Murió ayer el dictador Gregorio Álvarez, más conocido por el apodo de Goyo. Tenía 91 años y cumplía una condena de 25 años de prisión, dictada en octubre de 2009, por el delito de homicidio especialmente agravado de 37 personas y un delito de lesa humanidad. Había sido procesado en diciembre de 2007, acusado de reiterados delitos de desaparición forzada y traslados clandestinos de detenidos. La Fiscalía de Roma, en el marco del juicio que se realiza en Italia por la desaparición y muerte de ciudadanos italouruguayos a partir de la ejecución del Plan Cóndor, había pedido una condena de cadena perpetua para él y otros militares.

General del arma de Caballería y presidente de facto entre 1981 y 1985 (para evitar que le entregara el mando al presidente electo Julio María Sanguinetti el 1º de marzo, Álvarez le dejó el cargo el 12 de febrero al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Rafael Addiego Bruno), estuvo preso en la cárcel de Domingo Arena hasta que, a mediados del año pasado, sufrió un accidente cerebro-vascular que le dejó un brazo inmovilizado y fue internado en el Hospital Militar. Luego pidió prisión domiciliaria, y hace dos semanas sufrió un infarto y debió volver a ser internado, circunstancia que llevó a que algunos medios informaran que había muerto.

Antes de asumir como presidente de facto, fue jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, secretario permanente del Consejo de Seguridad Nacional y comandante en jefe del Ejército, hasta su pase a retiro en 1979.

Álvarez fue sepultado en el cementerio privado Parque Martinelli, acompañado por su familia y por militares retirados y en actividad.

Según consignaron varios medios, en el entierro de Álvarez se vieron autos con matrícula oficial. El presidente Tabaré Vázquez fue consultado sobre este tema en la inauguración de los Rondamomo 2017 y dijo que el gobierno no rindió ningún tipo de honra fúnebre al ex militar y que “no correspondía” la presencia de un automóvil con chapa oficial que fue identificado. “Se detectó un auto del Poder Ejecutivo y por el número de matrícula pertenece al jefe de la Casa Militar [general Alfredo Erramún], que concurrió a título personal; ni pidió permiso ni fue enviado por el Ejecutivo ni por Presidencia. Nosotros se lo preguntaremos al general Erramún”.