El Poder Ejecutivo acordó ayer con la Asociación de Defensores Públicos, y la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, los pagos de la deuda salarial producida durante los años del conflicto que involucró a la casi totalidad de los funcionarios del Poder Judicial, y lo referente a la readecuación salarial del futuro. El acuerdo fue ratificado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y el Ministerio de Economía y Finanzas.
Según informó Caras y Caretas, el gobierno pagará 10% de aumento (frente al 21,6% que reclamaban), menos el 8% que se pagó este año por incremento salarial; por el período comprendido entre diciembre de 2012 y diciembre de este año. Se pagará en cuotas consecutivas en 2017, 2018 y 2019. También se comprometió a aumentar los salarios 14% (menos el 8% ya incorporado al salario). En los hechos, fiscales y defensores cobrarán 6% más; la mitad del aumento se otorgará el año que viene y la otra mitad en 2018.
Por otro lado, a los fiscales se les otorgó dos compensaciones: el Fondo de Perfeccionamiento Académico se tomará en cuenta a los efectos del cálculo de lo adeudado hasta la fecha; eso implicaría unos 20.000 pesos más por año para cada fiscal. La otra compensación es que el cálculo del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas se haga sobre la base de 2016 y no con el incremento previsto para 2017.
Como contrapartida, el Poder Ejecutivo impuso como condición que el acuerdo deberá ser ratificado por al menos 80% de la totalidad de fiscales y defensores públicos, para así poner fin a las demandas. Deberán recaudar las firmas antes del 10 de enero; una vez que presenten las firmas, el Ejecutivo redactará un proyecto de ley y lo enviará al Parlamento. Todavía resta que el gobierno salde la negociación con los funcionarios y actuarios del Poder Judicial; el viernes se acordó con los magistrados.