Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia accederá a los archivos de inteligencia del Ejército y la Fuerza Aérea

Felipe Michelini, coordinador del Grupo de trabajo por Verdad y Justicia (GVJ), se reunió en la tarde de ayer con el comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, quien le expresó su “total disposición a colaborar” en la apertura de los archivos del Ejército y en las acciones vinculadas a las excavaciones en busca de restos de detenidos desaparecidos. Hoy Michelini se reunirá con el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Alberto Zanelli, para conversar sobre los mismos temas. “Lo descontábamos [la buena disposición], porque el Ministerio de Defensa [Nacional, MDN] está en esa línea”, dijo Michelini, en entrevista con la diaria.

El GVJ presentó un plan de trabajo en marzo. ¿Cuáles fueron los principales avances este año?

-El plan de trabajo fue un esfuerzo importante; es la primera vez que el Estado uruguayo tiene un conjunto de ejes por los cuales avanzar; desde esa perspectiva estamos muy orgullosos. Tenemos dos elementos adversos, difíciles de sortear. Por un lado, el paso del tiempo ha jugado como un elemento negativo, porque se pierde evidencia, fallecen los testigos, o bien recuerdan un poco menos, las causas judiciales avanzan con lentitud. Por otro lado, el pacto mafioso de impunidad es parte de una estrategia de negar los hechos y tratar de evadir todas las responsabilidades que sea posible. La acción del grupo de trabajo, por ejemplo, con el ingreso a los archivos del Fusna [Fusileros Navales], pero también con el plan de digitalización de todos los archivos, va en la buena dirección. ¿Que tenemos que hacer mucho más? Sin duda.

En diciembre se vence el convenio con la Udelar. ¿Va a haber cambios en ese acuerdo?

-La forma en que se trabajó estos primeros diez años ya está agotada, por lo tanto hay que darle un cierre. Además, hay que proyectar un nuevo convenio para nuevas tareas; entre ellas, una recopilación de testimonios en forma masiva y el seguimiento de cada una de las causas de los detenidos desaparecidos, dentro y fuera del país.

¿La recepción de testimonios, que era parte del plan, no se ha hecho todavía?

-No, lamentablemente no se pudo hacer, pero se hará el año que viene, en convenio con la Udelar. La idea es que a partir del 1º de marzo estos equipos de antropólogos e historiadores permanezcan. Se reestructurarán mínimamente y se clarificará su línea de dependencia jerárquica y administrativa; dejarán de ser grupos universitarios, lo que tiene cierto sentido, porque el trabajo mediante grupos universitarios en clave de extensión puede ser viable para un proyecto corto, pero no para una actividad permanente.

Los archivos del Fusna siguen en poder de la Armada. ¿Deberían pasar a la órbita civil, entregarse al Archivo General de la Nación (AGN), por ejemplo?

-Los archivos del MDN y de cada una de sus fuerzas siguen estando en esas instituciones. La clave está en poder acceder, poder identificar qué relación tienen con las violaciones a los derechos humanos en dictadura, y por lo tanto tener un acceso rápido y oportuno.

Pero imagínese que cambie la voluntad política de acceder a esos archivos...

-Nosotros hicimos un convenio de digitalización con la Armada con respecto a lo del Fusna, que establece que el formato papel quedará en la institución que está abriendo sus puertas, mientras que el formato digital quedará en ambas instituciones, en la Armada y en el GVJ. En realidad, ninguna entidad del Estado puede negarse a brindar información vinculada a crímenes de lesa humanidad. La restricción no es dónde están los archivos, sino que esa información pueda ser recuperada y entregada rápidamente al área administrativa o judicial que corresponda. Desde el punto de vista jurídico, no habría posibilidad de que ningún administrador se negara a brindar documentación en causas de lesa humanidad, incluso los documentos reservados o secretos.

Quizá para un investigador el AGN sea más accesible.

-Nosotros hemos facilitado el acceso a toda la documentación que tenemos. Por ejemplo, colaboramos con todos aquellos que tuvieron una participación en el juicio por el Plan Cóndor en Italia. Hemos sido una fuente importante de orientación de dónde puede estar la documentación. Los investigadores que se han acercado al grupo de trabajo no han tenido dificultad de acceso.

Hace tres años se firmó un convenio con el Ministerio del Interior para la digitalización de los archivos policiales. ¿Cuándo se estima que finalizará ese proceso?

-Ese proceso está muy avanzado; en los próximos días va a haber una entrega importante de documentación. Ahí hubo una redefinición de por dónde empezar, porque se había empezado por 1940, y ahora se fue por 1968, y en ese sentido se agilizó. La idea es llegar hasta 1985. Nuestra idea es avanzar también con el archivo de inteligencia del Ejército y el de la Fuerza Aérea; estamos haciendo todo para que allí se pueda proceder.

¿Hay voluntad del MDN de abrir esos archivos?

-Sin duda, hay voluntad del MDN, y eso se traslada a las voluntades de los principales jerarcas de estas dependencias. A su vez, se están realizando tareas de excavación en el [Batallón de Infantería Nº] 13, se colabora con el Poder Judicial en La Montañesa. Estamos haciendo todo lo humanamente posible.

¿Existen testimonios sobre enterramientos que se hayan desestimado por entender que no tenían fundamento?

-Todos los testimonios se reciben, y se intenta compatibilizarlos con otros testimonios. Es una tarea dificultosa. Hay un balance de costo-beneficio. Por ejemplo, nos pasó con los galpones del Servicio de Material y Armamento del Ejército. Hay uno o dos testimonios que indican que en esa área había un operativo ilegal. Ahora, nosotros trajimos a la gente del equipo de antropología forense de Argentina, que es a nivel mundial y regional lo más selecto en esta materia, y el informe que nos dan por georradar es que no da la impresión de que se justifique continuar una intervención allí. Entonces, lo razonable no es hacerla. No se puede estar generando expectativas de cosas que no... Nosotros sí queremos realizar excavaciones. Los primeros que queremos encontrar más restos de detenidos desaparecidos somos nosotros, pero no se puede hacer eso como una cuestión fundamentalista. Desde esa perspectiva, tratamos de orientar los recursos y las prioridades en el mejor sentido, bajo el asesoramiento de los equipos que han estado funcionando y con asesoramiento internacional.

Otro de los componentes del plan del grupo era trabajar en un plan de reparación y un plan de memoria.

-Nosotros creemos que en materia de memoria hay mucha iniciativa ya desarrollada; por lo tanto, esa no fue una prioridad del grupo, más allá de acompañar en la medida de lo posible distintas iniciativas que iban en ese sentido. En materia reparatoria, el grupo de trabajo tiene un cometido establecido por decreto de presentar sugerencias. Estamos terminando un informe, basado fuertemente en las recomendaciones hechas por la INDDHH [Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Publo] y el relator especial de Naciones Unidas sobre el tema. La línea es coincidente; el problema es cómo desenganchamos adecuadamente lo que ha sido una ley reparatoria que estaba incluida en una norma de previsión social. El grupo tiene una posición muy firme de que lo reparatorio tiene una naturaleza particular y autónoma de las leyes de seguridad social, y deberían tener sistemas distintos.

Uno de los reclamos es que la reparación es un derecho que les corresponde a las víctimas, independientemente de su situación en materia de ingresos.

-Creo que se ha hecho un gran esfuerzo por parte de la sociedad en términos reparatorios simbólicos y monetarios. Esto no excusa el abordaje, que efectivamente es cierto: quien fue objeto de un daño de manera ilegítima, tiene derecho a una reparación. Yo comparto -y todo el grupo de trabajo comparte- que la reparación no debería estar condicionada a si tengo un buen trabajo o una buena jubilación.

¿Ese criterio puede llegar a cambiarse, entonces?

-Nosotros esperamos que sí, que se acepten las recomendaciones nacionales e internacionales y que se pueda cambiar. Hay que convencer para, efectivamente, llegar a una solución en este sentido.

¿Hasta qué punto ha permeado el concepto del “nunca más”, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas?

-La peculiaridad de nuestro proceso histórico es que el régimen militar se instaló y tuvo legitimidad en un país que pudo categorizar a su ciudadanía en letras A, B y C, que mantuvo las formas y que estableció un férreo control basado en la tortura y en la persecución de los opositores. Eso es lo que tenemos que asumir como parte de nuestro proceso histórico. Acá no hubo una fuerza que nos invadió; acá hubo un proceso político muy complejo, en el que la tortura se justificó, se justificó la ejecución extrajudicial, se justificaron todos los medios, con tal de generar la paz social, y eso tuvo un cambio cualitativo cuando se consideró que ya el Parlamento estorbaba, y se instaló el terrorismo de Estado. En la recuperación democrática, la Concertación Nacional Programática estableció que quienes tenían denuncias por derechos humanos iban a ir al Poder Judicial, sin detenerse en que el Poder Judicial estaba tan viciado como otras instituciones por el accionar del terrorismo de Estado. Eso tuvo como expresión la ley de caducidad, que marcó todo el discurso. Hoy nadie reivindica la aplicación de la ley de impunidad, y ahí hay un gran logro. Hoy hay otros debates.

Un retirado militar dijo recientemente en la radio El Espectador que durante la dictadura hubo delincuentes comunes, no presos políticos. ¿Por qué subsisten estos discursos en las Fuerzas Armadas? ¿El Frente Amplio (FA) podría haber hecho más en este sentido?

-Con la llegada del gobierno del FA, la sociedad uruguaya cambió un poco, pero no cambió del todo. Cuando hoy uno escucha discursos sobre cómo abordar la seguridad ciudadana, ve reflejos que realmente sorprenden y preocupan, porque hay un costado autoritario que trasciende transversalmente a toda la sociedad uruguaya, más allá de a quién vota. La tarea del GVJ no es indicarle al Ejecutivo cuál debe ser su política hacia las Fuerzas Armadas; su tarea es cumplir lo que se le pidió y exigirle al propio Poder Ejecutivo que aporte todos los elementos para que esa tarea se pueda llevar adelante. Y lo ha hecho. Tal vez lo que haya que hacer es saber preguntar con más detalle, preguntar mejor, a los efectos de clarificar. Pero bueno, estamos en el Fusna, todo lo que hemos pedido a las Fuerzas Armadas por intermedio del MDN se nos ha entregado. Eso no soslaya que hay un debate ciudadano acerca de qué rol deben tener las Fuerzas Armadas y qué discurso deben llevar adelante en materia de derechos humanos.

¿El GVJ tiene información que dé cuenta de la existencia de espionaje militar en democracia?

-Si efectivamente hubo espionaje de los servicios de inteligencia del MDN durante los gobiernos democráticos, sin duda es muy preocupante, y es legítimo que el Poder Legislativo pueda preguntarse si eso pasó y en qué condiciones. Si hubiese aquí algún elemento que vaya en esa dirección, no tendríamos ningún problema en aportarlo. Y si identificamos que podría ser indicio de algún delito, lo denunciaremos ante el Poder Judicial. Pero nosotros no tenemos el archivo [Castiglioni].