimente la justicia y sea ejemplo para los más jóvenes”.

Solicitó que las actas de este juicio fuesen transmitidas a la Fiscalía General en relación a responsabilidades de conducta criminal que surgieron en contra del almirante Tabaré Daners y de otros militares para que se abra un procedimiento. Lo mismo pidió para Tróccoli en relación a casos que no son parte de este juicio, pero que no obstante fueron indicados en el pedido de juicio en virtud del Convenio de Extradición entre Italia y Uruguay. “La dictadura ha sido una mancha imborrable para Uruguay, para toda la comunidad. Por eso pido que cada imputado sea condenado a pagar 500.000 euros para cada víctima causada [...] por un total de 25 millones de euros. Ese dinero será invertido en proyectos para la verdad y la justicia y para la búsqueda de los desaparecidos”.

En defensa

La tarde fue dedicada a las declaraciones de los abogados de las defensas Riccardo Milani, defensor de los peruanos Martín Martínez Garay, Francisco Morales-Bermúdez Cerruti, Pedro Richter Prada y Germán Ruiz Figueroa, y de los uruguayos Juan Carlos Blanco, Ricardo Arab y Gregorio Álvarez Armellino; y la abogada Samanta Salucci, defensora de los uruguayos Ricardo Medina Blanco, Gilberto Vázquez Bissio, Ernesto Soca, Iván Paulós, Ernesto Avelino Ramas Pereira, José Sande Lima y Jorge Alberto Silveira Quesada.

El abogado Milani se dedicó exclusivamente a la defensa de los imputados peruanos, dejando toda la parte uruguaya a su colega Salucci. Milani, que defendió al Tigre Acosta en el juicio denominado “Esma”, concluido en la Corte de Asís de Apelación de Roma en 2008, recordó aquella sentencia para subrayar que en el presente juicio faltan las pruebas en contra de los imputados a los que defiende, al revés de los que pasó en el procedimiento Esma. Milani se dirigió a la Corte y, en especial a los jueces no togados: “Quiero decir, para esclarecer cuál es mi convicción personal, que si yo hubiera vivido en la Buenos Aires de aquellos años, con mucha probabilidad sería un desaparecido. Mi cultura personal me lleva a entender que durante todo este juicio ustedes maduraron odio hacia los imputados. Pero quiero decirles que el odio y el desprecio no pueden hacernos prescindir de las reglas democráticas de nuestro país. Las pruebas deben ser evaluadas, pero si no hay pruebas, o si las pruebas que hay no permiten superar una duda razonable, ustedes tienen el deber de absolver. En el caso de los peruanos no hay pruebas”, concluyó. Pidió la absolución para todos sus clientes y para la posición de Arab pidió, en relación a un error en las actas, no procesar por falta de admisibilidad.

Salucci volvió a trazar todos los testimonios relativos a las víctimas Gerardo Gatti, Bernardo Arnone, Juan Pablo Recagno y María Emilia Islas, para demostrar que no hay pruebas certeras y suficientes para condenar a los imputados uruguayos acusados de la desaparición de esos cuatro jóvenes. La abogada quiso recordar que todos los juristas empeñados en la defensa de los imputados, a excepción de Francesco Guzzo y Anna Cifuni para Jorge Néstor Tróccoli, son abogados de oficio. Salucci solicitó la absolución para todos los imputados que defiende a excepción de Soca, para quien, en relación a un error en las actas, reclamó no procesar por falta de admisibilidad.