En julio de 2011 se concretó un “esfuerzo de años”: se aprobó una norma que permitió que ayer el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Eneida de León, recorrieran la obra de la megacárcel construida por una empresa que, una vez que se llenen las celdas, también administrará parte de los servicios. Esta cárcel, la Unidad Nº 1 de Punta de Rieles, representa el primer “fruto” de la Ley de Participación Público-Privada. También representará el modelo ideal de “rehabilitación”, que esta vez sí será posible porque la gerencia pública y privada de los servicios y mantenimiento garantizará el adecuado “tratamiento” del recluso.
Es una cárcel que no está pensada para que la persona privada de libertad esté en la celda, dijo a la diaria el director general de Secretaría del Ministerio del Interior, Charles Carrera, y explicó que con este nuevo modelo de administración se buscará “romper la lógica que la persona tiene al momento de ingresar [a la cárcel]; la de no trabajo, no estudio, ni respeto a horarios. Va a haber una rutina de vida, una serie de actividades que se desarrollarán fuera de la celda”. Carrera agregó que también prevén “convocar” a empresas para que los que allí están presos puedan ser “mano de obra” en sus emprendimientos productivos, que podrán instalar en la cárcel.
Se espera que la cárcel esté pronta a mediados del año que viene, y que en diciembre haya 1.960 hombres; la mayoría de ellos provendrán del Penal de Libertad, que se cerrará. Los hombres serán distribuidos en celdas para cinco, tres y una persona. En total hay 25 edificios -5.000 metros cuadrados techados en 20 hectáreas-, 18 destinados a la reclusión; el resto se destinará al Centro de Ingreso, Diagnóstico y Derivación -que dejará de funcionar en el edificio de la ex Cárcel Central-, a la enfermería, a aulas educativas, de trabajo, de servicios, etcétera. Los calabozos de la nueva cárcel, previstos para la reclusión de tres personas -y que fue donde se hizo la recorrida- están amoblados con tres placas de acero que funcionan como parrilla de cama (dos de ellas en cucheta), una mesa y bancos adjuntos y seis estanterías, todo de metal. También hay un caño de calefacción, un lavabo y una taza de acero inoxidable, sin puerta ni división alguna, frente a la mesa. Las puertas son de metal, blancas, con cerradura eléctrica, que el propio recluso deberá cerrar una vez dentro. Bonomi no recuerda exactamente cuánto costó, pero calcula que ronda los 80 millones de dólares, y afirma que el Estado deberá pagarlos en 27 años.
La ministra De León reconoció que a pesar de que las cárceles que “funcionan bien” en Uruguay son chicas -recluyen a unas 500 personas o menos-, “el sistema de ir armando pequeñas chacras, pequeños lugares, que es más fácil de administrar y controlar, no resuelve el problema del hacinamiento. El número de detenidos en los últimos 20 años ha ido en aumento en una proporción tremenda”, aseguró. En octubre, Bonomi admitió que hay un hacinamiento de 109%, pero que a nivel internacional es “tolerable” el promedio menor a 122%.