Los relatos de los implicados son variados y en algunos casos hasta contradictorios. Por ahora, lo cierto es que de las 13 personas con discapacidad que el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) trasladó desde Aldea de la Bondad de Salto a Montevideo en el Hércules -el avión de las Fuerzas Armadas- el 1º de diciembre, murieron tres y hoy hay dos internados en estado delicado, y que de las otras tres personas con discapacidad trasladadas en ambulancia, una está internada desde ayer en estado delicado.

También se sabe que el INAU y Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) demandaron penalmente a funcionarios de la fundación Imcos -que gestiona Aldea- por abuso sexual a tres mujeres que fueron atendidas este fin de semana en el Pereira Rossell, porque presentaban secreciones mamarias; y que en octubre el INAU despidió y denunció por violación a un trabajador. A esto se le suman otras dos denuncias del INAU: un pedido de medida cautelar -por las 48 personas que aún están en Aldea y son atendidas por los tres funcionarios acusados- y una petición de habilitación de la feria judicial para terminar los traslados en enero.

Estas dos denuncias son la causante de un gran teléfono descompuesto que llevó a que ayer la Comisión de Derechos Humanos de Diputados detuviera la comparecencia de las autoridades de salud implicadas en el tema para llamar a la presidenta del INAU, Marisa Lindner, y consultarla por el traslado de los restantes pacientes de Aldea, que supuestamente se estaba llevando a cabo en ese momento. Los trabajadores de Aldea fueron quienes dieron el aviso a las legisladoras, y quienes, junto al PIT-CNT, se manifestaron en el centro de Salto para impedir el traslado que pensaron que estaba programado para el día y tenía como destino la internación en el Vilardebó y la Colonia Etchepare.

Campanas montevideanas

El director general del Ministerio de Salud (MS), Jorge Quian, dijo en conferencia de prensa, tras la comparecencia en el Parlamento, que “no se puede afirmar ni se puede descartar” que el traslado “haya tenido algo que ver” con las muertes. Sin embargo, reconoció que “cuando uno traslada a una persona sana de un lugar a otro y lo desarraiga, puede haber consecuencias; la alejan de su núcleo familiar, de sus amistades... cuando uno traslada a una persona gravemente enferma, esto se puede incrementar”. Tanto Quian como la presidenta de ASSE, Susana Muñiz, que también compareció ante la comisión, aseguraron que el traslado se realizó cumpliendo con todas las garantías, y que cuando los pacientes llegaron a Montevideo estaban en “perfecto estado”. A su vez, ambos dejaron en claro que ellos cumplieron órdenes y no hay “responsabilidades médicas” en las muertes; la decisión de trasladarlos fue del INAU. “Tenían enfermedades neurológicas severísimas, condiciones de funcionalidad respiratoria más complejas aun, y está siempre dentro de lo probable que estas personas puedan tener una evolución desfavorable”, agregó Quian. A su vez, ambos aclararon que no había foco infeccioso en Aldea, hipótesis que la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, había dado como cierta, generando varios malentendidos. Otro fue el tema de los maltratos: Arismendi aseguró que en Aldea los pacientes eran “maltratados”, cuestión que desmintieron funcionarios, representantes de la fundación, y familiares.

la diaria se comunicó con la presidenta del INAU, Marisa Lindner, quien delegó la consulta a la secretaria letrada del directorio del INAU, Andrea Venosa. Esta aseguró que el Programa Nacional de Discapacidad realizó un informe en el que “marca un montón de cuestiones en la atención que estarían vulnerando los derechos de la población”; a eso se le suma la última auditoría realizada por el INAU, y un informe de 2014 del MS que “relevó problemas sanitarios y de atención”. “Quizá no sea maltrato físico, pero es maltrato”, sostuvo.

Campanas salteñas

La comisión también recibió a una delegación de Aldea y de la organización de familiares de las personas con discapacidad internadas en Aldea; el miembro informante fue el abogado de la fundación, Daniel Reyes, quien anunció que los familiares de los fallecidos emprenderán acciones penales para determinar responsables, y que la familia de una de las mujeres fallecidas denunciará penalmente, además, al director del INAU en Salto, Rodrigo Brol, porque “ella se comunicó directamente con él para que no la trasladaran en el vuelo, sino que la llevaran a su casa en Cerro Largo en vez de a Montevideo, el director se negó, y [la mujer] murió”. Por otro lado, Venosa señaló que “el director departamental no tiene las potestades para decidir por el directorio del INAU”, y, por ende, no podía decidir sobre el traslado.

El saldo legislativo

Berta Sansaverino es diputada por el Frente Amplio y preside la mencionada comisión; Cecilia Eguiluz es colorada, salteña, y miembro de la comisión; tras la reunión de ayer, ambas pasaron en limpio algunas cosas. “Estamos tranquilos en cuanto a que el traslado se hizo con los avales correspondientes y las condiciones necesarias”, aseguró Sanseverino. Lo que no le queda claro es si se determinó o no el “nivel de fragilidad” de las personas trasladadas y su posible desenlace: “Si hubieras pensado que el traslado podía devenir en fallecimiento no los trasladabas, ¿no?”, pero esa es una pregunta que no se respondió ayer ni el miércoles, cuando la comisión recibió a Lindner. Para Eguiluz quedó claro que el “MS no constató brotes infecciosos ni malos tratos, que ASSE coordinó los traslados pero no los decidió, y que las Fuerzas Armadas pusieron el avión: se sacaron de encima la responsabilidad política del desarraigo, que, evidentemente, le corresponde al INAU y al Ministerio de Desarrollo Social”.